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Tribuna:EL FUTURO DE AMÉRICA LATINA
Tribuna
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El momento de Bolivia

Bolivia está viviendo un prometedor momento de profundos cambios que no siempre se interpretan debidamente. Las fotografías de los conflictos que se viven no permiten ver la película de un proceso mucho más esperanzador que inquietante. Nuestro país está viviendo a la vez diferentes transiciones. En primer lugar, estamos transitando desde una democracia, muy perfectible, basada en pactos partidocráticos de fuerte contenido prebendario, a una democracia mucho más inclusiva y participativa basada en la renovación y fortalecimiento del mapa de actores políticos. En segundo lugar, estamos transitando de un Estado centralista a un Estado descentralizado y de las autonomías. En tercer lugar, estamos tratando de crear las condiciones institucionales y de seguridad jurídica que nos permitan ir superando los capitalismos de camarilla, los corporativismos y la informalidad económica y laboral e ir generando así una ciudadanía democrática no sólo en lo político sino también en lo económico y social. Finalmente, estamos transitando desde un concepto de país uniforme a otro multiétnico y pluricultural en búsqueda de la superación de la histórica desigualdad de base étnica y económica.

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En todos estos ámbitos, Bolivia viene progresando desde que en 1982 se iniciara un proceso de democratización. Desde 1985 hasta avanzados los años 90, Bolivia fue portaestandarte de la cooperación internacional al desarrollo: nos democratizábamos, nos incorporábamos a importantes reformas estructurales, privatizando y capitalizando empresas, nos estabilizábamos económicamente, nos descentralizábamos y creamos la participación popular y la ley de descentralización; tratábamos de racionalizar el aparato del Estado con la nueva gestión pública, intentábamos reformar el poder judicial, incluíamos el mérito en la función pública, transparentábamos la contratación administrativa, desarrollábamos planes nacionales de integridad, incorporábamos programas importantes de erradicación de la coca y del narcotráfico y un largo etcétera.

La pregunta es, pues, ¿por qué todo este esfuerzo reformista y no obstante los avances logrados no ha sido capaz de situarnos firmemente en el camino del crecimiento duradero con superación de pobreza y desigualdades?, ¿de dónde procede y cuál es el sentido de la conflictividad actual?

En primer lugar, porque la aplicación del modelo económico derivado del Consenso de Washington, que era el saber convencional sobre desarrollo de un momento (1989), sólo ha resultado en los países donde se daban determinadas condiciones institucionales, lo que no era el caso de Bolivia. En segundo lugar, porque las reformas fueron impulsadas desde un Estado y un régimen democrático cuya gobernabilidad se basaba en los pactos entre los líderes de partidos políticos, personalistas y de débil institucionalidad, articulados en base al manejo patrimonial prebendario y clientelar del Estado.

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Este sistema funcionó generando avances interesantes hasta 1998. A partir de este momento, la conjunción de una coyuntura exterior adicionada a la pérdida de liderazgo e impulso reformista genera una crisis económica y política de largo alcance. Nuevos conflictos hicieron emerger nuevos actores sociales y políticos. Los hechos de febrero y octubre de 2003 demostraron que el país vivía ante todo una crisis institucional y política. El régimen partidario de democracia pactada ya no podía contener las movilizaciones y los nuevos actores imponían su demanda de una Asamblea Constituyente y del control nacional del recurso estratégico para el desarrollo de Bolivia: el gas.

El 17 de octubre de 2003, el entonces vicepresidente de la República, Carlos Mesa Gisbert, asumió la Presidencia de la República con un programa de transición consistente en garantizar la normalización y el avance democráticos, celebrar un referéndum sobre el gas, cortar el deterioro y reactivar la economía, asegurar el funcionamiento de la Asamblea Constituyente y, con todo ello, dotar al país de un sistema de gobernabilidad democrática mucho más inclusivo, participativo y eficaz que el anterior. Obviamente tenían que ser muchas las fuerzas interesadas en abortar este proceso, explotando una conflictividad desbordada y con la intención de que la ingobernabilidad obligara a la renuncia del presidente. Su objetivo ha sido sin duda que no se llegara a la Asamblea Constituyente. Pero se han encontrado con la sorpresa de que Bolivia ya no es lo que era y que los métodos de la vieja política tienen un alcance limitado.

