Regularización irregular

Este fin de semana se han producido en Barcelona nuevos encierros de colectivos de inmigrantes para denunciar que el proceso de regularización, iniciado el 7 de febrero, puede dejar sin papeles a una parte importante del casi millón y medio de extranjeros que se encuentran en España en situación irregular. Y pese a que en el pasado se haya podido criticar a alguno de los sectores impulsores de la protesta de alargar los encierros, poniendo en peligro de expulsión a sus participantes, lamentablemente en este momento los temores sobre las insuficiencias del proceso están más que justificados.

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se encontró con más de un millón de extranjeros en situación irregular. Y culpó de ello tanto a la política de extranjería del PP, como al efecto llamada la economía sumergida, aunque parece que Zapatero olvidaba que la reforma de la Ley de Extranjería impulsada por el PP, realizada mediante las leyes orgánicas 11 y 14/2003, fueron aprobadas con el voto del PSOE. Y así, el nuevo Gobierno decidió que, sin modificar la ley, aprobaría un reglamento que pretendería legalizar a los irregulares que denunciaran a sus empresarios y, previamente, se abriría un proceso de regularización para aquellos que estuvieran empadronados desde antes del 7 de agosto de 2004 y tuvieran una oferta de empleo del empresario.

Pese a que evidentemente con este proceso serán cientos de miles los inmigrantes que se regularizarán, una parte importante, como han denunciado los impulsores de los encierros, será excluida. Muchos, por carecer del padrón municipal. Éste es el caso de aquellos que vinieron inicialmente como estudiantes y no se empadronaron dado que ya poseían el seguro médico que se obliga a tener a los estudiantes extranjeros, o porque dormían en barracas que les facilitaban o que les permitían construir los propietarios agrícolas para los que trabajaban y cuyo empadronamiento fue rechazado por los ayuntamientos al no considerar tales construcciones como viviendas. Otros muchos se van a quedar fuera del proceso por la dificultad de reunir documentos como los certificados de penales de su país en sólo tres meses, sobre todo los originarios de países que no poseen una red consular para tramitar con diligencia las miles y miles de solicitudes.

Y otros muchos tampoco serán regularizados por la negativa de los diferentes empresarios para los que han trabajado temporalmente desde que llegaron a España a firmar el documento por el que se comprometen a contratarlos en el futuro.

Así las cosas, muchos extranjeros están siendo despedidos o sujetos a una rotación constante de empresas distintas para que no puedan denunciar a ninguna, dado que no podrán demostrar una continuidad con ninguna de ellas.

Y otros muchos están siendo chantajeados a abonar un dinero por el precontrato de trabajo, imprescindible para la regularización.

El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, con evidentes dosis de ingenuidad, piensa que terminado el proceso de la regularización -del que, como se hizo en los seis anteriores,también se ha dicho que será el último-, los extranjeros sin papeles podrán denunciar a sus empleadores consiguiendo que aflore la economía sumergida.

Pero en un momento en que en muchos sectores productivos, incluidas las obras públicas y servicios hechos desde la Administración, se recurre a la famosa subcontratación en cadena, la eventualidad de la mayor parte del personal es una condición imprescindible para que salgan las cuentas.

Y éste es un terreno que, para ser competitivo, necesita tantas veces mano de obra irregular que ahora deberá, tan sólo, acortar a unas semanas el tiempo de continuidad para evitar que se denuncie.

Y así, quienes no obtengan papeles en el proceso ahora iniciado continuarán en la economía sumergida, pero en una situación más precaria que la actual.

Xavier Rius-Sant es periodista.