La polémica ley antiterrorista de Blair tendrá que aplicarse con el aval de un juez

El ministro británico del Interior, Charles Clarke, ha anunciado hoy que las medidas incluidas en la polémica ley antiterrorista del Reino Unido, declarada ilegal por los jueces Lores, tendrán que contar con el aval de un magistrado. Se trata de una importante concesión para intentar salvar una ley que, según la máxima instancia judicial británica, vulnera la Convención Europea de Derechos Humanos, ya que permite el internamiento indefinido de extranjeros sospechosos de terrorismo contra los que no hay pruebas para procesarles.

Clarke, tomando nota de la recomendación de los Lores que declararon ilegal la normativa antiterrorista impulsada por el primer ministro Tony Blair en 2001, ha anunciado que las medidas incluidas por la ley y contestadas por los Lores, tendrán que ser decididas con el aval de un juez. Se refiere en especial a las "órdenes de control", que permiten restringir los movimientos de los sospechosos, vigilarles, arrestarles en su domicilio, y otras medidas. La reforma es significativa, dado que en el proyecto rechazado por los lores se permitía a Interior tomar estas decisiones, aunque luego un juez pudiera revocarlas en el plazo de una semana.

En una entrevista a la BBC, el secretario del Home Office (Interior) ha propuesto también que el proyecto de ley, una vez aceptado, sea sometido al voto de la Cámara de los Comunes (Cámara Baja del Parlamento) cada año. Estas concesiones tienen el objetivo de que la ley antiterrorista pueda ser aprobada antes de que quede sin vigor la actual ley antiterrorista, que caduca el próximo lunes. Clarke ha confiado en que estas concesiones venzan las resistencias parlamentarias.

En su formato original, la ley antiterrorista de Blair fue llamada "el Guantánamo británico" por su similitud con la situación en que se han encontrado cientos de musulmanes detenidos por EE UU en Irak y Afganistán, recluidos en la base militar de Guantánamo sin haber sido acusados formalmente de ningún delito. Además, no podía ser aplicada a los nacionales, lo que provocó que nueve jueces Lores, actuando como máxima instancia judicial, declararan la ley contraria a la Convención Europea de Derechos Humanos el pasado mes de diciembre.

La ley ha sido aplicada hasta ahora a 17 personas, de las que 11 permanecen recluidas, y fue promulgada en diciembre de 2001 a instancias de David Blunkett, el entonces ministro del Interior que tuvo que dimitir. Esas 11 personas llevan ya tres años internados en la cárcel de alta seguridad de Belmarsh, al sur de Londres, sin saber cuándo serán puestos en libertad y sin haber sido acusados formalmente de ningún delito. Si la nueva ley no entra en vigor antes del lunes, los 11 tendrán que ser puestos en libertad.