La Generalitat pide permiso al juez para apuntalar dos bloques del Carmel

La Generalitat pidió ayer al juzgado de incidencias una orden judicial para entrar a apuntalar los dos edificios contiguos a los tres bloques pendientes de derribo en el barrio del Carmel. Las 11 familias que viven en estos inmuebles y sus letrados se negaron en reiteradas ocasiones a que se reforzaran sus casas a pesar del riesgo que corren. Pero ayer la comisión técnica que estudia el estado de las recimentaciones concluyó que deben ser apuntalados "por razones de seguridad" de forma "imprescindible y urgente" a causa de la presión que ejerce la lluvia sobre los edificios y escombros.

Los escombros de los hundimientos del 27 de enero y el 3 de febrero y el derribo de la finca número 10 de la calle de Calafell hacían presión ya en los últimos días a los tres edificios contiguos -los números 8 y 6 de Calafell y el 6 de Conca de Tremp-, que deben ser derribados. "La situación obliga a actuar lo más pronto posible, y no hacerlo sería una irresponsabilidad", justificó ayer una portavoz de Política Territorial. Una de las abogadas de las familias afectadas, Mari Carmen Pérez-Pozo, aseguró que no estaban bloqueando nada. Sin embargo, el Gobierno catalán aseguró que los letrados conocían la situación y que, a pesar de ello, siguieron negándose a autorizar los trabajos.