La nueva ley antiterrorista británica aumenta los poderes de Interior en perjuicio de los jueces

El ministro británico del Interior, Charles Clarke, presentó ayer en el Parlamento un proyecto de ley de prevención del terrorismo que aumenta sus poderes en detrimento de los jueces para controlar a los sospechosos de terrorismo contra los que no haya pruebas suficientes para procesarles. El Gobierno laborista de Tony Blair, sin embargo, ha decidido retrasar varias semanas la presentación de medidas que exijan la suspensión de parte de la Convención Europea de Derechos Humanos y en particular el polémico arresto domiciliario de sospechosos.

Esa renuncia temporal se debe a la imperiosa necesidad que tiene el Home Office de que la ley sea aprobada de inmediato para que entre en vigor antes del 14 de marzo próximo. Ese día expira la normativa que todavía hoy permite la prisión preventiva e indefinida de los extranjeros sospechosos de terrorismo que no puedan ser juzgados debido a falta de pruebas o a que éstas procedan del servicio de inteligencia y el Gobierno no quiera revelarlas.

Esa normativa fue desarbolada una semana atrás por la Cámara de los Lores en sus funciones de última instancia judicial. Aunque aquel dictamen no era jurídicamente vinculante, sí era políticamente letal y convertía en tarea imposible para el Gobierno de Tony Blair que el Parlamento, y en especial la Cámara de los Lores, aceptara renovar su vigencia.

Desde entonces, el recién nombrado ministro del Interior, Clarke -su predecesor, David Blunkett, dimitió un día antes del dictamen de los jueces-lores debido a un escándalo de abuso de poder-, ha buscado fórmulas para acatar la opinión de los altos magistrados sin perder el control sobre la decena de sospechosos que se encuentran detenidos en la cárcel de alta seguridad de Belmarsh, al sur de Londres.

Aplicación a los nacionales

La nueva ley, que a diferencia de la que caduca en marzo será de aplicación tanto a los extranjeros como a los nacionales británicos para evitar la discriminación denunciada por los lores, introduce la polémica figura de las "órdenes de control". Éstas permiten al ministro del Interior imponer las condiciones que le parezcan necesarias para controlar las actividades del sospechoso. Van desde prohibir la posesión de determinados artículos o sustancias hasta restringir su trabajo o negocios, la asociación o comunicación con ciertos individuos, restringir su lugar de residencia o la gente que puede acceder a ella, obligarle a estar en determinado lugar o zona a ciertas horas, restringir sus movimientos dentro del Reino Unido o viajes internacionales, una prohibición específica de movimientos durante 24 horas, permitir el registro de su domicilio o la incautación de alguna pertenencia, etcétera.

El Gobierno ha renunciado a introducir órdenes de control que conlleven la suspensión de toda o parte de la Convención Europea de Derechos Humanos, como el arresto domiciliario. Ese tipo de propuestas se presentarán al Parlamento en un plazo no superior a 40 días y serán debatidas con menos prisas que la propuesta de ley de Prevención del Terrorismo.

Sin embargo, subsisten puntos muy polémicos en la propuesta actual y sobre todo el hecho de que la ley deja en manos del ministro del Interior, y no de un juez, la aplicación de las órdenes de control, aunque los jueces podrán derogar la decisión del ministro en un plazo de una semana. "Como ministro del Interior tengo que rendir cuentas ante el Parlamento por las decisiones que tomo y mi primera responsabilidad es proteger al país. Eso deja en mis manos la decisión de imponer órdenes de control a ciertos individuos", dijo Charles Clarke a los diputados.

Pero la oposición cree que deberían ser los jueces los encargados de imponer esas restricciones a las libertades individuales. "Planea usted sacrificar unos principios esenciales y antiguos de la libertad y la justicia británicas de una manera que acabará yendo en contra de la seguridad", le respondió el portavoz tory de Interior, David Davis.