Las grandes obras de infraestructura

Las grandes obras de infraestructura que se realizan en Cataluña están creando graves problemas que, por suerte, no han ido más allá de graves perjuicios económicos, además de malestar e incomodidades para las personas afectadas, pero, de no abordar una solución global, posiblemente ocasionen daños mayores que los económicos en el futuro.

Tres son las principales causas que originan estos problemas y para las que es urgente poner remedio arbitrando medidas en un futuro.

En primer lugar, la legislación en materia de exposición e información pública de los proyectos de obras, que no asegura en ningún caso la información a todas las partes implicadas, de tal modo que, en el momento de realizar el proyecto de una obra, no evita que a veces los afectados no se hayan podido enterar de la actuación.

De esto sabemos mucho en las asociaciones de vecinos, donde es frecuente tener que pelear día tras día con las diferentes administraciones o empresas implicadas para poder conseguir un proyecto, una memoria o un simple plano que consideramos que tenemos todo el derecho a ver y analizar para opinar sobre el asunto. El proceso de exposición y participación pública habría de cambiar de forma radical, y no limitarse solamente a publicar los proyectos en boletines o diarios oficiales, sino a establecer mecanismos que aseguren la información a todas las partes implicadas y la posibilidad real de presentar sus alegaciones, que éstas sean tomadas en consideración por técnicos independientes, así como que la negativa a su aceptación vaya acompañada de una contestación escrita.

En segundo lugar, tenemos los canales de participación de las partes afectadas en los proyectos de obras. Mientras que, por un lado, las asociaciones de vecinos nos preocupamos por aportar ideas que tiendan a mejorar los proyectos, por otra parte, es frecuente que los técnicos y las administraciones no nos faciliten la participación y el debate. Muchos de estos técnicos desconocen el territorio, ven el proyecto de forma sesgada y no como parte de un todo, llámese ciudad o barrio, y además, pueden estar presionados por sus legitimas aspiraciones personales y profesionales, así como por las prisas en la ejecución de la obra, la competitividad, etcétera.

Tanto los técnicos como las administraciones desconfían de todo lo que se entrometa en su proyecto, piensan que unos simples vecinos que no tienen conocimientos técnicos no les pueden enseñar nada, que si hacen caso de las quejas de los vecinos se retrasará su proyecto o se encarecerá.

Varias son las obras realizadas recientemente en Cataluña que han originado grandes movilizaciones ciudadanas, unas para forzar su realización y otras para forzar su modificación: se pueden citar entre las más recientes el túnel de Bracons, la tercera pista del aeropuerto, el trazado del AVE. Pero hay una que merece especial consideración tanto por los perjuicios ocasionados (que no ha originado males mayores sólo por una cuestión de suerte) como porque refleja claramente hasta dónde llegan las lagunas en materia de información y participación.

Sin duda, esta es la del túnel del metro de la línea 5 a su paso por el Carmel, donde ni la Asociación de Vecinos del Carmel ni los propios vecinos sabían que, mientras ellos dormían tranquilamente, alguien estaba horadando debajo de su casa con el grave riesgo de que se hundiera con ellos dentro, como así ha ocurrido, aunque, por suerte, sin pérdidas de vidas que lamentar.

Es posible que la participación ciudadana en el desarrollo de obras y proyectos mediante la creación de comisiones de seguimiento dotadas de cierta capacidad de codecisión, pudiera originar cierto retraso en su ejecución, pero, por el contrario, sería sin duda un buen mecanismo de responsabilidad compartida, que serviría para solucionar mejor los inconvenientes que pudieran presentarse, y, en la mayoría de los casos, es muy posible que los evitase. ¿Alguien puede afirmar que el accidente del Carmel se habría producido si las partes afectadas hubieran dispuesto en su momento de la información del proyecto y de la capacidad de participar en él?

La democracia bien entendida no es solamente el libre ejercicio del voto cada cuatro años, sino el derecho a una información y participación efectiva en todos los ámbitos de la vida ciudadana.

En tercer lugar, tenemos los mecanismos de adjudicación y ejecución de obras y proyectos.

Por una parte, los proyectos se adjudican a las empresas en función de la capacidad de gestión y ejecución que puedan ofrecer, pero se adjudican a la baja o al precio más competitivo, sin tener en demasiada consideración las máximas condiciones de seguridad que dichas empresas están obligadas a ofrecer por ley y por responsabilidad social. No me refiero sólo a las condiciones del ámbito laboral, sino a todo el entramado que una obra de la envergadura de la del Carmel comporta, tanto por el número de catas por realizar, los estudios geológicos, los anclajes, los refuerzos en el túnel, la complejidad del terreno, etcétera, medidas que es evidente que encarecen el proyecto y complican la adjudicación.

Además, se debe tener en cuenta que estas obras las ejecutan multitud de empresas subcontratadas por parte de las firmas originarias, que a su vez subcontratan empresas menores, personal autónomo y no autónomo, inmigrantes, que trabajan generalmente por medio de destajos mal pagados, todo lo cual supone menores medidas de seguridad, ya que indudablemente su aplicación supone una pérdida de tiempo que ni empresas ni trabajadores están dispuestos a asumir.

Creo que las administraciones en general, que son las encargadas de velar por el bien común, y los políticos en particular, no harían mal en cuestionarse si no es tiempo de hacer una reflexión general de todo este problema social. Al menos, no iría mal que pensaran en lo que decía una vecina afectada por el hundimiento del Carmel: "Lo peor de todo es que yo había confiado en los políticos y ya no podré hacerlo en adelante".

Domiciano Sandoval Valbuena es presidente de la Asociación de Vecinos del Clot y Camp de l'Arpa.