El secretario municipal de Marbella precisa que nunca dio criterios sobre la legalidad de las licencias

El secretario general del Ayuntamiento de Marbella, Leopoldo Barrantes, negó ayer haber dado criterios a los concejales en las comisiones de gobierno sobre la legalidad o no de las licencias de obra. En su testimonio como testigo en el juicio contra el ex alcalde Julián Muñoz y otros seis concejales por conceder en 1998 una licencia para 238 viviendas en una parcela calificada de zona verde en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aseguró que él se limitaba a leer los informes técnicos contenidos en los expedientes.

La versión de Barrantes no desmiente a la facilitada por los siete acusados. Todos ellos aseguraron el martes en la primera sesión de la vista oral que no tenían conocimientos urbanísticos y que antes de dar el visto bueno a una licencia de obra preguntaban al secretario si estaba todo en regla. Barrientos dijo además que a él no le correspondía hacer advertencias de ilegalidad ni valorar los expedientes, y, como los concejales acusados, insistió en que había un mandato del alcalde, Jesús Gil, y un acuerdo plenario para que el Ayuntamiento concediera licencia de acuerdo a la revisión del PGOU elaborada por el equipo de gobierno, pese a que ésta fue rechazada por la Comisión Provincial de Urbanismo, órgano competente para la aprobación definitiva de los planes municipales de urbanismo.

La entonces Secretaria General de Urbanismo de la Junta, Josefina Cruz, ratificó que el rechazo de la comisión se produjo el 20 de julio, y que pese a ello, el 7 de agosto el Ayuntamiento aprobó en pleno el PGOU, acto que fue posteriormente anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Barrantes llegó a reconocer que antes incluso de aquel pleno se concedieron licencias al amparo del PGOU de 1998 que nunca ha tenido efectos legales, y que él propuso la fórmula de conceder licencias provisionales "ante la casuística de lo que estaba ocurriendo en Marbella", y para dar una solución a un problema que amenazaba con "paralizar la ciudad".

El secretario mostró su convencimiento de que todos los miembros de la comisión de gobierno actuaron de "buena fe" en la concesión de licencias convencidos de que no había nada ilegal.

El consejero delegado de la empresa promotora de las viviendas, Turismo y Recreo Andaluz (Turasa), José Ávila, aseguró que en ningún momento ni el Ayuntamiento ni nadie le advirtió de que hubiera ningún problema con los terrenos, pues de lo contrario no lo hubiera comprado. Negó haber pactado con Gil o con algún responsable municipal condiciones para obtener la licencia y dijo que no se preocupó de si había un plan general legalizado o no porque "supones que si te dan una licencia municipal es que está todo en regla". La empresa tiene recurrido en el tribunal Supremo la decisión del TSJA de declarar nula la licencia de obra de las viviendas.