Castillejo niega que promueva una revisión del acuerdo con la Junta

El presidente de Cajasur, Miguel Castillejo, negó ayer en una entrevista concedida al Diario Córdoba, que esté detrás de los 40 consejeros que han solicitado que la asamblea ratifique la vuelta de la entidad a la tutela autonómica. Castillejo dijo que, si se llegara a votar el pacto entre la Junta y la Iglesia católica, él lo haría "a favor del convenio". El PSOE de Córdoba da por zanjada la crisis y insiste en que el pacto se cumplirá.

Son raras las ocasiones en las que Castillejo concede una entrevista, pero el revuelo que se levantó el miércoles en Córdoba requería de un posicionamiento claro del presidente de Cajasur, al margen de las declaraciones públicas que pudieran hacer algunos responsables de la entidad.

Castillejo sostiene en esta entrevista que "de ninguna manera" solicitó a los 40 consejeros que elevaran la petición al Consejo de Administración celebrado el lunes. "Me hablaron el domingo de la petición de una Asamblea, pero de lo que realmente pedían o querían me enteré el lunes a las 12.30 de la mañana, cuando presentaron el escrito en secretaría".

En este escrito, los firmantes solicitan más información sobre el acuerdo entre la Junta y la Iglesia católica, que la Asamblea de Cajasur "revoque o ratifique" el pacto y que Castillejo participe activamente en los flecos que quedan sueltos en la negociación.

Los consejeros que han realizado esta petición son, según fuentes de la propia entidad, representantes de los impositores y de los trabajadores. Castillejo reconoce que los impositores "quedaron muy inquietos" cuando conocieron que ellos serían los únicos que no podrán ser con seguridad consejeros ya que los representantes de los clientes serán reelegidos por sorteo. Pero, ¿y los seis miembros de Aspromonte que también firmaron el acuerdo, según la propia Cajasur? Aspromonte, sindicato mayoritario en la caja y fiel al sacerdote, ya hizo pública su postura en un comunicado cuando se conoció el acuerdo entre la Iglesia y la Junta: Se felicitaban, pero pedían una representación similar a la de la Diputación en la Asamblea.

Llamadas cruzadas

Además, advertían de que "todo el proceso de renovación y adaptación de los Estatutos será liderado por nuestro presidente". Quizás, estos sean los flecos sueltos que el propio Castillejo se ofrece a dialogar y negociar.

Hasta el momento, el acuerdo alcanzado entre la Junta y la Iglesia ha tenido dos interlocutores claros: José Antonio Griñán, consejero de Economía, y Juan José Asenjo, obispo de Córdoba. Si finalmente Castillejo participa de la negociación de los flecos sueltos, "cuestiones concretas" como él mismo las califica, saldría del papel secundario que hasta ahora ha ocupado. "Mi actitud desde hace mucho tiempo es de oferta al diálogo", declara el sacerdote.

Lo cierto es que el miércoles los teléfonos echaban humo. Llamadas cruzadas entre representantes de la Junta, del Obispado, del PSOE, de Cajasur... ¿Qué estaba pasando? Los socialistas veían como sus peores temores empezaban a tomar forma. ¿Estaba Castillejo intentando retrasar la aplicación del acuerdo?, se preguntaban los socialistas. El malestar también se trasladó hasta el Obispado y el propio Juan José Asenjo advirtió al presidente de Cajasur de que el acuerdo se debía cumplir.

Y Castillejo salió a la palestra, a negar que tuviera nada que ver en todo este asunto y a decir que "tal vez no hubiera ni necesidad" de celebrar la Asamblea si el Consejo de Administración encuentra argumentos convincentes "a este conjunto de peticiones que piden los asambleistas". Aunque él mismo reconoció que los estatutos marcan que la Asamblea se tienen que celebrar si un tercio de los consejeros lo reclama.

"Superada la crisis, nos creemos la versión de Castillejo", dijo ayer Almenara: "En principio, damos por zanjada esta crisis, ésta, al menos".

El presidente andaluz, Manuel Chaves, aseguró ayer que el acuerdo entre la Junta y la Iglesia sobre Cajasur no se cambiará. "Ya está todo negociado y no se va a modificar nada", subrayó. Chaves dijo que si la asamblea llegase a votar en contra del acuerdo, supondría una "moción de censura" contra el Consejo de Administración que le dio el visto bueno, pero no afectaría a lo pactado.