El Congreso pide al Ayuntamiento de Estepona que cumpla las recomendaciones del Tribunal de Cuentas
El Congreso de los Diputados ha instado en una resolución al Ayuntamiento de Estepona (Málaga) a cumplir de forma "inmediata" las recomendaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas en 2003 que sugerían, entre otros puntos, la adopción de medidas para responder a los perjuicios ocasionados por las sociedades municipales.
Según informó hoy IU en un comunicado, el consistorio "ha hecho caso omiso de la resolución", que fue dictaminada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el mencionado Tribunal el pasado 22 de febrero, por lo que exigirá "al Ministerio de Administraciones Públicas que actúe y exija su cumplimiento".
Las citadas recomendaciones recordaban al equipo de gobierno local que debe someter su actividad económica a los controles que garanticen la legalidad y eficiencia en el manejo de los recursos, así como dotarla de mayor "transparencia a través del Pleno".
Asimismo, también subrayaban que la integración de sociedades en la organización municipal "sólo debe producirse cuando tengan como objetivo la realización de servicios públicos o el ejercicio de actividades económicas", en cuyo caso requieren una acreditación "que no se ha verificado en ninguna de las sociedades municipales subsistentes".
En este sentido, el Tribunal de Cuentas proponía la implantación de un sistema "que permita la práctica del preceptivo control financiero" sobre las actividades de estas entidades e insistía en que sus procesos de contratación "se deben ajustar a los principios de publicidad y concurrencia".
Por otro lado, el informe reseñaba que el Ayuntamiento "debe realizar una utilización adecuada de los recursos obtenidos como resultado de la gestión urbanística que deberán repercutir en el patrimonio municipal del suelo, evitando su utilización para fines distintos".
En referencia al saneamiento de la hacienda municipal, el Tribunal pedía al consistorio que llevase a cabo las actuaciones pertinentes para reequilibrar en el menor plazo posible la situación financiera y "enfocar la gestión en términos de estabilidad presupuestaria".
El Tribunal de Cuentas detectó en su informe de 2003 la existencia de 24 millones de euros sin justificar del periodo en el que la ciudad fue gobernada por jesús Gil Marín. El consistorio presentó alegaciones y está a la espera del informe definitivo para decidir si exige responsabilidades o no al equipo de gobierno entre 1995 y 1999. Algunos de los concejales gilistas de entonces, como el primer teniente de alcalde, José Ignacio Crespo, son ahora socios del PSOE en el equipo de gobierno. El alcalde, el socialista Antonio Barrientos, siempre ha sostenido que exigirá responsabilidades a sus socios y del informe definitivo del tribunal se confirma que causaron perjuicio a las arcas municipales, "de manera total y caiga quien caiga".
