El fiscal del Estado ordena a Anticorrupción investigar la presunta trama de Majadahonda

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha ordenado a la Fiscalía Anticorrupción que investigue la denuncia de dos concejales socialistas sobre presuntas presiones para la adjudicación a la empresa Afar-4 de dos parcelas municipales en Majadahonda para edificación de viviendas. Conde-Pumpido ha ordenado la investigación dado el "interés público" que tiene la venta de suelo público destinado a viviendas, y la afirmación de los denunciantes de que la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, y el alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá, están relacionados con los hechos.

Fuentes de la Fiscalía General precisaron que el decreto del fiscal del Estado no significa que se vaya a investigar a la presidenta Esperanza Aguirre ni al alcalde de Majadahonda, sino que se van a investigar los hechos denunciados sin prejuzgar responsabilidades. Sin embargo, el hecho de que la Fiscalía del Estado no haya archivado la denuncia y la haya trasladado a Anticorrupción quiere decir que al menos los hechos denunciados presentan una apariencia de delito y deben ser esclarecidos.

Según el decreto de Conde-Pumpido, la denuncia presentada el pasado día 21 en la Fiscalía General por los concejales socialistas Ricardo Núñez Montero y Manuel Fort Hernández reviste las notas de "trascendencia y complejidad" que definen la competencia de la Fiscalía Anticorrupción e impiden que se atribuya a la de Madrid.

El fiscal general justifica su decisión en "el interés público" que afecta a la enajenación de suelo público destinado a la edificación de viviendas, el volumen económico de la operación y la intervención de una docena de empresas, entre las que se cuentan algunas de las principales del ramo de la construcción. Además, la afirmación de los denunciantes de que la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid y el regidor del Ayuntamiento estuvieron relacionados con los hechos, "son razones más que sobradas para afirmar la trascendencia y complejidad".

Presiones al alcalde

La denuncia, acompañada por dos carpetas de documentación, fue presentada en la Fiscalía General del Estado el pasado día 21 por los concejales del PSOE Ricardo Núñez y Manuel Fort. Según el escrito, en fechas posteriores al 2 de noviembre de 2004 miembros del PP del ámbito municipal de Majadahonda, de ámbito regional y constructores privados presionaron al entonces alcalde de la localidad, Guillermo Ortega, para evitar que dos parcelas de propiedad municipal fueran adjudicadas a Proinsa, una de las 12 sociedades que tomaba parte en la licitación.

Según los denunciantes, el arquitecto municipal modificó un informe técnico emitido el 13 de diciembre de 2004 sobre calidad de diseño y adecuación medioambiental y emitió uno nuevo, fechado el 20 de diciembre, a consecuencia del cual Afar-4 recibía la mejor calificación global.

El valor de ambas parcelas asciende a 48 y 35,2 millones de euros, respectivamente. Según los denunciantes, la consecuencia de los comportamiento descritos será la finalización del concurso declarándolo desierto, a pesar de la presentación de doce propuestas dentro de los criterios exigidos.

El escrito afirma que los hechos pueden ser constitutivos de un delito continuado de tráfico de influencias y un delito de prevaricación. Aunque no se atribuye directamente a ninguna persona responsabilidad penal por los hechos, los denunciantes afirman que en ellos intervinieron la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, y Narciso de Foxá, actual alcalde de Majadahonda.

Los delitos de prevaricación y tráfico de influencias son de la competencia de Anticorrupción cuando revisten la especial trascendencia de que pueden atribuirse a altos cargos.