Economía asegura que el plan de reformas "rompe la parálisis" de la etapa del PP

El plan de dinamización de la economía no es "humo", como asegura la oposición, sino que precisamente viene a "romper la parálisis" del anterior Gobierno del PP. Así respondieron ayer desde el Ministerio de Economía y Hacienda a las críticas que ha suscitado el primer gran paquete de medidas aprobado por el Gobierno el pasado viernes. Si no se ha ido más allá en materia, por ejemplo, de suelo o distribución comercial es porque "no es competencia del Estado". Entre las medidas figuran la posibilidad de que las cooperativas agrarias distribuyan carburantes a terceros y una rebaja en torno al 40% de las tasas que cobra la Comisión del Mercado de Valores (CNMV) en las emisiones de renta fija.

"Está prácticamente todo lo que se puede hacer", aseguró el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, durante la presentación más detallada del plan de reformas que el Consejo de Ministros aprobó la pasada semana. Recordó que en materias como suelo, horarios o distribución comercial, el Estado carece de competencias y "no podemos entrar", así que "habrá que preguntarles a ellos", en referencia a los Gobiernos autónomos.

En materia de vivienda, uno de los principales problemas de la economía española, el plan se limita a la próxima creación de la agencia del alquiler y algunas ventajas para fondos y promotoras en este mercado. Tampoco se prevén medidas concretas para frenar la subida de los precios de los alimentos frescos y su impacto en la inflación. Con estos ejemplos, desde el PP, su responsable de Economía, Miguel Arias Cañete, dijo el pasado fin de semana que el plan sólo es "humo".

El responsable de la Oficina Económica del Gobierno, Miguel Sebastián, respondió que "lo que han sido humo son las reformas de los ocho años anteriores del PP en lo relativo a la productividad", aspecto en el que España está "por debajo de su potencial". Fernández Ordóñez remachó que con estas medidas "es la primera vez que rompemos la parálisis" de los Gobiernos anteriores, que "en cantidad de aspectos" han supuesto "una marcha atrás".

Al margen de las críticas, el plan aborda problemas específicos en la mayoría de los sectores, con el objetivo de lograr "un crecimiento económico equilibrado y duradero", explicó el secretario de Estado de Economía, David Vegara. No hay memoria económica que acompañe a las medidas y tampoco se cuantifica su impacto en términos de crecimiento económico o del empleo. Habrá un seguimiento anual que permitirá juzgar esas medidas "por sus resultados", explicó Sebastián.

Debate en el Parlamento

Como ya se explicó el pasado viernes, el plan se instrumenta en un primer real decreto de un centenar de medidas urgentes aprobado el pasado viernes que afecta a los mercados financieros (folletos de emisión), sector energético (operadores principales y dominantes), medio ambiente y contratación pública.

En unos quince días el Gobierno aprobará un proyecto de ley para su discusión en el Parlamento con reformas fiscales para el impulso de la productividad. Entre ellas, figura una rebaja en torno al 40% de las tasas que cobra la CNMV por folletos de emisión, autorización de OPA, supervisión, etcétera. Se incluirá también la posibilidad de que los fondos de inversión promuevan viviendas en alquiler (un 20% de su patrimonio) y una bonificación fiscal del 80% para sociedades que se dediquen a este mercado.

Habrá, además, un proyecto de ley de reformas económicas para el impulso de la productividad, donde se incluirá la liberalización de servicios funerarios y la modificación del régimen de concesiones de los estancos (podrán traspasarse intervivos y la concesión se limita a 25 años). Dentro de este proyecto de ley se incluirá la posibilidad de que las cooperativas agrarias puedan distribuir todo tipo de carburantes a terceros.

El plan se completa con un proyecto de ley de reforma del capital-riesgo, con la creación de un régimen simplificado para inversores cualificados. Hay por último una serie de mandatos al Gobierno que incluye la creación de la agencia pública del alquiler, la liberalización del servicio de información telefónica, la rebaja de los aranceles de los notarios, la elaboración de un plan de comercio interior y la posibilidad de una rebaja del IVA para la televisión digital terrestre.