El PP acusa a Zapatero de odiar Madrid y de usar al fiscal general de forma partidista

El secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, se defiende de las acusaciones de corrupción inmobiliaria en el ayuntamiento de Majadahonda ha asegurado hoy que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, "odia y desprecia Madrid", y ha afirmado que el PSOE usa " todas las instituciones de Estado de forma partidista", entre ellas la Fiscalía General del Estado.

Granados ha hecho estas acusaciones un día después de que el fiscal general de Estado haya pedido a Anticorrupción que investigue la presunta trama urbanística en dicha localidad madrileña, gobernada por el PP. El número dos de Esperanza Aguirre en el partido asegura que Zapatero trata de "asfixiar y parar" el progreso de la Comunidad "con todos los medios que tiene a su alcance". Y pone ejemplos: "el intento de éste de rebajar un 25% las inversiones previstas en la región en los Presupuestos Generales del Estado", la "utilización" del Ministerio de Industria para "deportar" instituciones a otras comunidades. Sin olvidar la "detención irregular" de dos manifestantes afiliados al PP.

Según la denuncia de dos concejales socialistas sobre presuntas presiones para la adjudicación a la empresa Afar-4 de dos parcelas municipales en Majadahonda para edificación de viviendas. Conde-Pumpido ha ordenado la investigación dado el "interés público" que tiene la venta de suelo público destinado a viviendas, y la afirmación de los denunciantes de que la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, y el alcalde de la localidad, Narciso de Foxá, están relacionados con los hechos.

La denuncia, acompañada por dos carpetas de documentación, fue presentada en la Fiscalía General del Estado el pasado día 21 por los concejales del PSOE Ricardo Núñez y Manuel Fort. Según el escrito, en fechas posteriores al 2 de noviembre de 2004 miembros del PP del ámbito municipal de Majadahonda, de ámbito regional y constructores privados presionaron al entonces alcalde de la localidad, Guillermo Ortega, para evitar que dos parcelas de propiedad municipal fueran adjudicadas a Proinsa, una de las 12 sociedades que tomaba parte en la licitación.

Según los denunciantes, el arquitecto municipal modificó un informe técnico emitido el 13 de diciembre de 2004 sobre calidad de diseño y adecuación medioambiental y emitió uno nuevo, fechado el 20 de diciembre, a consecuencia del cual Afar-4 recibía la mejor calificación global.

El valor de ambas parcelas asciende a 48 y 35,2 millones de euros, respectivamente. Según los denunciantes, la consecuencia de los comportamiento descritos será la finalización del concurso declarándolo desierto, a pesar de la presentación de doce propuestas dentro de los criterios exigidos.

El escrito afirma que los hechos pueden ser constitutivos de un delito continuado de tráfico de influencias y un delito de prevaricación. Aunque no se atribuye directamente a ninguna persona responsabilidad penal por los hechos, los denunciantes afirman que en ellos intervinieron la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, y Narciso de Foxá, actual alcalde de Majadahonda.

Los delitos de prevaricación y tráfico de influencias son de la competencia de Anticorrupción cuando revisten la especial trascendencia de que pueden atribuirse a altos cargos.