La búsqueda de la verdad y la justicia en Chile debe continuar

Ex presas y ex presos políticos de la dictadura militar chilena hacemos pública nuestra opinión sobre las declaraciones del presidente Ricardo Lagos, publicadas el 5 de diciembre en EL PAÍS bajo el título: "Nos hemos atrevido a mirar la verdad sin esconderla debajo de la alfombra".

Como bien lo señala el señor presidente, Chile se caracteriza por ser el país "de los terremotos". Pero más importante que ello, nuestro país se hizo conocer en el mundo, sobre todo, por el proceso social que llevó a Salvador Allende a la presidencia de la República, lo que permitió los mil días del Gobierno de la Unidad Popular desde 1970.

La opinión pública internacional fue sacudida enseguida por la interrupción de este proceso vía un violento golpe de Estado y la instauración de una dictadura militar.

El Estado chileno tiene el deber de juzgar a los responsables y de castigar a los culpables

Más tarde, los ojos del mundo se fijaron, el 16 de octubre de 1998, en Inglaterra, durante la detención del dictador Pinochet, como consecuencia de una demanda de extradición de la justicia española con el fin de juzgarlo por sus crímenes. Este "terremoto" sacudió enteramente nuestro país y principalmente su clase política, confortablemente instalada en una interminable "transición hacia la democracia". Hoy, esta misma opinión pública sigue con atención los pasos de la justicia chilena para juzgar a Pinochet y a sus cómplices en su país.

A pesar de la afirmación del señor presidente sobre la responsabilidad de los agentes del Estado en las exacciones cometidas por los militares chilenos, ésta ha sido ampliamente conocida por la población, vista la extensión y duración de la represión, y esto también gracias al trabajo de memoria y a la denuncia constante hecha por las organizaciones chilenas e internacionales de derechos humanos. Desde hace treinta años, a pesar de la negación, del ocultamiento de los hechos, de la defección del Estado concerniendo estos derechos esenciales y las múltiples tentativas para cerrar las demandas de justicia, la verdad está resurgiendo.

Si bien el Informe Valech, recientemente entregado al presidente chileno, ha considerado el testimonio de 35.000 personas, ello no constituye una experiencia sin precedentes en el mundo, como lo señala el presidente. Otras iniciativas similares han sido realizadas en Argentina, Uruguay y en África del Sur. Aún más, como consecuencia de la falta de información, tanto en Chile como en el extranjero, numerosas personas no supieron que podían testimoniar y aquellos que, en el marco de la Operación Cóndor, estuvieron presos en el extranjero no fueron tomados en cuenta.

Este informe, en sus recomendaciones, hace proposiciones sobre la reparación a las víctimas, que finalmente no fueron tomadas en consideración por el señor presidente. La no conformidad del Estado chileno con las normas internacionales sobre este sujeto es lamentable y la explicación dada por el presidente chileno (esta reparación es "modesta" e "insignificante", pues nuestro país es "insignificante") no está a la altura de las expectativas, ni de su investidura. Es vergonzoso que este Estado entregue una indemnización "anti-stress" a los militares torturadores y que entregue también el 10% de los ingresos de la venta del cobre a la Fuerzas Armadas, a pesar de conocer la situación de las víctimas y los estragos socio-económicos que el modelo neoliberal provoca en los sectores más desfavorecidos de la población chilena. He aquí recursos considerables a utilizar correctamente, evitando de paso una carrera armamentista en América Latina.

Si bien el Informe Valech constituye una contribución a la búsqueda de la verdad, desgraciadamente sus conclusiones se agregan a otras tentativas para cerrar definitivamente las demandas de justicia de las víctimas. En el actual clima de arrepentimientos y de mea culpas, las organizaciones chilenas e internacionales de derechos humanos tratan, tenazmente, de impedir que la impunidad siga progresando.

