El Ayuntamiento de Barcelona abrió 130 expedientes en 2004 por 'mobbing' inmobiliario

El Ayuntamiento de Barcelona gestionó durante el año pasado 130 casos de ciudadanos que denuncian ser coaccionados para que abandonen sus domicilios. Los perjudicados son, en su mayoría, personas ancianas con alquileres muy bajos y que residen en Ciutat Vella o en los distritos del Eixample, Sants-Montjuïc y Sant Martí, según un informe de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC). Las inmobiliarias acosadoras coaccionan a los inquilinos impidiendo que paguen su alquiler, intimidándoles o cortando los suministros de agua y luz.

Manel González paga 100 euros por su piso en el inmueble número 29 de la calle de Robadors. "La renta es baja, pero se va actualizando", explicó. Una sentencia del Tribunal de Primera Instancia falló a su favor hace unas semanas, pero ahora se enfrenta a un recurso interpuesto por la administradora de la finca. "En sólo 24 meses se vendió cuatro veces el inmueble, y ello sin que nosotros lo supiéramos. La última era una empresa local a nombre de Josefa Flores. Yo soy joven, pero mis vecinos tienen más de 60 años, y muchos van a ser desahuciados", aseguró. Las coacciones, sostuvo, consistieron en cortarles periódicamente el suministro de agua y luz, llevar ratones a la finca y tapar las salidas del humo.

La OMIC recibió durante el año pasado 415 denuncias por acoso inmobiliario, a partir de las cuales se pudieron confirmar 130 casos. El concejal de Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Portabella, explicó ayer que no es posible determinar si el acoso inmobiliario se incrementó en 2004. "Son procesos largos, sobre los que no tenemos aún suficiente perspectiva. Tampoco hay un perfil único, es decir, no siempre es gente mayor la que sufre el acoso, sino que suelen ser personas con alquileres bajos", aseguró. De los casos abiertos en 2004, 36 aún están en trámite. Del resto, en 26 casos fue necesario recurrir a los tribunales, puesto que no hubo respuesta de la persona que presuntamente cometió el acoso.

Los motivos que llevaron a 130 ciudadanos a denunciar su situación indican las estrategias que suelen seguir las empresas acosadoras, que suelen ser inmobiliarias que compran una finca entera y luego la rehabilitan para incrementar los alquileres o vender los pisos. Las quejas, desgranó Portabella, llegaron por la falta de mantenimiento de la finca, por la imposibilidad del arrendatario de pagar el alquiler y por problemas con los suministros y de higiene.

A todo ello se suma el acoso en sentido estricto, rayano en la coacción, que va desde las amenazas hasta intentos disuasorios algo más sutiles, como instalar temporalmente a vecinos molestos para que los demás abandonen sus viviendas. Es lo que pasó en el número 28 de la calle de la Lluna. Jesús Buján, vecino de la finca, explicó que en verano alquiló un piso un grupo de jóvenes que hacían insoportable la convivencia vecinal. "Nos han roto un cristal y hemos tenido un problema con las cloacas. Y lo pagamos nosotros porque no hay nadie que responda", aseguró.

Doce fincas en el Raval

Jesús Buján ha recibido varias citaciones por desahucio. "Como el resto de los vecinos", dijo. Son 51 los vecinos de 12 fincas del Raval que desde hace unos meses no saben a quién tienen que pagar sus alquileres. Antes se dirigían a Miquel Boluda Vila, titular de las empresas Quoty List, Ulist y London Homes, SL. Administraba las 12 fincas, habitadas por ancianos que pagan rentas bajas. En el inmueble número 12 de la calle de Lancaster, por ejemplo, los alquileres rondan los 50 euros al mes, en el número 33 de Robadors los hay de 30 euros y en un edificio de la calle de Besalú llegan a ser de 10 euros mensuales.

La trama empresarial se complicó al irrumpir Sofic Investments. Miquel BoludaVila asegura que esta empresa, en la que participa su hermano Salvador y que tiene la sede en Samoa Occidental, falseó las inscripciones registrales. "Es una empresa pirata que se inscribe en Samoa y que, a través de un increíble fraude y sin exhibir documento alguno, se hace con la propiedad de los 12 inmuebles, en los que queda como administradora única", explica.

Los vecinos de los 12 edificios han recibido varias citaciones por desahucio tras ser demandados por Sofic Investments por impago de alquileres. El Tribunal número 58 de Primera Instancia de Barcelona falló el 11 de enero a favor de María Jesús Gracia, una mujer de 85 años que vive en la calle de la Lluna. La demanda de la empresa fue rechazada después de observar "la voluntad patente y manifiesta (...) de satisfacer de forma puntual y precisa el importe de la renta", y "la conducta obstruccionista" del administrador, señala la sentencia.

Puesto que no saben a quién pagar, los vecinos de estas fincas de momento ingresan cada mes su alquiler en una cuenta bancaria judicial. Pero ello no les exime de recibir más citaciones y amenazas de desahucios por impagos.