Las diputaciones vascas garantizan a las empresas la estabilidad fiscal

Responsables de Hacienda de las diputaciones y del Gobierno vasco intensificaron ayer los contactos para buscar una fórmula urgente que resuelva el vacío legal abierto por la sentencia del Tribunal Supremo que ha anulado 10 artículos del impuesto de sociedades en el País Vasco. El Supremo ha considerado que las ventajas fiscales que ofrecía a las empresas (entre ellas un tipo medio del 32,5%, frente al 35% del Estado) suponen "ayudas de Estado". En este sentido se expresaron los tres diputados generales (del PNV los de Vizcaya y Guipúzcoa, y del PP el alavés) al anunciar, en un comunicado conjunto, a las empresas afectadas por la resolución que "arbitrarán los medios oportunos para garantizar la estabilidad del sistema tributario".

Aunque la sentencia no tiene efectos sobre los ejercicios anteriores, según interpretan las haciendas forales, su aplicación causa dificultades de gestión a las empresas que no cierran el devengo del impuesto a 31 de diciembre.

El problema principal, sin embargo, es político, ya que el fallo, pese a reconocer la capacidad que el Concierto Económico da a las haciendas forales para establecer y regular su propio sistema tributario, limita en la práctica la posibilidad de instrumentar medidas fiscales apreciablemente diferentes a las aplicadas en el resto de España.

Las diputaciones están en contacto con la patronal Confebask para estudiar si cabe recurrir el fallo al Tribunal Constitucional. Fuentes jurídicas estiman que las posibilidades de que tal impugnación prospere son prácticamente nulas, aunque las Cámaras de Comercio vascas la presentarán.

A las diputaciones les quedan tres opciones: adaptar la normativa existente en territorio común; rehacerla y notificar previamente a Bruselas aquellos incentivos diferenciales que podrían constituir ayudas de Estado; o redactar otra nueva que mantenga las ventajas ahora anuladas y que sea aprobada, en vez de por las Juntas Generales (Parlamento provincial), por el Parlamento vasco.

Así sólo podría ser recurrida por el Gobierno central, y no parece que fuera a hacerlo después de que en 2000 fueran suprimidos los incentivos fiscales más polémicos.