El presunto cobrador de comisiones de Adigsa trabajó 12 años en la Generalitat

Josep Maria Penín, el presunto cobrador de comisiones por obras de la empresa pública catalana Adigsa, trabajó 12 años en diversos departamentos del Gobierno catalán. Penín, que tiene un lejano parentesco con el ex consejero de CiU Felip Puig, coincidió con él en dos departamentos: Bienestar Social y Política Territorial durante varios años. La empresa Adigsa dependía inicialmente de Bienestar Social, pero más adelante fue transferida a Obras Públicas, coincidiendo con el nombramiento para este departamento de Felip Puig. Éste ha pedido al fiscal que averigüe si Penín ha cometido un delito de estafa.

Felip Puig reiteró ayer un comunicado hecho la semana pasada respecto a su relación con Penín. "Es hijo, en segundas nupcias, de la viuda de un primo hermano de mi madre. Es obvio que no tengo ninguna relación de parentesco con el citado señor Penín, con quien no he tenido nunca relación alguna económica ni mantengo ninguna relación personal".

Puig añadió que el pasado viernes, tras conocer las declaraciones del empresario Juan Antonio Salguero, en el sentido de que Penín le pidió un 20% del importe de las obras en concepto de comisión, decidió poner el asunto en conocimiento de la fiscalía. En su opinión, Penín puede haber estado usando su nombre de forma abusiva, además de haber cometido un delito de estafa.

Felip Puig, diputado en el Parlamento catalán y portavoz del grupo parlamentario de CiU, ha desempeñado diversos cargos en su partido y en el Gobierno catalán. En 1988 se convirtió en uno de los directores generales más jóvenes. Su puesto: el departamento de Bienestar Social (hoy Bienestar y Familia). Allí permaneció en puesto diversos, el último de ellos el de secretario general (segundo en importancia en el organigrama) hasta 1996, cuando pasó a ser secretario de organización de CDC.

Caminos cruzados

Penín fue contratado por el Departamento de Bienestar Social en 1989, un año después de la llegada de Felip Puig. Su contrato era de funcionario interino como administrativo. Este mismo tipo de contrato, renovado de modo regular, se prolongó hasta 1999, tras años después de que Puig hubiera dejado el departamento. En su última etapa dentro del departamento de Bienestar Social, Penín trabajó directamente en la secretaría general del departamento, con tareas dependientes del servicio de Inspección. Abandonó el puesto tras varios desencuentros con sus superiores.

Entre 1999 y 2000, Penín trabajó en el Departamento de Enseñanza, donde causó baja voluntaria. Poco después reaparece en el año 2003 ya en Adigsa. En ese momento, Adigsa ya no depende de Bienestar Social, sino del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas, y el titular de la cartera en ese año es Felip Puig.

Adigsa es la empresa pública catalana que tiene y mantiene un amplio parque de vivienda social. Sus inversiones entre 1997 y 2003 sumaron unos 200 millones de euros, repartidos de forma bastante homogénea a lo largo de esos años. También adquiere y rehabilita viviendas. Y ahí es donde aparece la figura de Penín.

No pertenecía a la plantilla de Adigsa, trabajaba por cuenta propia y, posteriormente, facturaba a la empresa pública las visitas, valoraciones y tasaciones efectuadas. Para poder realizar su trabajo disponía de un certificado expedido por Adigsa en el que se hacía constar que actuaba en representación de la compañía.

El empresario que ha denunciado el pago de comisiones asegura que Penín le sugirió incrementar las facturas finales en un 20%, que era lo que se abonaba a Penín, independientemente del destino final que este dinero pudiera tener luego. Penín encargaba las obras, según Salguero, sin documentación previa. Al principio, ha explicado el empresario, desconfió de este método, pero más adelante comprobó que cobraba las facturas y dejó de dudar.

Todos los intentos de este diario para contactar con Josep Maria Penín desde hace varios días han resultado infructuosos.

La crisis se produjo cuando realizó la rehabilitación de 24 viviendas en un antiguo edificio industrial en Artesa de Segre (Lleida). Cuando quiso cobrar la obra, ya en 2004, el nuevo equipo de Adigsa le respondió que no tenía constancia de encargo alguno en ese sentido, con un agravante: el edificio no era propiedad del Gobierno catalán, sino de un empresario particular, de modo que resultaba imposible el pago de esas obras.

El pasado verano, Salguero reclamó el abono a través de un notario y recibió una respuesta por el mismo procedimiento, donde el Departamento de Medio Ambiente y Vivienda, de quien ahora depende Adigsa, se reafirmaba en la inexistencia de encargo alguno para la rehabilitación de un edificio que no le pertenecía.