El ex director de Transportes decidió a quién debían contratar las oficinas de atención vecinal

Enric Ticó, último director general de Puertos y Transportes en la etapa de Jordi Pujol, sugirió a la empresa Estudi 66 el nombre de las personas a las que contratar en las oficinas de atención a los vecinos relacionadas con las obras del Gobierno catalán. Al menos en siete de nueve casos, Ticó dio el nombre de la persona que consideraba idónea y ésta fue contratada. Dos de ellas eran militantes del mismo partido que Ticó, Convergència Democràtica de Catalunya. Las oficinas de atención a los vecinos son pagadas por las empresas constructoras.

Las obras provocan malestar entre los vecinos, de ahí que las constructoras hayan decidido, de acuerdo con el Gobierno catalán, abrir una serie de oficinas para atenderlos allí donde se realizan trabajos de envergadura. Son los denominados PAC (puntos de atención vecinal). Una empresa especializada en estos servicios es Estudi 66, que en ocasiones seleccionaba su propio personal, pero no siempre, ya que a veces éste le era sugerido directamente por un cargo político del Departamento de Política Territorial: el director general de Puertos y Transportes, Enric Ticó.

De nueve personas contratadas, al menos siete lo fueron después de que Ticó, como director general, sugiriera sus nombres, según un informe de la propia empresa al que ha tenido acceso este diario. De las dos personas contratadas militantes de Convergència, una fue nombrada delegada en el Carmel y además es consejera en el distrito por CiU.

Ticó declinó ayer comentar estos hechos, pero no los negó, y remitió a su comparecencia, prevista para hoy, en la comisión parlamentaria que investiga los hechos del Carmel y las adjudicaciones de obras públicas en los últimos gobiernos de CiU.

El administrador de Estudi 66, Xavier Batalla, reconoció que Ticó había sugerido en diversas ocasiones los nombres de las personas a las que había que contratar, y en concreto en el caso del Carmel. "Era una persona que conocía la realidad del barrio y por eso fue contratada". Batalla aseguró que en todos los casos se comprobó la idoneidad de estas personas tras recibir la sugerencia de Ticó.

Incompatibilidad

El Gobierno catalán excluyó en diciembre a una empresa de un concurso para construir y explotar una dársena en el puerto de Vilanova i la Geltrú (Garraf) porque uno de los consejeros de la firma estaba afectado por la Ley de Incompatibilidades. Era Enric Ticó.

El director general de Puertos y Transportes en el último Gobierno de CiU figura en el registro como secretario de la firma Marina Port de Vilanova i la Geltrú. Su nombramiento se produjo el 8 de octubre y fue revocado el 2 de noviembre del año pasado. Antes, el 3 de septiembre, fue designado consejero, cargo que no aparece revocado en el registro.

La actual Ley de Incompatibilidades establece que los empleados de la Generalitat no pueden formar parte de empresas que concursen cuando el departamento al que pertenecen es el que tiene que decidir al respecto. Es el caso de Ticó, que trabaja como funcionario en el Departamento de Política Territorial, de quien depende el organismo Puertos de la Generalitat.

Ante la incompatibilidad manifiesta, Puertos de la Generalitat concedió la obra a una unión temporal de empresas formada por Copisa, Hormipresa y Varado 2000. Ticó declinó ayer comentar este hecho.

Ticó compagina su trabajo como funcionario en el Departamento de Política Territorial, con sede en Barcelona, con el cargo de delegado en La Jonquera (Alt Empordà) de la empresa transitaria Eceiza, lo que le permite optar a presidir la Federación Española de Transitarios, según el diario Marítimas.