Los expertos piden sufragar la ayuda a las personas dependientes con impuestos de tabaco y alcohol

Los recursos recaudados mediante impuestos sobre el alcohol y tabaco y a través de las multas de tráfico constituyen una de las fuentes de financiación del nuevo Sistema Nacional de Atención a la Dependencia (ancianos, discapacitados) que se plantean en el Libro Blanco elaborado por el Gobierno y las organizaciones del sector, que servirá de apoyo al debate político que ahora comienza. Asuntos Sociales se ha comprometido a no elevar los impuestos para este fin, por lo que cobra peso además la posibilidad de que sea la Seguridad Social la que gestione estas nuevas prestaciones. La secretaria de Estado de Asuntos Sociales, Amparo Valcarce recordó ayer que así se recomendó en el seno del Pacto de Toledo.

En el documento elaborado por el Gobierno y las organizaciones dedicadas a las personas dependientes, se menciona la creación de un fondo estatal que se nutriría, además de con impuestos sobre el alcohol o mediante lo recaudado por las multas de tráfico, de "las cantidades procedentes de la reordenación y optimización de los recursos ya existentes en el sector". En la actualidad, la Seguridad Social gestiona las pensiones por gran invalidez por lo que hacerse cargo del resto sería simplemente extender este servicio. El Gobierno recordó ayer que el Pacto de Toledo así lo recomendó en 2003.

El Libro Blanco dedica prolijas reflexiones sobre la conveniencia jurídica de que la nueva prestación se incorpore a las que ya ofrece la Seguridad Social, si bien con financiación independiente. Menciona, entre los fundamentos jurídicos, el artículo 149.1.17 de la Constitución, que "permite establecer, mediante una ley, que la dependencia sea una contingencia más de la Seguridad Social". Es la opción recomendada por el Defensor del Pueblo y por la que se decantan "organizaciones sociales representativas de las personas mayores y de las personas con discapacidad, así como las organizaciones sindicales (CC OO y UGT)".

De ser así, la financiación del nuevo Sistema de Dependencia correría a cargo de la Seguridad Social, que gestionaría para ello un fondo estatal independiente del que ya existe para las pensiones. Quedaría por aclarar el sistema de cotización.

De decantarse por la vía contributiva el Libro Blanco recomienda arbitrar un procedimiento mediante el cual "trabajadores y empresarios financien, en los términos que se acuerden, una prestación que fuera igual para todos". Pero el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, se comprometió el jueves a que la financiación del nuevo sistema no gravaría los costes salariales.

El Libro Blanco "considera que una parte de esa carga debe recaer en los propios pensionistas", algo que dicen, "podría estudiarse". La secretaria de Estado de Asuntos Sociales, Amparo Valcarce, explicó que "esta es una cuestión que se recoge en el Libro Blanco a modo de ejemplo porque es un documento técnico donde aparecen los modelos de otros países, pero el Gobierno español en ningún momento contempla esa propuesta", aclaró.

En el Libro Blanco también se lee que si los cuidados a personas dependientes se prestan en la casa "la prestación económica sería inferior en la cuantía". Y añade: "El cuidador debería estar dado de alta en el régimen especial de autónomos o uno específico que se determine por el número de horas que suponga la prestación del servicio". Sobre esto último Valcarce matizó: "Existe la predisposición a estudiar una fórmula favorable a una cotización específica dentro del régimen de autónomos, pero no directamente dándose de alta en este régimen porque presentaría dificultades para los cuidadores", explicó Valcarce.

En el documento elaborado se recomienda, además, la "discriminación positiva" en el acceso a las prestaciones de las mujeres con discapacidad solas y/o con cargas familiares, que tengan baja o nula cualificación y escasos recursos.

El criterio sobre quiénes valorarán la situación concreta de dependencia en que se encuentra cada usuario del sistema es dejar esto en manos de un equipo mixto de Asuntos Sociales y Sanidad, que al menos en los primeros años, será gestionado de forma descentralizada.

El documento dedica un capítulo a la formación que han de tener los profesionales que trabajen con las personas dependientes en el que se insta a que se revisen los programas universitarios.