La batalla de la panadera

La tienda de Amparo Cebollero lleva más de 50 años vendiendo pan en el barrio de Salamanca. Antes, en su mismo edificio, en el número 6 de la calle de Lagasca, junto al Retiro, estaba el colegio La Fundación y, primero su padre y luego ella, vendieron bollos a muchos escolares del barrio. Pero ahora Amparo, que tiene un contrato de renta antigua que le da derecho a permanecer en el local "de por vida", ve su negocio amenazado.

Hace dos años, una inmobiliaria canaria, Beleyma SL, compró el edificio, y su intención es construir "pisos de lujo", según advierte en los folletos publicitarios del inmueble, rebautizado como Palacio de Bona. En el proyecto que la promotora presentó a Urbanismo, y por el que obtuvo la licencia para construir, figura que con la reestructuración del edificio se pretenden construir 29 viviendas y trasteros, sin que haya rastro de la panadería.

La tienda de Amparo ocupa la planta baja de un edificio en el que se van a hacer pisos de lujo

Es más, en el expediente de petición de licencia que figura en Gerencia de Urbanismo se comprueba que el lugar donde están la tienda de Amparo y su vivienda (unos 100 metros cuadrados en total), es en los planos un espacio destinado a los trasteros de los futuros pisos. El director general de Beleyma, Javier Cámara, asegura que, como no ha llegado a un acuerdo con la panadera, los arquitectos van a modificar el proyecto.

En teoría, la ley garantiza no sólo garantiza a Amparo que su local permanezca, sino que le otorga un "derecho de retorno" por el cual, si los trabajos en el edificio la obligan, mientras duren, a abandonar su casa por seguridad, el propietario debe garantizarle que regresará finalizadas las obras.

Cuando en julio de 2002 Amparo se enteró de que había un nuevo propietario, y que éste pensaba remodelar el edificio, le envió una carta notarial en la que le avisaba de que ella ejercitaría sus derechos. Tres meses después, cuando ya se había adquirido el inmueble, Beleyma le envió una carta en la que le decía: "Le notificaremos formalmente que respetaremos el derecho de retorno que le ampara".

Pero, según Amparo y su familia, esa notificación nunca llegó. Y ahí empezaron los problemas. Primero le llegó un operario diciéndole que tenía que abandonar el lugar, pues las obras iban a comenzar en breve. "Venían y me decían: 'Ya sabes que el lunes empezamos a derribar, y esto no es seguro", cuenta Amparo. Luego se fueron sucediendo una serie de hechos, que Amparo y su familia califican de "acoso", para que se marchara. En febrero de 2004 sufrió cortes de luz y de agua y, cuando la compañía eléctrica o el Canal de Isabel II acudían a solucionarlo, constataban que no existía avería, sino que habían sido cortes. "La inmobiliaria alegó que había obreros en el edificio y que eran fallos", cuenta Amparo, que puso varias denuncias y llegó a querellarse contra la empresa por coacciones, aunque el juez decretó que debía celebrarse un juicio de faltas.

Luego estuvo seis meses con un andamio puesto para arreglar una balaustrada, que ella asegura que nunca se ha tocado. Además, Beleyma se niega a cobrarle el alquiler, por lo que tiene que depositarlo en el juzgado. Lo último ha sido que han colocado tres bloques de hormigón ante su puerta, uno de los cuales tapa su escaparate.

Mientras tanto, ella y su familia acudieron a Gerencia de Urbanismo, que en un expediente de control de obras de marzo pasado afirma: "Consultado el proyecto aprobado por licencia, que se encuentra en esta sección, dicho local comercial no está reflejado en el mismo". También han registrado numerosos escritos de queja en el Ayuntamiento, sin respuesta.

Los arquitectos que hicieron el proyecto han desistido. En junio de 2004, el arquitecto Juan Izquierdo González de Mendoza firmó su renuncia "con motivo de confirmar ocupado el local de la planta semisótano del edificio situado en la calle de Lagasca, seis". La empresa asegura que se rescindió el contrato con él por "falta de entendimiento".

Amparo reconoce que desde el principio Beleyma negoció con ella para que se marchara. "Me ofrecieron un piso que valoraron en unos 600.000 euros", explica. "Pero no estaba libre de carga. Tenía que pagar el IVA, las escrituras... Y no tenía dinero para afrontar esos gastos", cuenta. Además, lo que más pesaba es que ella quería seguir trabajando, y al aceptar el piso renunciaba a su panadería y, por tanto, a su medio de vida.

Cámara asegura que es Amparo la que está usando "todas las herramientas en su mano" para hacerle la vida imposible. "Tuvimos una negociación larga con los abogados de esa señora. Les ofrecimos un ático de la promoción, de unos 900.000 euros, para que se marchara. Además, le ofrecimos la posibilidad de trasladarse, mientras se construía, al número 12 de la misma calle, donde alquilábamos un local, por lo que no iba a tener lucro cesante. También le ofrecimos acondicionarlo a su gusto y comprarle el stock de su tienda por 12.000 euros", explica.

Según Cámara, casi habían llegado a un acuerdo cuando entró en la negociación un cuñado del hijo de Amparo. "Este señor me dijo: 'Danos 1,5 millones de euros y dejamos de causaros problemas", cuenta. "Pero para un local de sólo 18 metros cuadrados cara al público y por el que pagan 180 euros mensuales, me parece desmesurado. Esta señora me está flagelando y tiene una actitud con la que pretende ir de víctima", afirmó desde Canarias.

Sobre las acusaciones que se hacen contra él por acoso, afirma que todo está archivado: "Y yo también puedo decir que esa señora manipula alimentos sin tener carné, y que no hay salida de incendios en el local".

El cuñado citado por él, Alfonso González, explica que cuando vio los términos de la negociación se dio cuenta de que era desfavorable para Amparo. "Él dice que es un ático, pero en realidad era un tercero, que vale menos. Además, la entrega de ese piso como indemnización iba a suponer que en la declaración del IRPF de ese año tendría que pagar el 45% a Hacienda, pues es un rendimiento irregular", agrega. "Un dinero que no tenía porque el piso no existe todavía".

González reclamó el expediente de la reforma del edificio. Ahí se dio cuenta, relata, de que la inmobiliaria había pedido licencia para hacer apartamentos de, como máximo, alrededor de 50 metros cuadrados, a excepción del ático, que tiene unos 60. Pero en los folletos de información a sus clientes ofrece pisos de hasta 110.

Eso se consigue, explica, creando dobles alturas en cada planta, que mide poco más de cuatro metros de altura. "Cuando fui al Ayuntamiento a ver los pisos, vi que eran ilegales, porque no se iban a poder escriturar los metros de las segundas alturas", añade.

González sostiene que el local del número 12 es de 20 metros y, por lo tanto, no podía obtener una licencia como panadería. En cuanto a la cifra que impuso en la negociación, 1,5 millones de euros, señala: "El negocio de la panadería produce unos ingresos cuantiosos. Además, Amparo tiene un contrato de por vida, por el local y su vivienda, más otros 10 años en los que se podría subrogar su hijo. Sólo alquilar otro local en el barrio de Salamanca cuesta unos 72.000 euros al año. Y, además, hay que tener en cuenta que la mitad de ese dinero se la llevaría Hacienda".