El grupo popular también se queda fuera del acuerdo de reforma del Reglamento de la Cámara

El PP decidió ayer quedarse también fuera del acuerdo suscrito por PSOE, IU y PA para la reforma del Reglamento del Parlamento que permitirá, entre otros aspectos, que las empresas públicas participadas mayoritariamente por la Junta se sometan a la inspección de la Cámara y que la oposición protagonice el 57% de la sesión de control al Gobierno, frente al 30% actual. Por primera vez en el parlamentarismo español un Ejecutivo con mayoría absoluta accede a modificar las normas de una asamblea para incrementar el margen de la oposición, pero también es inédito que éstas se modifiquen sin unanimidad.

En la relación a cara de perro que mantienen socialistas y populares desde el inicio de la legislatura no hay margen para el consenso. Ya sea como ocurrió con las medidas de impulso democrático o, como ayer, para la reforma del Reglamento de la Cámara.

PSOE, IU y PA sellaron un acuerdo para introducir una veintena de modificaciones que suponen una mejora de las reglas del juego, fundamentalmente para la oposición. Para los socialistas la reforma no era una prioridad y accedieron a petición de la oposición. Sin embargo, los socialistas olvidan que en su programa electoral prometieron mejorar la calidad democrática de las instituciones y fortalecer "el pluralismo político en el Parlamento para garantizar el derecho de las minorías a defender con más instrumentos sus propuestas".

El pacto a tres bandas supone la modificación de 21 artículos del Reglamento para dar mayor autonomía a los grupos pequeños a la hora de presentar iniciativas y un aumento de la capacidad de control sobre el Gobierno. Las preguntas en el pleno pasan de 24 a 28 y se invierte el protagonismo de los actores políticos. El PSOE, que ahora acapara el 70% de esas iniciativas, se queda con el 42,8%. Las 28 preguntas se distribuyen de la siguiente forma: 12 PSOE, 10 PP, tres IU y tres PA.

Otro de los aspectos más significativos es que por primera vez en un parlamento español los responsables de las empresas públicas participadas mayoritariamente por la administración tendrán que comparecer antes las comisiones de la Cámara a petición de cualquier grupo.

El Gobierno también estará obligado a dar información de todas las subvenciones, contratos públicos y de publicidad que suscriba con cualquier entidad o institución y se refuerza el derecho de los diputados a acceder o solicitar información de las dependencias de la Administración. El control de la publicidad institucional queda también amarrado en el Reglamento. Los grupos no han encontrado ninguna fórmula para que las comisiones de investigación dejen de ser reliquias parlamentarias y será la mayoría absoluta la que decida si se crean.

Esto es, en resumen, lo acordado por los tres grupos y que el portavoz del PP, Antonio Sanz, despachó con una valoración de calibre grueso: "Es un episodio más del ejercicio absolutista del tripartito que tenemos en Andalucía". Fue una frase nueva en su vocabulario político, al que añadió la de que el PSOE "tiene una borrachera de mayoría absoluta" y completó con la acusación a IU y PA de dar "aplausos gratuitos" al PSOE a cambio del "acuerdo del impulso de bolsillo".

"No quiero ni indignarme, son infundios políticos", contestó la portavoz de IU, Concha Caballero, quien dijo que la reforma introduce "avances sustanciales de mejora" del Parlamento al "disminuir el papel del partido que sustenta al Gobierno y aumentar el de la oposición". Caballero se lamentó de que no hubiera sido posible el consenso y se mostró convencida de que el acuerdo hubiera sido posible si el PSOE hubiera hecho gala de "mayor flexibilidad".

En similares términos se expresó el andalucista Ildefonso Dell'Olmo, quien tras calificar el pacto "de mínimos", reconoció "avances para consolidar el pluralismo". Este diputado opinó que la actitud "más hostil del PP" al acuerdo provocó "menos generosidad" del PSOE.

Los socialistas Manuel Gracia y Antonia Moro eludieron hacer valoraciones sobre el PP. "Ha planteado cuestiones insólitas que suponían un cambio de relación de la mayoría y los números no lo fijan los reglamentos sino las urnas", dijo el portavoz del PSOE. Moro aseguró que la oposición del PSOE a establecer preguntas de actualidad al presidente, lo que implicaría reducir los plazos actuales de nueve días, se debió a que no fue posible buscar un "punto de encuentro" con el PP.

Esta reducción de plazos fue defendida por la presidenta del Parlamento, Mar Moreno, cuando ocupaba la vicesecretaria general del PSOE. Sanz criticó con dureza a Moreno por "no haber movido ni un solo dedo por el consenso".