Una auditoría revela que las empresas públicas no cumplen leyes ambientales

El cumplimiento por las empresas públicas de las obligaciones legales relacionadas con el impacto medioambiental al promover obras fue "bastante deficiente" entre 1998 y 2002, si bien desde 2000 mejoró al trasponerse directivas comunitarias, según un informe del Tribunal de Cuentas. Entre las obras públicas que vulneraron dichas exigencias destacan la ampliación del aeropuerto de Madrid Barajas y la línea del AVE Madrid-Lleida.

El informe concluye que, en general, los proyectos de las empresas estatales sometidos a evaluación de impacto medioambiental que incluían medidas protectoras, correctoras o compensatorias, "no se ha acreditado debidamente que se hayan adoptado todas las medidas propuestas y exigidas en las correspondientes declaraciones de impacto ambiental".

Otra crítica que formula el tribunal es que los gastos medioambientales realizados por las empresas estatales "se han limitado en la mayoría de las ocasiones a los originados por la elaboración de los estudios de impacto ambiental previos a la aprobación de los proyectos" El informe añade que las empresas no realizaron "otros gastos de naturaleza medioambiental que consten de una manera diferenciada como destinados a la aplicación de medidas protectoras, correctoras y compensatorias".

Prueba tal opacidad el hecho de que las cuentas anuales de 2002 de las empresas estatales no recogen, con carácter general, información detallada de los aspectos medioambientales. Por ello, el Tribunal de Cuentas recomienda que "las empresas estatales antes de la aprobación definitiva de sus proyectos de obras, ampliaciones y modificaciones deberían someterlos en todos los supuestos a la consideración del órgano medioambiental competente".

En este sentido, el informe cita a la empresa Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), que debe solicitar la declaración de impacto ambiental para todas las obras que realice en los aeropuertos. Sin embargo, de 18 importantes proyectos en otros tantos aeródromos, "sólo tramitó el expediente de impacto medioambiental que corresponde a las obras de ampliación del aeropuerto de Madrid-Barajas".

El informe destaca que las cuenta de AENA no proporcionan información sobre cumplimiento de las previsiones de gastos por tal concepto. "En todo caso, AENA no cumplió la obligación de constituir el fondo para el plan de aislamiento acústico de las viviendas con un mínimo de seis millones anuales hasta la finalización de las obras", añade.

AENA es también objeto de reproche por no haber enviado a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente documentación diversa (programa de suelos contaminados, recuperación medioambiental e integración paisajística, medidas de compensación sobre la cuenca de los ríos Jarama y Henares, entre otras).

El Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF) recibe críticas sobre las obras de la línea de AVE Madrid-Lleida. El informe constata que no había nada que objetar del trazado elegido, siempre que la construcción cumpliese las medidas protectoras, correctoras y de integración medioambiental aprobadas por Medio Ambiente. El programa de vigilancia ambiental preveía la remisión de informes para acreditar su cumplimiento. Sin embargo "el GIF no ha remitido el programa de vigilancia medioambiental por lo que no se ha podido comprobar si su contenido se ajustaba al condicionado de la declaración de impacto".

La Dirección General de Política Ambiental requirió información al GIF sobre niveles sonoros previstos, ubicación de vertederos y otros posibles trazados. "El GIF no ha aportado ningún informe o documentación para acreditar cómo fue atendida esta solicitud". Y se citan omisiones sobre reconocimientos de yacimientos arqueológicos, protección de fauna o reducción de ruidos.