"Si se rechaza, decide el Parlamento vasco"

1. En primer lugar, conviene recordar que esta propuesta [el plan Ibarretxe] ha sido aprobada por una mayoría absoluta en el Parlamento vasco y que su tramitación ha sido realizada siguiendo de manera expresa los términos recogidos en el artículo 46 del Estatuto de Autonomía del País Vasco, en cuanto a su iniciativa, debate y aprobación en el Parlamento con las mayorías requeridas. Todos los representantes de la ciudadanía vasca han podido participar, algunos lo hemos hecho, otros no han tenido esa voluntad. Por ello, en primer lugar, el Congreso de los Diputados debiera dialogar y negociar.

A este respecto, debe seguir el trámite oportuno, remitir el proyecto a la Comisión Constitucional para que en el plazo de dos meses lo examine con el concurso y asistencia de una delegación del Parlamento vasco y determine de común acuerdo su formulación definitiva.

2. La aprobación de este proyecto no implica necesariamente una reforma constitucional. Expertos constitucionalistas así lo han declarado como el Sr. Herrero de Miñón, constituyente, quien entiende que sus contenidos caben en el marco jurídico-constitucional. Cabe recordar que la propia Constitución recoge una especificidad para Euskadi en el reconocimiento de los derechos históricos vascos, una vía perfectamente posible para profundizar en el autogobierno. Si se niega potencialidad alguna en ese reconocimiento constitucional, habría que concluir que el mismo fue para algunos pura retórica y fraude para Euskadi.

3. La Propuesta de Nuevo Estatuto Político pertenece al Parlamento vasco, única y exclusivamente, y por tanto es el Parlamento vasco quien, en el supuesto que ésta le sea devuelta sin negociación alguna, deba decidir qué debe hacerse. En ningún caso desaparece. Será el Parlamento quien decida que se mantenga, se reforme o se consulte sobre la misma a los ciudadanos vascos.