EU propone una ley que garantice a los ciudadanos ser atendidos en valenciano

El grupo parlamentario de Esquerra Unida-L'Entesa en las Cortes Valencianas ha presentado una proposición de ley que pretende salvaguardar el derecho de los ciudadanos a ser atendidos en valenciano por la Administración. La proposición de ley del Derecho de Elección Lingüística en la Atención y Tramitación Administrativa presentada ayer pretende hacer cumplir lo establecido en el Estatut d'Autonomia, que en su artículo 7 señala que el valenciano y el castellano son los dos idiomas oficiales de la Comunidad Valenciana, que "todos tienen derecho a conocerlos y usarlos" y que obliga a la Generalitat a garantizar "el uso normal y oficial" de ambas lenguas y a adoptar "las medidas necesarias para asegurar su conocimiento". También establece que "nadie podrá ser discriminado por razón de su lengua".

"Queremos que todo esto se cumpla en la Administración", dijo el portavoz de EU-L'Entesa, Joan Ribó, tras leer ese artículo y recordar que tan lejos como la semana pasada él mismo vio cercenado su derecho a expresarse en valenciano en su comparecencia como testigo ante el tribunal encargado del caso Fabra.

La iniciativa de EU surge después de que ayuntamientos como los de Vinaròs, Xixona, Ontinyent y Oliva perdieran recursos judiciales contra su intención de plantear el requisito lingüístico para el acceso a la función pública debido a que la legislación sobre la materia, concretamente la Ley de Función Pública valenciana, es muy "confusa". De ahí que la proposición de EU incluya la modificación de la citada ley, para permitir la posibilidad de establecer el requisito lingüístico en las plazas que traten directamente con los ciudadanos y tramiten documentos en valenciano.

Jurisprudencia del TC

La mencionada ley "no es que prohíba pedir el valenciano como requisito, sino que sólo habla de él como mérito", dijo el diputado de EU-L'Entesa Ramon Cardona, quien explicó además que ni la ley de Función Pública, ni la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià, ni el Estatut d'Autonomia especifican "el derecho de los valencianos a ser atendidos en valenciano por la Administración". En este punto, EU apela a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC), que en varias sentencias ha avalado la exigencia del requisito lingüístico en la Administración en Galicia y en Cataluña. Por eso, Ribó dijo que si el Consell no lo acepta será por falta de "voluntad política" y no porque exista algún "impedimento legal". Cardona, por su parte, consideró que si el Consell se opone a la tramitación de esta proposición demostrará que su defensa del valenciano es exclusivamente "de boquilla".

La iniciativa de EU-L'Entesa sólo será tramitada como proyecto de ley en las Cortes Valencianas si el Consell da su aprobación.