Inmigrantes sin destino

Una de las cuestiones de más difícil gestión de las muchas que plantea la inmigración irregular es la de los que llegan a España sin documentación fehaciente sobre su identidad ni sobre su país de origen o que proceden de otros con los que España no tiene acuerdos de repatriación. Las autoridades se encuentran con la manos atadas en estos casos, en los que la Ley de Extranjería es papel mojado. Al no poder repatriarlos, se quedan en España con una orden de expulsión teórica pero inejecutable, que les convierte en los más desamparados de los inmigrantes, sin poder trabajar y abocados a sobrevivir al borde de la delincuencia.

Esta situación se produce sobre todo entre los inmigrantes del África subsahariana y afecta especialmente a Canarias, principal lugar de arribada en los últimos años. Lo cual crea un problema añadido: la concentración de inmigrantes en una zona crea una situación que desborda a sus autoridades y que debe ser asumida por el conjunto de España. Así se está haciendo a partir de 2002, habiéndose trasladado desde entonces más de 12.000 inmigrantes, sobre todo a Madrid y Málaga, y en menor número a Valencia y Murcia. Pero ni el Gobierno del PP ni de momento el del PSOE han puesto en marcha los mecanismos imprescindibles para atender a estos inmigrantes sin derechos, pero que necesitan comer y ser cuidados si caen enfermos. El Gobierno actúa por su cuenta sin coordinarse con las comunidades receptoras de los traslados, lo que dificulta la puesta en marcha conjunta de los correspondientes dispositivos asistenciales. Se trata de una política de traslados sin previo aviso que el PSOE criticó desde la oposición y que debe erradicar desde el Gobierno.

Tienen razón, pues, los presidentes de la Comunidad Valenciana y Murcia al pedir al Gobierno un tratamiento conjunto y coordinado de los traslados de inmigrantes. Pero siendo un problema antiguo, la tendrían más si esa petición la hubieran formulado también al anterior Gobierno. En todo caso, conviene que la Secretaría de Estado para la Inmigración redacte cuanto antes el protocolo de actuación prometido para abordar estos casos. Sería lamentable que el actual vacío legal diera pie a bandos tan disparatados como el del alcalde de Murcia ordenando a la policía local la caza y captura de los inmigrantes trasladados.