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Reportaje:

España, en la diana de Bin Laden

Los informes de los servicios de Información avisaron de la creciente amenaza de un ataque directo

Cuatro meses y medio antes de la masacre en los trenes de Madrid, Osama Bin Laden, el líder de Al Qaeda, situó a España en la diana del terrorismo de origen islamista radical. Semanas después, los criminales del 11-M comenzaron a preparar el mayor atentado en la historia de España.

Tres de los escasos analistas de terrorismo islamista con los que contaban las fuerzas de seguridad del Estado se reunieron por separado el 18 de octubre de 2003 con sus hombres en sus respectivas sedes. Sentados frente a un aparato de televisión, rebobinaron una y otra vez un vídeo que acababa de emitir Al Yazira, la cadena árabe de televisión con sede en Qatar. Era una nueva declaración de Osama Bin Laden desde su refugio secreto, posiblemente en las montañas de Afganistán. Un mensaje de 16 minutos de duración dirigido al mundo en el que por primera vez citó a España entre sus objetivos por su apoyo a la guerra de Irak.

"Nos reservamos el derecho de responder en el momento y lugar oportunos contra todos los países que participan en esta guerra injusta. En particular Gran Bretaña, España, Australia, Polonia, Japón e Italia", dijo el terrorista saudí. A ninguno de los especialistas de la policía, la Guardia Civil y el CNI que vieron esa película se le escapó la obviedad de que la cita a España entrañaba un verdadero peligro. En la sede de Europol, la cinta del jefe de Al Qaeda se interpretó como "una amenaza directa y concreta a España", recuerda el comisario Mariano Simancas, uno de los jefes de este organismo.

El CNI avisó al Gobierno de que el papel relevante de Aznar en relación a la guerra de Irak era un factor de riesgo

Zaplana negó en octubre de 2003, tras la amenaza de Bin Laden, que hubiera indicios de un posible ataque a España

La Guardia Civil intuyó una amenaza grave para España tras el ataque de Casablanca

No era la primera vez que Bin Laden se refería a España. El 7 de octubre de 2001, en el vídeo en el que se atribuyó la autoría del 11-S, ya mencionó al Al-Andalus, como lo había hecho otras veces en sus fetuas (edictos). Andalucía, junto a Palestina y Cachemira, son territorios que Al Qaeda considera perdidos por la nación musulmana. Para Bin Laden y sus asociados, las cruzadas no han terminado.

Aquel 19 de octubre Ángel Acebes, entonces ministro del Interior, se encontraba en La Baule (Francia) junto a su homólogo Nicolás Sarkozy. Juntos anunciaron un frente europeo contra la inmigración ilegal en el Mediterráneo y se refirieron a la amenaza de Bin Laden. "Nuestras fuerzas de seguridad no han bajado la guardia en ningún momento. La respuesta a este desafío consiste en mantener la atención, confiar en la preparación de los expertos y mantener la colaboración internacional", dijo Acebes. El portavoz del Gobierno, Eduardo Zaplana, apostilló en Madrid: "No hay ningún indicio objetivo o dato concreto" que haga pensar que España tiene "mayor predisposición" a un ataque.

Pese a la gravedad de la amenaza, Acebes no convocó a su regreso una reunión conjunta de los servicios de seguridad. "Nunca tuvimos una reunión en el ministerio sobre terrorismo islamista", ha confesado el comisario Mariano Rayón, hasta hace poco jefe de la Unidad Central de Información Exterior de la Policía. Entonces, sólo un puñado de agentes, unos 140 entre los tres cuerpos de seguridad, investigaban esta amenaza. Todo el potencial humano y material estaba dirigido contra ETA. Cada servicio trabajaba por su cuenta. No había coordinación, salvo la relación personal y esporádica de los jefes de cada cuerpo.

