Un constructor declara al fiscal que pagó comisiones en 18 obras de la Generalitat

Juan Antonio Salguero, un pequeño constructor catalán, declaró ayer ante la fiscalía de Barcelona que abonó comisiones de hasta el 20% en 18 obras realizadas para Adigsa, la empresa pública de la Generalitat que gestiona las viviendas de diversos barrios. Las obras se realizaron en 2003 y al inicio de 2004. Hay constancia de pagos en 2003, cuando gobernaba CiU, pero no en 2004, cuando el tripartito ya estaba en el poder. El constructor declaró durante casi cinco horas como testigo y, según explicó él mismo, ofreció detalles sobre la cuantía de las obras y las comisiones abonadas en cada caso.

"Hemos dado todo tipo de detalles y estamos al servicio de lo que haya que hacer". El constructor Juan Antonio Salguero explicó con esta contundencia ayer por la tarde a EL PAÍS su declaración ante la fiscalía de Barcelona, que se inició sobre las 11.15 horas y concluyó pasadas las cuatro de la tarde, así como su disposición a colaborar en las diligencias de investigación que abrió el pasado 25 de febrero el fiscal jefe de Cataluña, José María Mena. La fiscalía tomó esta iniciativa al día siguiente de que el presidente de la Generalitat catalana, Pasqual Maragall, insinuara en el Parlament que en la etapa de Gobierno de CiU se pagaban comisiones del 3% por parte de las empresas del sector de la construcción.

Salguero es el primer empresario que declara ante la fiscalía después de que la semana pasada trascendieran en los medios de comunicación unas declaraciones suyas en las que aseguraba haber abonado comisiones del 20%. El constructor aseguró entonces que esas obras se realizaron "sin la firma de ningún contrato" a través de un intermediario, José María Penín, que se presentaba como pariente del entonces consejero de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat, Felip Puig.

"Me he ratificado en todo lo que dije en los periódicos y he ampliado esas acusaciones", declaró Salguero, quien en todo momento compareció en la fiscalía como testigo. De ahí que su abogado, Marc Cucala, no estuviese presente en esa declaración de casi cinco horas. Salguero declinó ofrecer más detalles de su extensa declaración, aunque sí precisó que en muchas de las obras que se le adjudicaron las comisiones que pagó fueron del 20%. También relató que su abogado había entregado documentación a la fiscalía que ratificaba la declaración del constructor.

El abogado explicó que las 18 obras a las que se refirió el constructor Salguero ante el fiscal se realizaron durante el año 2003, cuando gobernaba CiU, y a principios de 2004. Todos los trabajos fueron realizados por encargo de la empresa pública Adigsa, dependiente de Política Territorial y Obras Públicas.

Trabajos de rehabilitación

Los detalles de diez de estas obras están documentados por fuentes de la investigación y ascienden a un total de 211.000 euros. En todos los casos los trabajos se realizaron en 2003 y consistieron en obras de rehabilitación de viviendas que en muchos casos tienen ya hasta 40 años. Cinco de estas obras corrieron a cargo de la sociedad Demastir SL, por un importe total de 106.00 euros, y se realizaron en el municipio barcelonés de Ódena, y otras cuatro en Tarragona. Salguero es administrador de Demastir SL, como también lo es de la sociedad Reluxex, otra empresa a la que se encargaron obras por valor de 81.000 euros, también el año 2003. Los trabajos se realizaron en los municipios de Odena e Igualada, ambos en la provincia de Barcelona, así como en Salt (Girona). Existe constancia oficial también de una décima obra realizada en 2003 en un barrio de Lleida por importe de 24.000 euros, en la que Salguero concurrió asociado con otro particular.

El intermediario Penín, pariente de Puig y al que se refirió el constructor en su declaración de ayer ante el fiscal, no tenía contrato laboral con la empresa Adigsa, aunque sí estaba autorizado para realizar tasaciones y valoraciones. Adigsa estuvo dirigida hace años por el ahora portavoz de CiU en el Parlament, Felip Puig, cuando dependía del Departamento de Bienestar Social. Puig negó el pasado viernes que se hubiesen cometido irregularidades en la concesión de esas obras y aseguró que se concedieron "de acuerdo con la normativa vigente". En este sentido, recordó que las cuentas de la empresa habían sido auditadas por el tripartito.

Adigsa es una empresa pública que gestiona los barrios de viviendas construidos en su día por la extinta Obra Sindical del Hogar, que sirvieron para acoger a las avalanchas de inmigrantes que llegaron a Cataluña en los años 60. En la mayoría de los casos son viviendas de escasa calidad que necesitan continuas rehabilitaciones de las fachadas, así como de las zonas comunitarias de los edificios. Son obras menores a las que no suelen concurrir las grandes y medianas constructoras.