Las tres cámaras de la Propiedad recurrirán al Superior su disolución

La Cámara de la Propiedad de Guipúzcoa presentará un recurso ante el Tribunal Superior para defender "a ultranza" la continuidad de la institución, una postura que en principio respaldan las de Vizcaya y Álava. El recurso se sustentará en un dictamen elaborado por el catedrático de Derecho Procesal Manuel Serra, que concluye que la confiscación de su patrimonio por el Gobierno es inconstitucional.

La Cámara de Guipúzcoa lanzó ayer esta amenaza ante el anuncio del Gobierno vasco de aprobar un decreto que determina la disolución de las Cámaras de Propiedad Urbana vascas. Serra, catedrático de la Universidad de Barcelona, quien realizó el dictamen a petición de la entidad de Guipúzcoa, tildó ayer la actuación del Gobierno de "ilegal" y consideró que la supresión del carácter de corporación de derecho público que establece la normativa estatal no supone la disolución de la cámaras, sino la recuperación de su carácter de asociaciones. En todo caso, considera que este decreto no es de aplicación en Euskadi, ya que la competencia es exclusiva.

Serra indica en su informe que las cámaras son asociaciones privadas con un patrimonio generado por sus asociados y, por tanto, "mal puede el Gobierno liquidar unas asociaciones de propietarios". Así, mantiene en su informe que incautar los fondos de las cámaras supone una vulneración de los derechos de propiedad que puede ser recurrida ante el Tribunal Constitucional. Recordó que los trabajadores, en caso de disolución, deberían ser asimilados a funcionarios con la antigüedad en el puesto que actualmente ocupan.

"Actitud de diálogo"

El presidente de la Cámara de Guipúzcoa, José Ignacio Iturzaeta, reclamó al Ejecutivo de Ibarretxe "actitud de diálogo y debate profundo y sosegado" y recalcó que la aprobación de este decreto "no está en sintonía con lo que predica de que hace falta diálogo y consenso".

La Confederación estatal de Cámaras de la Propiedad Urbana apoyó ayer la oposición de las tres entidades vascas al decreto del Gobierno. El presidente de la Confederación estatal, Luis Terradas i Soler, y su director técnico, José Manuel Montané, expresaron este respaldo en una conferencia de prensa en la que indicaron que no ven motivos, ni razones económicas o de tipo jurídico para proceder, vía decreto gubernamental, a la disolución de estas entidades privadas y sin ánimo de lucro.

Señalaron también que la liquidación de las tres cámaras vascas supondría más perjuicios que beneficios, al dejar en la calle sin trabajo a los empleados de las oficinas de Vizcaya (15), Guipúzcoa (7) y Álava (dos) y dejar sin servicio a los 275.000 propietarios vascos que abonan voluntariamente la cuota de suscripción a estas entidades.