Bin Laden colocó a España en el segundo lugar de su macabra lista, justo detrás del Reino Unido, al que todos los observadores consideraban tras el 11-S el objetivo prioritario de los islamistas radicales. "Esa segunda posición nos inquietó. Creímos que no era casual. Estábamos en la cabeza del pelotón", asegura ahora una de las tres personas que ese 19 de octubre analizó el mensaje del jefe de Al Qaeda. Los tres servicios de seguridad emitieron sus informes reservados con opiniones radicalmente contrarias a la que Zaplana trasladó a la opinión pública.

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI), dirigido entonces por Jorge Dezcallar, fue el primero en reaccionar. "En octubre y noviembre, lo que yo llamo los sensores los teníamos al rojo y estábamos esperando algo", ha declarado el ex diplomático. El 27 de octubre, el servicio de espionaje envió al Gobierno un informe Evaluación de la amenaza del terrorismo islámico, que subrayaba que la advertencia debía tomarse en serio.

Su autor, un teniente coronel, aseguró que a España se la veía como enemigo del Islam y que "la visibilidad" que conllevaba el protagonismo de Aznar en la guerra era un factor de riesgo. El texto describía la presencia en España de células durmientes vinculadas a la delincuencia común y agregaba que la detención meses antes de Taysir Alouny, corresponsal de Al Yazira y presunto miembro de la célula de Imad Eddin Barakat, Abu Dahdah, había sido negativa para la imagen de España en los países árabes. La cadena qatarí hizo una campaña a favor de la inocencia de su corresponsal y anunció "consecuencias" para España. La nota del CNI advirtió de que las amenazas "eran crecientes" y del "incremento importante del riesgo de atentado terrorista en los últimos meses". Y recomendó "reforzar las medidas de protección", en especial los vuelos de aviones oficiales a zonas calientes. Un viaje en esas fechas de los Reyes a Siria les preocupó sobremanera.

El 20 de noviembre, la división antiterrorista del CNI elaboró otra nota con un dato inquietante: los grupos islámicos locales, no directamente encuadrados en Al Qaeda (en España había entonces varios), "están cada vez más inmersos en la yihad internacional y sus objetivos no se limitan a ningún territorio concreto". Los espías no iban mal encaminados. En 2002, en una reunión en Estambul (Turquía), dirigentes de Al Qaeda y de grupos asociados en la llamada Internacional contra los Judíos y los Cruzados comunicaron que los musulmanes yihadistas podían actuar de forma autónoma en los países donde residían. Había que extender la yihad a nuevos territorios y Europa era un blanco preferente.

Pero la alerta se había disparado mucho antes del vídeo de Bin Laden. Hacía dos años que en una reunión de Europol en Bruselas los responsables policiales emitieron un informe confidencial que decía así: "La principal pregunta no es si habrá otro ataque, sino quién lo hará, cuándo, cómo y contra qué objetivo". En aquel encuentro casi todos pensaron que el siguiente blanco era el Reino Unido.

Los informes del CNI, de octubre y noviembre del 2003, en respuesta al vídeo de Bin Laden, eran el cuarto y el quinto que el Ejecutivo recibió en sólo ese año. La policía y la Guardia Civil elevaron los suyos con un contenido muy similar. El que emitió el 28 de noviembre José Manuel Gil, comisario de la Unidad Central de Información Exterior, a petición de Jesús de la Morena, el entonces Comisario General de Información, fue muy explícito: "España figura ya como objetivo declarado por Al Qaeda y esta organización está cumpliendo sus amenazas, atentando contra objetivos que han sido recientemente incluidos como tales, por lo que cabe deducir que España podría ser objetivo en fechas próximas". Añadió que Al Qaeda estaba reclutando terroristas en Túnez y Argelia para atentar en Europa.

El apoyo del Gobierno de Aznar a la guerra de Irak y el atentado de Casablanca (Marruecos) dispararon en 2003 las señales de alarma. El CNI redactó su primer informe el 21 de febrero de 2003, poco antes de la guerra. "La posición de España ha elevado el riesgo de atentado, pudiendo ser objeto de grupos integristas islámicos. Es muy posible un cambio de la actitud hacia España, de positiva a negativa" entre la comunidad islámica. El servicio de inteligencia advertía de que "no se puede descartar la existencia de células durmientes en España" y constataba "el deseo de revancha" que generó la detención de Abu Dahdah y los suyos en noviembre de 2001.

