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Vivienda asegura que no negociará "ni una enmienda" con Batasuna

La consejería no debatirá "en secreto" la ley de Suelo con SA

El Departamento de Vivienda no negociará con Sozialista Abertzaleak (SA), el grupo parlamentario de la ilegalizada Batasuna, "ni una enmienda" al proyecto de ley de Suelo, según aseguró a este periódico un portavoz oficial del mismo. "Batasuna tendrá que decidir lo que vota el día 18", fecha en que se celebrará el pleno sobre la ley estrella de Vivienda, añadió.

Este portavoz de la consejería que dirige Javier Madrazo no aclaró, sin embargo, si se va a celebrar finalmente la reunión ofrecida el pasado martes por el viceconsejero, Javier Dean, al portavoz del grupo radical, Joseba Permach, y para la que éste último propuso el día de hoy. Las mismas fuentes del Gobierno señalaron que, de producirse, esa reunión será pública y se anunciará de antemano. "No habrá ninguna reunión secreta ni confidencial", aseguraron.

Dean dirigió su propuesta de sentarse a discutir el proyecto a Permach después de que éste se mostrara dispuesto a la negociación, una vez que el PSE-EE, el único grupo que en su día no enmendó a la totalidad la ley, retiró sus enmiendas parciales y anunció su voto negativo en el pleno. Los socialistas consideran que el debate no ha reunido las mínimas condiciones a causa del acelerón que el tripartito ha dado al trabajo parlamentario después de acortarse en un mes la legislatura.

La explicación oficial de Vivienda a esta actuación de su número dos es que Dean se dirigió a Permach movido únicamente por la queja expresada por éste durante el debate en comisión porque el departamento no les hubiese presentado el contenido de la ley como hizo con los demás grupos.

Las fuentes de Vivienda consultadas añadieron: "Si el departamento se tiene que entrevistar con Batasuna lo hará, pero no para negociar con ellos, sino, igual que con el resto de los grupos, para facilitarles toda la información que deseen sobre la ley, si es que la desean".

Tanto EA como el PNV manifestaban ayer posiciones contrarias a esa negociación. José Antonio Rubalkaba, parlamentario y miembro de la ejecutiva nacional del PNV, se mostró particularmente tajante en declaraciones a EL PAÍS: "Nosotros no vamos a respaldar esa negociación". El Gobierno necesita, al menos, la abstención de Batasuna para sacar adelante el proyecto. El grupo independentista enmendó la ley a la totalidad en su momento y mantuvo un discurso extremadamente duro sobre ella.

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Vivienda se encuentra negociando el voto de la parlamentaria foralista, Enriqueta Benito, cuyo apoyo, con contrapartidas todavía por conocer, "no está cerrado", pero parece "muy factible". Sin un acuerdo con Batasuna, es previsible que la ley llegue así a pleno con el apoyo de 37 votos, los mismos que sumaría toda la oposición.

El portavoz del Grupo Popular, Leopoldo Barreda, acusó al Gobierno y a los tres partidos que lo sustentan de haber tomado como "costumbre" pactar con Batasuna para sacar adelante los proyectos de ley más importantes.Mientras, los alcaldes socialistas criticaron ayer la gestión de la consejería en el programa de alquiler de viviendas vacías, Bizigune. Los ediles exigieron más transparencia y participación de los ayuntamientos y censuraron que se use para realojar familias de zonas conflictivas en municipios donde no gobierna el tripartito.

El alcalde de Portugalete, Mikel Cabieces, señaló que el caso "más claro" se ha dado en su municipio, donde se ha asentado una familia llegada a través de Bizigune desde Sestao -donde gobiernan PNV, Ezker Batua y una plataforma vecinal- y, en concreto, de una zona "definida por Madrazo y sus compañeros como conflictiva". Ante estas situaciones, los primeros ediles socialistas reclamaron información sobre las ayudas con que cuentan estas familias y los consistorios "que, sin saberlo, se convierten en sujetos de acogida".

El primer edil de Barakaldo, Tontxu Rodríguez, quien leyó un comunicado en nombre de todos sus compañeros, se quejó de que los ayuntamientos desconozcan la lista de interesados en alquilar viviendas vacías, el numero de estos pisos en sus propios municipios, las bases de adjudicación ni el listado de adjudicatarios. Rodríguez afirmó que tampoco saben las localidades que están excluidas de Bizigune por falta de demanda.

Por otro lado, Vivienda y el Ayuntamiento de Sestao presentaron ayer el acuerdo que han alcanzado sobre el plan de regeneración del municipio, pendiente desde los 90. El proyecto, que es rechazado por la oposición local y apoyado por el equipo de gobierno, incluye la rehabilitación de media docena de barrios, lo que supondrá el derribo de cerca de 400 viviendas. Las primeras actuaciones se desarrollarán en las zonas de la Vega Galindo y Txabarri-El Sol, donde se construirán 1.350 viviendas, de ellas 950 de protección.

La intención es que el proyecto, que supone un complemento al impulsado por la Diputación para crear suelo industrial, esté culminado en 2010.

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