La iniciativa del Gobierno sobre el 'plan Ibarretxe' lo califica de desafío

El Gobierno andaluz someterá a consideración de los grupos políticos en el Parlamento una proposición no de ley en la que se rechaza el plan Ibarretxe, que considera "un desafío político y legal al actual orden constitucional fruto del consenso de todos los demócratas".

"La pretensión de una alteración del orden constitucional, garantía de nuestra paz, convivencia y progreso, es algo que nos atañe a todos los españoles", dice la exposición de motivos, que añade que si eso supone una ruptura unilateral que suponga un cambio que desequilibre "la estructura de poder" del Estado autonómico y cuestiona "la igualdad básica de derechos de los ciudadanos, así como la cohesión y solidaridad entre los territorios, entonces nos sentimos concernidos también como andaluces".

También recuerda la exposición de motivos el papel de Andalucía en la construcción del Estado autonómico y aboga por "una España plural que respete la diversidad, pero refuerce nuestro proyecto común y su vocación europea y universal". La propuesta de la Junta rechaza la iniciativa del Parlamento vasco por considerarla "una ruptura del consenso constitucional, quiebra el diálogo político, procedimiento esencial de reforma de los Estatutos Autonómicos y de la Constitución española, y es una propuesta unilateral y excluyente que violenta las instituciones del Estado".

"Soberanía única"

La proposición no de ley añade que toda propuesta de reforma estatutaria "debe seguir el procedimiento establecido en el ordenamiento jurídico vigente, de acuerdo con el bloque constitucional". Los "criterios imprescindibles" que, según la Junta, debe cumplir cualquier propuesta de reforma son el respeto a la Constitución, sus procedimientos y principios básicos, como igualdad de derechos y libertades de todos los ciudadanos, unidad de España y soberanía única del pueblo español representada en las Cortes y la solidaridad entre diferentes territorios, entre otras.

También considera imprescindible la elaboración de las reformas "mediante el diálogo, sin apriorismos ni imposiciones unilaterales" y "el respaldo del máximo consenso político y social, con la garantía del respeto a la pluralidad interna de cada comunidad". La propuesta añade que el Parlamento andaluz debe trasladar a los ciudadanos que las instituciones de la comunidad "no permitirán la discriminación de Andalucía ni la insolidaridad o el privilegio de unos territorios sobre otros".