Reino Unido extenderá la ley antiterrorista a sus ciudadanos
El Gobierno británico anunció ayer una revisión de la legislación especial antiterrorista que contempla sustituir la detención indefinida y sin juicio de extranjeros sospechosos de terrorismo por el arresto domiciliario. Éste y otros recortes de libertad se extenderán también a ciudadanos británicos, exentos desde la introducción de los poderes excepcionales en 2001.
La reforma responde al criterio unánime de los jueces lores del máximo tribunal de apelación, que en su veredicto del pasado diciembre consideraron dicha ley "ilegal, discriminatoria y desproporcionada". Los lores jueces se pronunciaron en el recurso presentado por 11 extranjeros detenidos indefinidamente en prisión y sin perspectivas de ser llevados a juicio. Son los llamados "Guantánamo británicos", sobre los que pesa la sospecha de estar involucrados en grupos afines a Al Qaeda, pero que no pueden ser deportados a sus países de origen. El Gobierno tampoco dispone de pruebas condenatorias admisibles ante la justicia británica.
El ministro del Interior, Charles Clarke, aceptó ayer la decisión de los jueces lores y justificó las nuevas medidas de control en el estado de "emergencia pública que todavía amenaza la vida del país". "La amenaza es real y creo que con los pasos que he anunciado estaremos mejor preparados para enfrentarnos a dicha amenaza", señaló en el Parlamento.
Libertad restringida
Los retenidos seguirán en prisión hasta que se curse la reforma legislativa, probablemente el próximo marzo. Una vez excarcelados, su libertad será restringida en función de la presunta peligrosidad de cada caso. Además del arresto domiciliario, las nuevas órdenes de control incluyen la restricción en el uso de Internet y otras vías de comunicación, el recorte del derecho a la libre asociación o la vigilancia electrónica. Serán antes deportados si Londres obtiene garantías de que no serán condenados a muerte ni torturados en sus países de origen (Argelia, Egipto, Túnez y Jordania).
La reforma parece condenada a un nuevo fracaso. Los abogados de los detenidos anunciaron ayer que recurrirán su aplicación por los canales judiciales. La oposición criticó además como contraproducente la extensión de la medida a los ciudadanos británicos.
Los nuevos controles coinciden con la llegada a Inglaterra de los cuatro presos británicos de Guantánamo.
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