El segundo aviso se redactó el 10 de junio, semanas después del atentado de Casablanca, que costó la vida a 45 personas, entre ellas cuatro españoles que cenaban en la Casa de España, uno de los objetivos de los 14 suicidas. "Forma parte [el ataque] de una estrategia global a la que no puede sustraerse ningún país, incluida España. España es una base logística de los grupos integristas, pero no puede descartarse que, en función de las oportunidades, puedan cometerse actos [terroristas] aquí". El tercero es del 27 de agosto, el mismo día en que las tropas españolas se unieron a las fuerzas de ocupación de Irak. "La presencia militar en Irak incrementa el riesgo de atentados contra intereses españoles tanto en España como en el extranjero", aseguró el autor del documento.

La Unidad Central de Información Exterior de la Guardia Civil (UCE2) redactó varios informes similares y, tras el atentado de Casablanca, anunció "la dimensión grave de un atentado contra España". Una visión muy distinta a la de Ana Palacio, entonces ministra de Exteriores, quien negó varias veces que aquella matanza fuera un ataque contra intereses españoles.

Tras el 11-S, Francia, Alemania, Reino Unido e Italia reforzaron sus unidades de terrorismo islamista. Los británicos contrataron a 500 agentes para hacer un censo de ex muyahidin y vigilar a los más peligrosos. En España continuó el voluntarismo y lo que un alto mando policial define como "una estructura de juguete" para vigilar a centenares de sospechosos en zonas calientes de todo el país: Valencia, Alicante, Tarragona, Barcelona, Madrid, Navarra, Ceuta y Melilla. Mientras Aznar hablaba del eje del mal y del riesgo del terrorismo internacional para justificar su apoyo a la guerra de Irak, entre el 2001 y el 2004 las plantillas de esas unidades crecieron en poco más de un 20%. "Se pidió el incremento varias veces", declaró Rayón ante la comisión del 11-M. En el 2004 su unidad tenía 66 hombres y mujeres, de los que 16 pertenecían al área de vigilancias. En la Guardia Civil se aumentó de 40 a 66 agentes, pero la UCE 2, a las órdenes del teniente coronel Faustino Álvarez Sola, se dedicaba a todas las amenazas del exterior. De los 30 agentes del CNI dedicados al terrorismo islamista, siete, probablemente los mejores, murieron en una emboscada en Bagdad. Para colmo, ninguno de los tres cuerpos tenía especialistas en provincias y la plantilla de traductores de árabe era mínima. Las conversaciones telefónicas de los sospechosos, incluso en prisión, tardaban meses en traducirse. Ya desde 2001 Mohamed Achraf, un miembro del Grupo Islámico Armado (GIA) preso en la cárcel de Topas (Salamanca), preparaba un ataque suicida contra la Audiencia Nacional.

En el otoño de 2003, la incredulidad sobre la posibilidad de un ataque de los islamistas en España era general. El procesamiento por Baltasar Garzón de Bin Laden y su cúpula junto a los miembros de una célula de yihadistas presuntamente vinculada al 11-S provocó las críticas e hilaridad de un sector de la prensa. Dirigentes del PSOE ridiculizaron en el Congreso la detención de un grupo de islamistas en Tarragona a los que se intervino un teléfono agujereado similar al usado en un atentado en Bali (Indonesia). Los bautizaron como el comando Dixan.

En los despachos policiales los jefes de los servicios antiterroristas repetían que España era retaguardia y no vanguardia de la yihad, un territorio caliente para logística y financiación, pero no un escenario de batalla. Incluso los autores de las evaluaciones de amenaza dirigidas al Gobierno tras el vídeo de Bin Laden reconocen en privado que nunca pensaron en un ataque. "Alertamos sobre los riesgos porque era nuestro deber, pero nunca sospechamos que iban a lograr pegarnos aquí. Fue una sorpresa monumental", admite el autor de varios de estos documentos.

