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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

La ley de Blair

Tony Blair ha sacado adelante, no sin esfuerzo ni concesiones, la controvertida Ley de Prevención del Terrorismo, que reemplaza a la más que discutible legislación aprobada en 2001, a raíz de los atentados del 11-S. Esta norma fue anulada en diciembre por la Cámara de los Lores por considerar que atentaba contra las libertades civiles. Resulta paradójico que la nueva ley salga suavizada no gracias a las presiones de la izquierda parlamentaria, sino por la actitud de la oposición conservadora y liberal-demócrata. El jefe del Gobierno laborista ha tenido que aceptar una revisión de la misma el próximo otoño y, además, que sean los jueces quienes tengan la última palabra en lo que concierne al arresto domiciliario de sospechosos de terrorismo, que no podrá apoyarse exclusivamente en una orden ministerial.

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La aprobación in extremis de la normativa ha permitido cubrir un vacío jurídico que hubiese permitido la excarcelación incondicional de Omar Mahmud Othman, Abu Qutada, un clérigo islámico al que reclama la justicia española como cabecilla de Al Qaeda y presunto inspirador de los atentados del 11-M. Él y otros radicales musulmanes, detenidos en cárceles británicas sin cargos desde hace tres años, han salido de prisión, pero bajo un severísimo control: pulsera electrónica y restricción de movimientos y contactos.

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Todo este fragor político se ve influido por las elecciones del próximo mayo. Los conservadores acusan a Blair de haber pretendido reventar la nueva ley para proclamar así que los laboristas son mucho más firmes que sus rivales en la lucha antiterrorista. Y el primer ministro, a su vez, recrimina a los tories servirse de su mayoría en la Cámara de los Lores.

El Reino Unido es una de las naciones que se toman como modelo en materia de protección de los derechos civiles. Por eso resulta doblemente inquietante que el combate del terrorismo le haya llevado a dictar leyes de excepción en las que el ministro del Interior podía dictar detenciones indefinidas sin presentar cargos ante el juez. La Cámara de los Lores ha demostrado su utilidad al poner coto a esta excepción.

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