El tripartito acepta la propuesta del PP de celebrar un debate monográfico en el Parlament

Los tres grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno catalán aceptaron ayer celebrar un debate monográfico en el Parlament para investigar lo sucedido en el Carmel. La propuesta, que lanzó el líder del Partido Popular catalán, Josep Piqué, fue aplaudida por el Ejecutivo de Pasqual Maragall porque aleja en el tiempo la eventual creación de una comisión de investigación parlamentaria y le concede un mayor margen de maniobra para solucionar la crisis sobre el terreno. Unas palabras ayer del ministro Jordi Sevilla, confirmando una comisión investigadora, disgustaron a Maragall.

El Gobierno catalán no se esperaba ayer que el balón de oxígeno en esta crisis le llegara desde la oposición, en concreto del Partido Popular. La propuesta de Josep Piqué de celebrar un pleno específico frena, de momento, un frente común de populares y Convergència i Unió para reclamar el cese del consejero de Política Territorial y Obras Públicas, el socialista Joaquim Nadal, y crear una incómoda comisión de investigación por la vía de urgencia.

La celebración del pleno extraordinario también permite al Gobierno tripartito y al PP evidenciar aún más el aislamiento de Convergència i Unió en la Cámara, pues ninguno de los grupos apoya sus demandas. Incluso, en el hipotético caso de que se gestara esta comisión de investigación, los nacionalistas tampoco tienen ante sí un camino fácil, puesto que el PP exigirá que se investigue "de principio a fin qué ocurrió en el Carmel", lo que también implicaría fiscalizar cómo se gestó el proyecto de la obra, que coincidió con la última etapa de CiU al frente del Gobierno catalán.

Los partidos del tripartito y el propio Ejecutivo tienen claro que la ciudadanía necesita conocer todo lo que sucedió realmente en el Carmel. Pero apuestan por esclarecer los hechos, salvo circunstancias imprevistas, en un pleno monográfico en el Parlament, tal como propuso el PP.

La iniciativa de Piqué le fue como anillo al dedo al Gobierno de Maragall. Por una parte, permite al consejero de Obras Públicas cumplir su compromiso de comparecen en la Cámara antes de tres semanas una vez haya compilado toda la documentación. Por otra, el Gobierno de Pasqual Maragall gana un poco más de tiempo para resolver la crisis abierta sobre el terreno.

Una vez se celebre este pleno -previsiblemente antes de tres semanas-, los tres grupos de izquierda analizarán si las investigaciones deben continuar en una comisión, que CiU viene reclamando insistentemente. Esquerra Republicana e Iniciativa per Catalunya Verds no se han cansado de repetir en los últimos días que el Gobierno ha afrontado bien la crisis, pero que se necesita llegar al fondo de la cuestión.

Marcha atrás del ministro

Pasqual Maragall quiso contentar ayer a todos los grupos y fue contundente al proclamar en el hemiciclo que habrá "transparecencia, luz y taquígrafos, incluso a nivel parlamentario". No obstante, el presidente solicitó tres semanas para acabar de reunir todos los expedientes, ya que los primeros estudios de este proyecto datan de 1999, cuatro años antes de la llegada del tripartito al Gobierno catalán.

La necesidad o no de crear una comisión de investigación, sin embargo, abrió ayer un nuevo conflicto entre el Ejecutivo de Pasqual Maragall y el Gobierno central. El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, que el pasado martes se paseó por el Carmel con Maragall, defendió, en declaraciones a Antena 3 Televisión, la necesidad de crear una comisión parlamentaria para dilucidar lo sucedido tanto desde el punto de vista técnico como político. Sevilla, sin embargo, rectificó horas después sus declaraciones y afirmó que con sus palabras no había querido referirse a la necesidad de crear una comisión parlamentaria, sino a terminar las investigaciones ya anunciadas por el consejero Nadal.

Las primeras declaraciones del ministro, sin embargo, no gustaron en absoluto al presidente catalán, que, como el conjunto del Gobierno tripartito quiere manejar esta crisis sin interferencias ni injerencias de otras instancias políticas. Sin que nadie se lo preguntara explícitamente, Maragall cerró su intervención en la sesión de control del Ejecutivo con un seco: "El ministro tiene menos información de la que tenemos nosotros". La rectificación posterior de Sevillla ayudó a calmar los ánimos.