¿Qué hicieron después del atentado de Casablanca?, le preguntó Gaspar Llamazares (IU) a Dezcallar en el Congreso. "Tuve que aguantar algún chiste en algún periódico cuando andaba buscando gente que hablara pastún, urdú y dialectos árabes, porque, como nos los encontrábamos, lo anunciamos en los periódicos e Internet... George Tenet [ex director de la CIA] decía que necesitaba cinco años para que los medios que están poniendo en práctica ahora sean operativos... Una cosa es tomar medidas y otra que esas medidas hayan producido sus frutos o sean suficientes, que no lo son". El ex director del CNI definió a este centro como un "Volkswagen que funciona bien, pero no es un Rolls". El CNI tiene ocho veces menos personal que los británicos y seis veces menos que los franceses e italianos, según Dezcallar, hoy embajador ante la Santa Sede.

Una medida adoptada por el CNI tras la amenaza de Bin Laden fue proponer al Gobierno que se introdujera al terrorismo islamista entre las prioridades del servicio. Hasta entonces, las principales atenciones del centro eran ETA, Marruecos, Ceuta, Melilla y Suramérica. En la Directiva de Inteligencia, aprobada en enero de 2004 por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia, que presidía Aznar, incluyó un sexto objetivo: la amenaza islamista. La iniciativa, única del CNI tras el 11-S, llegó con más de dos años de atraso. Y no sirvió de nada porque, según Tenet, hacen falta años para que cualquier medida de inteligencia dé resultados.

Aquel otoño de 2003 en que Bin Laden colocó a España en el centro de su diana el Gobierno no había hecho casi nada para prevenir un ataque terrorista de esta naturaleza. Todos los medios estaban volcados en la lucha contra ETA, una batalla que el PP libró con éxito desde el poder, según coinciden todos los observadores.

Pero el peligro no estaba sólo en el vídeo del terrorista saudí. Desde 2000, España se había convertido en la principal base de Al Qaeda y sus grupos asociados en Europa. En una madriguera a la que acudían a refugiarse los jefes de las células durmientes introducidas en Europa por el tunecino Seifallah Ben Hassin y el argelino Abu Doha, ambos ligados al Grupo Salafista para la Predicación y el Combate, una escisión del GIA argelino que se asoció a Al Qaeda. Sus idas y venidas al "anillo final español", calificación de los fiscales de Milán en un informe de aquella época, eran inquietantes.

La cumbre, en julio de 2001 en Tarragona, de Mohamed Atta, el jefe de los pilotos suicidas del 11-S, y Ramzi Binalshibh, el coordinador de los atentados, no fue una casualidad. Ocho semanas antes del ataque contra las Torres Gemelas consideraron que el territorio español era el lugar más seguro para ultimar los detalles de su ataque contra EE UU, el más importante desde Pearl Harbor, en 1941.

En la costa catalana, el egipcio comunicó al yemení sus objetivos y el nombre de los 19 suicidas que se lanzarían con aviones secuestrados contra el corazón del país más poderoso del mundo. Aquí consiguieron pasaportes y visados para la escalonada fuga de los miembros de la célula de Hamburgo que finalmente no participaron en el atentado. La extensa red de salafistas con la que contaban en España, buena parte de ella dirigida presuntamente por el sirio Abu Dahdah, les brindó su apoyo. El 7 de septiembre de 2001, Binalshibh paseaba por la Gran Vía madrileña horas antes de huir rumbo a Pakistán. Las andanzas de estos y otros yihadistas por territorio español se conocían mucho antes de que Bin Laden señalara a España con el dedo el 19 de octubre de 2003.

Con información de José María Irujo, Jorge A. Rodríguez, Luis Gómez, Francisco Mercado, Miguel González y Elsa Granda.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 4 de marzo de 2005