Una juez declara inconstitucionales los juicios de Guantánamo

Una juez federal de EE UU reafirmó ayer el derecho de los detenidos de Guantánamo a recurrir sus casos ante la justicia norteamericana, contradiciendo el dictamen de otro magistrado que se lo denegó. Ambas son interpretaciones de un mismo y ambiguo fallo del Tribunal Supremo que concede a los detenidos la posibilidad de solicitar su liberación mediante recursos de hábeas corpus en una jurisdicción federal, pero sin garantizarles que se vayan a tramitar.

La juez Joyce Hens Green no sólo rechaza la petición del Gobierno de George W. Bush de que se desestimen las apelaciones de los detenidos, sino que declara "inconstitucional" el proceso establecido por el Pentágono denominado Tribunales de Revisión del Estatus de Combatiente Enemigo. El Gobierno creó esos tribunales administrativos en supuesto cumplimiento de la orden del Supremo, pero el fallo de ayer deja en el aire su validez.

"El procedimiento de esos tribunales es inconstitucional porque no conlleva garantías procesales", dijo la juez Green en un dictamen de 65 páginas, que no escatima críticas al Gobierno. En concreto, le reprocha que los sospechosos de terrorismo tengan que comparecer sin abogado y que se les impida acceder a pruebas que, potencialmente, pudieran exonerarlos, bajo la excusa de que pueden poner en peligro la seguridad nacional.

"Por supuesto que sería más fácil para el Gobierno librar la guerra contra el terrorismo si pudiera recluir a todos los combatientes enemigos en Guantánamo sin tener que respetar los derechos constitucionales de los detenidos", sentencia la juez. "En suma, no debe existir duda de que la Quinta Enmienda ejercida por los detenidos de Guantánamo en este recurso, el derecho a no ser acusados sin garantías procesales, es uno de los derechos más fundamentales reconocidos en la Constitución".

El caso sobre el que ayer se pronunció Green se deriva de las peticiones de hábeas corpus de 50 detenidos, pero, de ser refrendado por el Supremo o en su defecto por un tribunal de apelaciones, el ámbito de aplicación se extendería automáticamente a toda la población reclusa de la base de Guantánamo, de unos 545 sospechosos de terrorismo, que han estado en un limbo legal desde enero de 2002.

Los abogados que les han representado ante Green, pertenecientes al Centro para los Derechos Constitucionales, celebraron la victoria, aunque agridulce, como el "triunfo del imperio de la ley y los derechos humanos en una democracia como la nuestra".

Los abogados del Pentágono han defendido la autoridad para detener indefinidamente a los sospechosos, argumentando que las garantías constitucionales no son aplicables a combatientes enemigos capturados fuera de EE UU, y que sus recursos deben desestimarse. Hace dos semanas, el juez de origen cubano Richard León les dio la razón al dictaminar que los recursos de hábeas corpus no se fundamentaban en una teoría legal viable, por lo cual el foro apropiado para resolver esas peticiones eran los "tribunales militares de revisión del estatus de combatiente enemigo", los mismos tribunales que ayer echó por tierra la juez Green.

Además de los ahora cuestionados tribunales de revisión del estatus de combatiente enemigo, en Guantánamo se sigue otro proceso paralelo de tipo administrativo -evaluación anual de peligrosidad-, así como juicios militares. Estos últimos están en suspenso por decisión de otro juez federal, James Robertson, que hace dos meses los declaró inconstitucionales porque "deniegan derechos básicos". El Gobierno ha apelado.

Desde que abrieron el penal de Guantánamo, hace tres años, han salido del centro 207 detenidos, 146 de ellos liberados y 61 entregados a otros gobiernos. Sólo dos han sido puestos en libertad por los tribunales de revisión del estatus de combatiente enemigo.