El presidente Mesa va avanzando con flexibilidad y determinación en su programa. A la conflictividad se responde con diálogo, concertación y respeto, sin violencia; no hay heridos ni muertos; Bolivia sigue siendo uno de los países más seguros y hospitalarios de América del Sur. El referéndum sobre el gas del 18 de julio del año 2004 se ha celebrado exitosamente y el Congreso está en la fase final de elaboración de la Ley de Hidrocarburos. El 5 de diciembre de 2004 se celebraron las elecciones municipales de las que surgieron nuevos liderazgos políticos en las principales ciudades del país. Es importante anotar que en los últimos acontecimientos 9 alcaldes de las 9 ciudades principales de Bolivia, mediante un comunicado, expresaron su apoyo al presidente y a favor del proceso hacia la Asamblea Constituyente. Los trabajos sobre la Ley de Convocatoria de la Asamblea Constituyente están por finalizar, socialmente el país ha crecido económicamente al haberse producido el año pasado el récord de exportación en los sectores no tradicionales y más reductores de pobreza. Finalmente, el sentimiento y la demanda autonomista que lidera Santa Cruz están encontrando también su cauce institucional. El presidente Carlos Mesa viene declarando desde hace tiempo ser partidario decidido de las autonomías, y así lo han hecho también las Fuerzas Armadas siempre que se respete la Constitución y la unidad nacional; por su parte, los autonomistas cruceños nunca han planteado la independencia ni la secesión, sino que se les den garantías de que los constituyentes considerarán sus derechos y los de los otros departamentos bolivianos a la autonomía.

El Gobierno del presidente Mesa y los líderes cruceños han tenido en cuenta sin duda la experiencia española de las preautonomías y de ahí el resultado del actual acuerdo: será la constituyente quien defina de modo acabado el sistema autonómico; pero se recurre ya desde ahora a un proceso preautonómico que se expresa en la posibilidad de un referéndum vinculante sobre autonomías y de la elección de los prefectos. Con estas medidas, se afirma una cultura política de gestión pacífica de los conflictos y de concertación, ganándose en legitimidad y viabilidad del proceso constituyente.

El 6 de agosto próximo comenzará a sesionar en la ciudad de Sucre, nuestra capital histórica, la Asamblea Constituyente. En el año 2007 el presidente Mesa traspasará sus poderes a un nuevo presidente dentro de la más estricta normalidad constitucional y democrática. Pero ya no será la misma democracia: se habrá preparado el gran salto hacia la plenitud del Estado de derecho, el control nacional de los recursos naturales y la apertura internacional para su explotación. La economía productiva basada en mercados eficientes e internacionalizados, el ejercicio de los derechos de nuestros conciudadanos indígenas, las autonomías de departamentos y municipalidades y, finalmente, un nuevo mapa de partidos políticos renovados e institucionalizados.

En un país de diversidad y grandeza tan sobrecogedoras y de contradicciones tan fuertes no deja de maravillar esa disposición de nuestra gente al diálogo y al acuerdo que no han podido lograr otros países con condiciones iniciales mucho más favorables.

Éste es un gran activo de nuestro pueblo, que sí entiende el esfuerzo de nuestro Gobierno y su presidente, que goza de uno de los índices de aceptación más elevados de América del Sur. Muchos de ustedes conocen y quieren Bolivia. En España ya casi somos 100.000. Sabemos que somos esforzados y confiables. Entiéndannos allí. Acójannos aquí.

Teresa Ossio Bustillos es embajadora de Bolivia ante el Reino de España.

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