La población reclusa crece un 20% en tres años, según Acaip

La población reclusa de las cárceles valencianas aumentó un 19,76% en los últimos tres años, según un estudio del sindicato mayoritario en el sector Acaip. En concreto, la organización denunció la masificación que sufre la prisión valenciana de Picassent, con un nivel de hacinamiento del 196,52%.

Sólo este recinto carcelario, concentra el 42,69% de todos los internos de las prisiones valencianas. El estudio compara el censo penitenciario a fecha 6 de septiembre de 2002 con el registrado el 14 de enero de este año. Según este informe dado a conocer ayer por el sindicato, la Comunidad Valenciana es la quinta autonomía con mayor número de presos.

En los últimos cuatro años, Picassent incrementó su población reclusa en un 14,32%. La organización resalta que esta prisión alberga un gran número de internos clasificados como de primer grado, los más peligrosos. Pese al traslado de reclusos a otros recintos en noviembre, "ha vuelto a crecer peligrosamente el número".

Por su parte, el fiscal jefe de la Audiencia de Alicante, José Antonio Romero, ha advertido del "elevado número de presos en prisión preventiva" en la cárcel de Fontcalent. Según Romero, 318 reclusos, la mayoría internados por delitos de sangre, llevan en prisión provisional más de tres meses en espera de juicio. No obstante, solamente una mujer, imputada por matar a su marido, cumple en marzo los dos años de cárcel.

Romero considera la "alta" cifra un argumento sólido para reclamar un refuerzo de la plantilla de fiscales en Alicante, que actualmente asciende a 62 profesionales. El máximo responsable de la Fiscalía de Alicante advirtió de que a la saturación de trabajo que sufren los acusadores públicos como consecuencia de la elevada criminalidad, se suma la entrada en vigor de la Ley Integral de la Violencia Doméstica, en febrero. La nueva legislación obliga a nombrar a fiscales que se dediquen en exclusiva a esta tarea. En el caso de Alicante, Romero apuntó la necesidad de situar al frente de este área entre seis y siete profesionales -sólo en la provincia entre el 20 y el 30% de los asuntos es delito de maltrato-. "Si no refuerzan, la situación será insostenible". dijo.