La Junta envía al fiscal el permiso municipal para que se ocupen casas ilegales en Marbella

La Consejería de Obras Públicas remitió ayer a la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Málaga el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Marbella el 6 de mayo de 2004 por el que concedió licencia de primera ocupación para 112 viviendas de la urbanización Banana Beach. Apenas 26 días antes de aquel acuerdo, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dictó una sentencia en la que declaró nula la licencia de obras para esta promoción porque se alza sobre suelo calificado de no urbanizable y reservado para equipamiento en el planeamiento vigente.

La Consejería cree que al conceder la licencia de ocupación de estas viviendas, el equipo de gobierno que preside Marisol Yagüe pudo incurrir en un presunto delito de prevaricación.

En el escrito que el jueves remitió el delegado provincial de la Consejería de Obras Públicas en Málaga, José María Ruiz Povedano, al Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de Málaga, Manuel Villén, le recuerda la existencia de dicha sentencia y también de un procedimiento penal instruido en el juzgado número 5 de Málaga contra el ex alcalde Julián Muñoz y otros seis ediles que formaban parte de la comisión de gobierno municipal que en septiembre de 1998 concedió la licencia de obras. La vista oral de esta causa se celebró hace una semana y la Fiscalía solicitó penas de 18 meses de prisión para los acusados por un delito urbanístico por permitir la construcción de la urbanización, con un total de 238 viviendas, sobre un suelo que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) tiene catalogado como sistema general de áreas libres.

En este procedimiento penal actuó como acusación particular la primera teniente de alcalde de Marbella, Isabel García Marcos, que se personó en la causa -la instrucción se inició en 1999- cuando era edil del PSOE. Pese a acusar en juicio penal a los concejales que concedieron la licencia para construir en Banana Beach, para los que su representación jurídica pidió seis meses de prisión, García Marcos fue una de las concejales que votó a favor de la concesión de la licencia de primera ocupación el pasado 6 de mayo.

La concejal explicó ayer a EL PAÍS que la concesión de primera ocupación es "un trámite reglado" y que hay "obligación de concederla cuando se certifica que las obras han finalizado y que las infraestructuras son las correctas y las programadas".

Igual ocurre, según García Marcos, con las licencias para las ejecuciones de los proyectos, que se deben otorgar automáticamente si el proyecto constructivo se ajusta a lo estipulado en la licencia de obras previamente concedida. La primera teniente de alcalde reconoció que este es un tema que se ha debatido a menudo en la corporación y dijo que el equipo de gobierno dispone de informes jurídicos y del secretario municipal que determinan que no puede negarse una licencia de ejecución si se ajusta al proyecto, ni tampoco la de primera ocupación si se han ejecutado las obras correctamente. Por ello, explicó, el actual equipo de gobierno no ha negado ni un solo permiso de ejecución para obras con licencias impugnadas en los tribunales, como le reclama la Junta.

Según García Marcos, el único acto en el que sí cabe tomar decisiones es en la concesión de la licencia de obra, e insiste en que el actual equipo de gobierno no ha concedido ninguna contraria al PGOU de 1986 que es el vigente en la ciudad.

La licencia para 238 viviendas en la urbanización Banana Beach la concedió la comisión de gobierno a la promotora Turismo y recreo Andaluz en septiembre de 1998, un mes después de que el consistorio aprobara en pleno la revisión del PGOU que fue suspendida por la Junta y por el TSJA y que por lo tanto nunca entró en vigor, lo que dejó las licencias sin cobertura normativa.