Blair afirma que la seguridad está por encima de las libertades

Rechazando las críticas de quienes le acusan de pasar por encima de las libertades civiles con los nuevos poderes contra el terrorismo que quiere otorgar al Gobierno, Tony Blair defendió ayer que la seguridad nacional está por encima de todo. En un artículo en The Daily Telegraph, el primer ministro británico admite que "tiene que haber un equilibrio entre la protección del público frente al terrorismo y la salvaguarda de las libertades, pero no hay mayor libertad que la de vivir libres de un ataque terrorista".

"No tengo duda alguna acerca de cuál es la principal obligación de un primer ministro: hacer todo lo posible para proteger la seguridad de nuestra nación y de sus ciudadanos", sostiene en un artículo en el que se reafirma en su propósito de mantener el proyecto de Ley de Prevención del Terrorismo que introduce la figura de las llamadas órdenes de control para mantener bajo la tutela del ministro del Interior a los sospechosos de terrorismo que no puedan ser llevados a juicio.

Las críticas de la oposición y de los defensores de los derechos civiles se centran tanto en los amplios poderes que se otorgan al Gobierno para aplicar "cualquier precepto que el ministro del Interior considere necesario" para conseguir ese control como en el hecho fundamental de que se da primacía al poder político frente al judicial para decretar esas medidas.

Pese a que Blair tuvo el gesto nada habitual de invitar a los líderes de la oposición a Downing Street para discutir el asunto junto al ministro del Interior, Charles Clarke, los conservadores mantienen su oposición frontal al proyecto de ley. En su artículo de ayer, sin embargo, Blair subraya que considera "sinceras" las reticencias del líder de los liberales-demócratas, Charles Kennedy, a que las medidas las adopte el poder político en lugar del judicial -que tiene luego la opción de ratificarlas o modificarlas- y se compromete a "estudiar la cuestión en profundidad".

La propuesta de Ley de Prevención del Terrorismo es la respuesta del Gobierno al dictamen emitido en diciembre por los jueces-lores, que consideraron desproporcionada y discriminatoria una ley que permite el encarcelamiento indefinido de extranjeros sospechosos de terrorismo que no puedan ser procesados por falta de pruebas y que no acepten ser deportados del Reino Unido.

La docena de personas a las que se ha aplicado la ley no pueden ser juzgadas porque las pruebas que hay contra ellos han sido obtenidas por los servicios de inteligencia. El Gobierno no quiere utilizarlas ante un juez porque tradicionalmente han sido consideradas insuficientes por los tribunales y al mismo tiempo expondrían a la luz pública las capacidades de la inteligencia.

Férreo control

La salida que ha elegido el Gobierno es una ley que le autorice a ejercer un férreo control sobre los sospechosos aunque no estén en prisión. ¿Cómo? A través de las llamadas órdenes de control, un compendio de posibilidades que van desde la prohibición de ejercer determinadas profesiones hasta el control de sus comunicaciones, la restricción de los contactos con otras personas, el lugar en que viven o los sitios que visitan. El ministro del Interior se ha comprometido a no aplicar aquellas medidas que exijan la suspensión de parte de la Convención Europea de Derechos Humanos -como, por ejemplo, sustituir la cárcel por el arresto domiciliario sin orden judicial- hasta que el Parlamento lo acepte en una propuesta que presentará más adelante.

El proyecto de ley autoriza al ministro del Interior a emitir una orden de control para "imponer determinadas obligaciones a un individuo" en el caso de que haya "indicios razonables de que está o ha estado implicado en actos de terrorismo y si lo considera necesario para cumplir los objetivos relativos a la protección del público frente al riesgo del terrorismo". En la práctica, eso significa que es el poder político, no el judicial, el que impone esas restricciones a la libertad individual de un sospechoso.

El Gobierno ha aceptado que los jueces tengan derecho a revisar la decisión en el plazo de una semana, pero aun así los críticos consideran que debería seguirse el procedimiento tradicional: el Gobierno debería presentar las pruebas ante un juez y éste decidir si procede o no controlar al individuo en cuestión. Si no, ¿sobre qué pruebas puede un juez decidir si ratifica, modifica o revoca la decisión del poder político? Si no tiene acceso a la información de inteligencia difícilmente podrá ratificar la sanción. Y si se le da ese acceso se derrumba la tesis del Gobierno de que es información reservada por razones de seguridad nacional.