El Gobierno del PP llevó a 12.053 subsaharianos desde Canarias a la Península en dos años

Entre enero de 2002 y abril de 2004, el Gobierno del PP trasladó desde Canarias a la Península a 12.053 inmigrantes en situación irregular. Todos eran subsaharianos y habían arribado a las islas en pateras. Fueron llevados a los centros de internamiento (CIE) de Murcia, Valencia, Barcelona, Madrid y Málaga y puestos en libertad. Ninguna de las comunidades autónomas afectadas fue avisada de su llegada. El Ejecutivo actual mantiene la misma práctica.

Los traslados de sin papeles desde Canarias a la Península fueron la salida que encontró el Gobierno del PP para aliviar la presión que los inmigrantes irregulares ejercen en la saturada sociedad del archipiélago. El Ejecutivo autónomo y el entonces secretario de Estado para la Inmigración, Ignacio González, los acordaron en 2002, aunque se venían practicando desde tiempo antes de forma extraoficial. Su principal impulsor fue el actual presidente del Cabildo de Gran Canaria y líder del PP en las islas, José Manuel Soria. Cuando era alcalde de Las Palmas, Soria llegó a ordenar la detención de los subsaharianos que dormían en los parques de la ciudad y su traslado en avión a Madrid. Hace pocos días reivindicó aquella acción.

Ni Ignacio González, que ahora es vicepresidente de la Comunidad de Madrid, ni su sucesor, Gonzalo Robles, que en la actualidad es diputado del PP, avisaron a los Ejecutivos autónomos de los traslados. Responsables de tres de los Gobiernos afectados (madrileño, catalán y andaluz) declararon en diciembre de 2003 a EL PAÍS que ni una sola vez fueron advertidos para que pudieran preparar una infraestructura de acogida. Los Ejecutivos de las otras dos comunidades afectadas (Murcia y Valencia), en manos del PP, se negaron a hablar sobre el asunto. Estos dos Gobiernos son los que ahora denuncian al Ejecutivo socialista por no coordinar con ellos los traslados.

La falta de coordinación con las comunidades autónomas fue muy criticada por la entonces secretaria de Políticas Sociales y Migratorias del PSOE y hoy secretaria de Estado para la Inmigración, Consuelo Rumí. Fuentes de su departamento han anunciado a este periódico que trabajan en la redacción de un protocolo de actuación para abordar estos casos.

Los traslados se producen cuando los inmigrantes han cumplido en las islas el plazo máximo de 40 días de reclusión que establece la ley para los extranjeros que entran en España de forma irregular y las autoridades no han podido repatriarlos, bien porque los subsaharianos carecen de documentación y sus países se niegan a reconocerlos como nacionales, bien porque España no ha alcanzado acuerdos de repatriación con sus Gobiernos respectivos. Los extranjeros son puestos en la calle con una orden de expulsión imposible de cumplir pero que les impide trabajar legalmente. Esta situación no afecta sólo a los trasladados: entre el 1 de enero de 2002 y el 14 de junio de 2004, la Administración dejó en las calles de toda España a 85.019 inmigrantes de varias nacionalidades con órdenes de expulsión.

Durante el año 2002 fueron trasladados a la Península 2.860 subsaharianos; la cifra creció hasta 6.911 en 2003, y en los cuatro primeros meses del año pasado ascendió a 2.282. La mayoría fueron trasladados a Málaga y a Madrid. Las comunidades que ahora protestan, Murcia y Valencia, ambas gobernadas por el PP, recibieron un número menor.

A pesar de la baja incidencia de los traslados en ellas, el presidente de la segunda de estas comunidades, Francisco Camps, ha dirigido una carta al ministro del Interior, José Antonio Alonso, en la que le solicita una reunión, junto con su colega murciano, Ramón Luis Valcárcel, para estudiar el asunto. Además, el PP ha pedido la comparecencia en el Congreso de los ministros de Interior y de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera.