Emoción de censura

"Cuando a los políticos se les acaban las ideas, se ponen a hacer o a modificar una Constitución", escribió Ralf Dahrendorf (La Vanguardia, 21-9-03). Exageraba, pero no era una improvisación: lo mismo había opinado a comienzos de los 90 en sus Reflexiones sobre la revolución en Europa (Emecé. Barcelona. 1990) a propósito de lo que estaba ocurriendo en algunos países del Este del continente tras la caída del muro: que a ciertos políticos "no les resulta fácil cargar con las molestias del mundo real" y por eso tienen tendencia a "transformar toda política en política constitucional", con olvido de la "política normal": la que se aplica en el interior de un marco institucional no cuestionado.

La reflexión parece aplicable a algunos políticos españoles más ocupados en modificar el marco estatutario (competencial, sobre todo) que en gobernar con las competencias de que disponen. Cuando Maragall acepta retirar su insinuación sobre el 3% ante la amenaza de Artur Mas de no secundar la reforma estatutaria, está indicando que supedita todo lo demás a esa reforma. En la transición, la aprobación del Estatuto pudo justificar que los partidos aparcasen otros objetivos. ¿Puede aplicarse el mismo criterio a su reforma? Todavía no ha explicado Maragall por qué era tan importante la del Estatuto de Sau cuando no es evidente que existiera una demanda social previa. Tal vez la clave sea que no se trataba tanto de la reforma en sí como de buscarle a una coalición dada (PSC-ERC-IC) un programa capaz de soldar su alianza.

Maragall ya había gobernado el Ayuntamiento de Barcelona con esos socios. En algún momento debió llegar a la conclusión de que esa combinación era la única capaz de derrotar a Pujol, y que la reforma del Estatut podía ser su bandera: el vínculo capaz de cohesionar a partidos tan distantes en el terreno de las emociones nacionales como el PSOE y la independentista ERC. Sin embargo, no es lo mismo pactar con un partido independentista para gestionar un Ayuntamiento que para gobernar una comunidad autónoma. Y en todo caso, el juicio sobre su conveniencia dependerá de cuál sea su programa. El tripartito ha esbozado algunas políticas sociales, pero su discurso político dominante ha tenido una fuerte tonalidad nacionalista. A veces radical, como en el compromiso de convocar una consulta popular modo Ibarretxe si las Cortes no convalidaran el nuevo Estatut. Poco ayudarán a madurar a ERC iniciativas tan pueriles como la de cambiar las matrículas de los coches en toda España para satisfacer el deseo de dotarlas de distintivo autonómico; o la propuesta de introducir en el nuevo Estatut la obligación de etiquetar en catalán todo producto que se venda en Cataluña; o espectáculos como el de Macao con la selección de hockey.

Por no hablar de la pretensión de crear un "espacio catalán de comunicación" que transmita la "forma catalana de ver el mundo". ¿No tendrá algo que ver esa pretensión, y el blindaje correspondiente, con la incapacidad para detectar a tiempo el desastre de El Carmel? En un estudio realizado por B. Barreiro e I. Sánchez Cuenca sobre los efectos electorales de la corrupción (Historia y Política, nº4. 2000) se concluye que la opinión pública tiende a dar menos importancia a los escándalos en sí que a la reacción de los Gobiernos frente a ellos. La gente admite que hay situaciones que pueden escapar al control de los políticos, pero considera que la respuesta es asunto enteramente suyo.

El problema de Maragall no es, por tanto, que sacase el asunto del 3%, sino que lo retirase en nombre de una incierta bandera. De eso es de lo que tendría que responder frente a la moción de censura que se debate hoy. No lo tiene fácil, pero la censura puede ser también la ocasión para una reconsideración de prioridades. La primera es gobernar, y hacerlo partiendo de que no son las emociones nacionales lo que une a los votantes de izquierda que el tripartito aspira a representar. No se trata de renunciar a la reforma del Estatut, pero sí de dejar de utilizarla como burladero: "No podemos hacer más porque carecemos de competencias". ¿Qué artículo del Estatuto prohíbe al Govern actuar contra la corrupción instalada desde hace tantos años en la Cataluña del juez Estevill? "La renovación política pendiente tiene que ver más con la calle que con el Parlamento, es decir más con la autoridad local efectiva que con el perfeccionamiento legislativo", escribió en EL PAIS el entonces alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall, el 4 de junio de 1995.