El máximo órgano judicial británico considera ilegal la ley antiterrorista de Blair

Nueve jueces-lores, actuando en sus funciones de última instancia judicial del Reino Unido, desarbolaron ayer el llamado "Guantánamo británico", la ley que permite el internamiento indefinido de extranjeros sospechosos de terrorismo contra los que no hay pruebas para procesarles. La decisión, que declara contraria a la Convención Europea de Derechos Humanos varios apartados de la Ley Antiterrorista de 2001, no obliga al Gobierno a suspender la ley o dejar en libertad a los afectados, pero le pone en una situación insostenible si no se acomoda al fallo.

El dictamen de los jueces-lores da la razón por un margen de ocho a uno a nueve afectados por la aplicación de la ley, que habían ganado en primera instancia parte de su litigio contra el Ministerio del Interior, pero perdido luego el recurso interpuesto por el Gobierno ante el Tribunal Supremo. Los jueces-lores no sólo consideran que la detención indefinida es contraria a la Convención Europea, sino que cuestionan las razones aducidas por el Gobierno para dejar en suspenso parte de esa convención alegando razones de emergencia nacional. "La prisión indefinida sin cargos ni juicio es anatema en un país que observa el imperio de la ley", escribe en sus conclusiones lord Nicholls de Birkenhead, uno de los ocho que se pronuncian a favor de los demandantes y en contra del Gobierno.

La ley, aplicada hasta ahora a un total de 17 personas, de las que 11 permanecen recluidas, fue promulgada en diciembre de 2001 a instancias de David Blunkett, el ministro del Interior que tuvo que dimitir precisamente en vísperas del fallo de ayer por un asunto de abuso de poder. Su sucesor, Charles Clarke, adelantó ayer que estudiará el fallo con detalle y presentará antes de fin de año nueva legislación al Parlamento con el objetivo de intentar acomodarse al punto de vista de los jueces-lores sin tener que poner en libertad a los afectados, algunos de los cuales llevan ya tres años internados en la cárcel de alta seguridad de Belmarsh, al sur de Londres, sin saber cuándo serán puestos en libertad y sin haber sido acusados formalmente de ningún delito.

Pruebas

El Gobierno intentará modificar la legislación de manera que pueda convertir en pruebas contra los detenidos la información que posee sobre ellos y que le hace pensar que son un peligro público, aunque no podría demostrarlo si los procesara hoy.

La ley ha sido llamada "el Guantánamo británico" por su similitud con la situación en que se han encontrado cientos de musulmanes detenidos por EE UU en Irak y Afganistán, recluidos en la base militar de Guantánamo sin haber sido acusados formalmente de ningún delito. La diferencia entre ambas legislaciones es que la británica da a los detenidos la opción de abandonar el Reino Unido si así lo desean. "Su prisión, se dice, sólo tiene tres muros. Pero esa libertad es más teórica que real, como queda demostrado por el hecho de la continuada presencia en Belmarsh de muchos de los detenidos. Prefieren estar en prisión que afrontar la perspectiva de un tratamiento dañino en cualquier país que aceptara admitirles", escribe también lord Nichols.

"En mi opinión, cualquier forma de poder como ése es incompatible con nuestra Constitución", explica lord Hoffmann en su escrito. "La verdadera amenaza para la vida de la nación, en el sentido de pueblo que vive de acuerdo con sus leyes tradicionales y sus valores políticos, procede no del terrorismo sino de leyes como ésa. Eso da una idea cabal de lo que el terrorismo puede conseguir. Corresponde ahora al Parlamento decidir si le quiere dar a los terroristas una victoria de tal calibre".

Discriminación

Los lores expresan también su opinión de que la ley es discriminatoria porque sólo afecta a ciudadanos extranjeros, pero no a nacionales británicos. El Gobierno explicó en su día que no se justificaba la aplicación a los británicos de "medidas draconianas" como el internamiento indefinido, pero los jueces-lores creen que no hay razones para pensar que no pueda haber ciudadanos británicos que constituyan una amenaza igual a la que el Gobierno atribuye a los extranjeros detenidos de manera indefinida y que la distinción por nacionalidad no está justificada.

"Aceptamos que nuestro Gobierno tiene la obligación de proteger la vida de sus ciudadanos, pero también ha de respetar sus libertades. Si estos hombres han hecho o planeado algo tan serio, tienen que ser procesados; si no, tienen que ser liberados", declaró Iqbal Sacranie, secretario general del Consejo Musulmán Británico.