Ana Botella ofrece al Gobierno su "colaboración entusiasta" en la regularización
Califica el proceso de normalización como "positivo para el conjunto de la convivencia"
Ana Botella, concejal de Empleo y Servicios al Ciudadano del Ayuntamiento de Madrid, ha ofrecido su "colaboración entusiasta" al Gobierno para "llevar a buen término" el proceso de "normalización" de inmigrantes que se inició el 7 de febrero. En una carta remitida a la Secretaría de Estado para la Inmigración y la Emigración, Botella califica como "positivo para el conjunto de la convivencia" el proceso, que permite a los empresarios regularizar a sus trabajadores sin papeles haciéndoles un contrato de trabajo de al menos seis meses.
La carta, dirigida a la secretaria de Estado para la Inmigración y la Emigración, Consuelo Rumí, está fechada el pasado 11 de enero. En el primer párrafo, Botella escribe:
"Quisiera manifestar en primer término la actitud de total colaboración del Ayuntamiento de Madrid en el proceso de normalización que se abrirá el próximo 7 de febrero. La Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración puede estar segura de que encontrará en los responsables y técnicos del Ayuntamiento de Madrid una colaboración entusiasta para llevar a buen término este importante proceso para el país y para la capital, un proceso en el que tantas esperanzas tienen cientos de miles de trabajadores inmigrantes y que es positivo para el conjunto de la convivencia".
La edil madrileña desveló la existencia de esa carta el pasado 11 de febrero, cuando anunció que en ella había pedido a la secretaria de Estado de Inmigración 18 millones de euros para lograr "la plena integración" de los inmigrantes que residen en Madrid.
Las opiniones de Botella sobre el proceso de normalización contrastan con las expresadas en los últimos días por los máximos responsables del PP. El presidente de ese partido, Mariano Rajoy, calificó el proceso como "un error colosal". El pasado día 9 declaró en Valencia: "Que el Gobierno no cuente con nosotros para una política de inmigración que es la contraria de la que se está haciendo en Europa. Cuando termine el proceso de regularización habrá más inmigrantes irregulares que antes".
El mismo día, el secretario general del PP, Ángel Acebes, quien ha calificado de "despropósito" el proceso de normalización, afirmó: "Si el mensaje es que en España se pueden conseguir papeles y puede haber procesos de regularización masiva, quienes los promueven son quienes están dando la razón a las mafias que trafican con seres humanos".
El portavoz parlamentario del PP, Eduardo Zaplana, ha acusado al Ejecutivo de "optar por una inmigración ilegal, a través de un proceso de regularización masivo, que no ofrece garantías y que ha generado un efecto llamada evidente".
El proceso de "normalización" está incluido en el Reglamento de Extranjería aprobado por el Consejo de Ministros el 7 de enero pasado. Su objetivo es ofrecer una salida a más de un millón de sin papeles que el Ejecutivo socialista recibió en herencia del último Gobierno del PP. También busca hacer aflorar la bolsa de trabajo ilegal y de economía sumergida que se nutre de esos inmigrantes.
El texto establece un periodo de tres meses, desde el pasado 7 de febrero hasta el próximo 7 de mayo, con el fin de que los empresarios regularicen a sus trabajadores indocumentados, siempre que estos se hallen empadronados en España desde antes del 7 de agosto de 2004 y carezcan de antecedentes penales tanto en España como en su país de origen. Para legalizar su situación, los empleadores deberán hacerles un contrato de al menos seis meses.
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