Los conceptos de verdad, justicia y reparación, de los cuales habla el señor presidente, no han sido una referencia obligatoria en las diferentes etapas de resolución de los problemas de estos derechos. Basta analizar el número de militares en proceso o condenados, durante todos estos años, para constatar que estas nociones han sido escasamente consideradas:

- Si bien el Informe Rettig en 1991 ha considerado los nombres de los detenidos desaparecidos y ejecutados, el establecimiento de los procesos judiciales no comenzó más que 10 años más tarde.

- En 1999, en la "mesa de diálogo", a pesar del reconocimiento de violaciones de derechos humanos por las Fuerzas Armadas, las informaciones brindadas por los militares no han permitido encontrar los cuerpos de los detenidos desaparecidos.

- En 2000, a pesar del acuerdo de extradición de Pinochet en España pronunciado por la Corte Suprema de Inglaterra y la tentativa lanzada por el juez Guzmán en Chile, el dictador fue autorizado a regresar al país y aún no ha sido juzgado. Es el mismo consenso político de la época y las mismas supuestas "razones médicas-humanitarias" utilizadas en Londres y en Santiago que le han permitido escapar a la justicia.

- La Ley de Amnistía de 1978, que favorece a los militares responsables de exacciones, no ha sido abrogada y solamente una pequeña parte de procesos judiciales, en relación con estos crímenes, ha progresado. Amnistía Internacional ha señalado en varias ocasiones que esta ley es incompatible con el derecho internacional relativo a los Derechos Humanos y con las obligaciones del Estado chileno. El Estatuto de la Corte Penal Internacional y la Convención sobre las Desapariciones forzadas no han sido ratificadas por Chile y esta última infracción constituye un argumento bastante utilizado por los jueces para liberar a los militares de sus responsabilidades.

Efectivamente, como el señor presidente lo señala, la prisión política y las torturas han constituido una política institucional de Estado. Pero la existencia de prisioneros políticos chilenos y mapuches, hoy en Chile, es un hecho indiscutible; además, diferentes informes de Amnistía Internacional dan cuenta de la práctica de torturas al interior de las prisiones y comisarías chilenas. Los prisioneros políticos fugados de las prisiones (año 1990) y otros condenados a penas de exilio están en la imposibilidad, por decisión de la justicia, de volver al país.

Sobre el trabajo de esta Comisión y la publicación de su informe, debemos señalar que el acto más importante, para responder al dolor de las víctimas, no ha sido realizado, pues sus conclusiones no han sido traducidas en acciones de justicia y los torturadores no han sido identificados. Aún más, la confidencialidad garantizada por ley por una duración de 50 años no contribuye a la búsqueda de la verdad y consagra la existencia de la impunidad. Por su carácter sistemático y su considerable extensión, los delitos de tortura cometidos bajo el régimen militar son crímenes contra la humanidad y, como tales, son imprescriptibles. El Estado tiene el deber de juzgar a los responsables y de castigar a los culpables.

Finalmente, estimamos que una dimensión ética de la política, considerando las lecciones del pasado, debería justamente conducir a actuar con transparencia y coraje ante situaciones como aquellas que vive el país hoy día.

Como el señor presidente lo señala, nosotros pensamos que para jamás revivir este pasado trágico de nuestra historia, jamás debemos olvidarlo, ni ocultarlo, ni negarlo. El deber y trabajo de memoria, la búsqueda de la verdad y la justicia deben continuar. Con este fin, haremos conocer al país los nombres de los torturadores y continuaremos presentando ante los tribunales las querellas criminales por torturas y secuestros que correspondan, acompañadas de demandas civiles contra el Estado, hasta obtener satisfacción.

La dignidad debe ser restituida a todos aquellos que contribuyeron duramente y valientemente a terminar con las horas negras de la dictadura militar.

(*) Firman este artículo, junto con Héctor Zavala Leiva y Carlos López Fuentes, otros 90 ex prisioneros políticos de la dictadura de Augusto Pinochet y cuatro asociaciones de ex presos políticos chilenos.