El Fondo de Garantía rechaza pagar los 1.122 millones exigidos por un juez

El Fondo de Garantía de Depósitos (tutelado por el Banco de España y la banca) alertó ayer de que si paga 1.122 millones de euros al ex propietario del Banco de Valladolid, intervenido en 1978 por atravesar una situación cercana a la quiebra, "causaría un grave perjuicio a todos los ahorradores del sistema bancario nacional", cuyos depósitos "correrían grave riesgo" si algún banco entrase en crisis. El FGD, tanto de los bancos como de las cajas o el de las cooperativas, garantizan a todos los clientes hasta 20.000 euros de sus depósitos en caso de quiebra de la entidad.

Por eso, el Fondo advirtió ayer, en una "declaración institucional", que si prospera el

auto de Joaquín Ebile Nsefum de 17 de enero pasado, titular del Juzgado número 4 de Madrid,

el FGD se vería descapitalizado, por lo que tendría difícil cumplir su misión.

Según las últimas cifras publicadas por este organismo, su patrimonio asciende a 1.580 millones de euros, con lo que el pago de esta indemnización dejaría sus activos en sólo 460 millones. Esta situación exigiría que, de inmediato, los bancos -e, indirectamente, sus clientes- comenzaran a aportar nuevos fondos para reponer el patrimonio.

Decisiones drásticas

Con estos antecedentes, el Fondo ha tomado decisiones drásticas. Para que este "error judicial" no llegue a consumarse, el FGD ha anunciado que está utilizando y utilizará cuantas iniciativas legales considere adecuadas en defensa de su patrimonio. Entre estas iniciativas, que incluyen acusaciones muy graves, están dos recursos de reposición por infracciones legales y procesales en su tramitación.

También ha solicitado la suspensión del procedimiento y del requerimiento de pago y ha pedido que se le permita consignar avales en lugar de dinero en metálico. Si fuera condenado a poner efectivo, el FGD debería vender casi toda su cartera de deuda pública del Estado. Al ser una cantidad tan importante, incluso podría afectar a la cotización de estos valores.

En conclusión, el Fondo ha decidido no "consignar el dinero requerido por el juez", pese a a que el plazo concluyó ayer. La institución no quiere, de ninguna manera, que esta enorme cantidad acabe en manos de López Alonso, ya que está convencida de que sería imposible recuperarla, aunque la justicia acabe reconociendo el error del auto. Este periódico no logró ayer recabar la opinión de López Alonso.

El FGD, que ha presentado escrito de oposición a la ejecución del auto, así como dos recursos de reposición por infracciones legales y procesales en su tramitación, estima que atender el pago "desorbitado" supondría reconocer el derecho de López Alonso a percibir, 27 años después de la crisis de la entidad, una indemnización multimillonaria "por haber aportado unos bienes que sólo sirvieron para cubrir parcialmente sus propias deudas y las de su grupo, que él afianzaba".

Ataques a López Alonso

También sostiene esta institución que López Alonso (condenado por librar letras falsas junto a José María Ruiz-Mateos, según el FGD), utilizó la entidad en provecho propio financiando sus empresas y negocios con los ahorros de los depositantes y conduciendo al Banco de Valladolid a una grave crisis patrimonial de liquidez. "Todo ello, sin considerar los costes que causó su arbitraria y deficiente gestión al frente del Banco de Valladolid", subraya el FGD.

El agujero de López Alonso, según el Fondo, es el siguiente: el saneamiento del banco costó 65,6 millones de euros, a lo que hay que añadir el capital que tuvo que suscribir la entidad saneada, que asciende a 26,4 millones. Además, el FGD tuvo que aportar 4,3 millones más por "las deudas contraídas por López Alonso, sus familiares y su grupo de empresas", porque los bienes entregados por el ex dueño del Banco de Valladolid no fueron suficientes para hacer frente a la situación.

Pese a estas actuaciones, el Fondo recuerda, en el escrito de oposición a la ejecución del auto presentado el viernes pasado, que el juez Ebile dictó un auto en 2003 por el que "reconoció un derecho a una indemnización dineraria por valor de 26,5 millones", que ya cobró López Alonso. Este hecho sirve al FGD para recordar que el ex propietario del Banco de Valladolid cobró este dinero el 22 de diciembre de 2003, "cuando la notificación a los procuradores de las partes "se hizo el 24 de diciembre". A continuación lanza una dura acusación contra el juez y el indemnizado: "Esto pone de manifiesto que Domingo López Alonso obtiene información de las actuaciones del juzgado por conducto diferente y preferente al procurador que le representa, lo que propició que pudiera cobrar esta suma tan importante".