Estado de disociación

Con la aprobación por el Parlamento vasco del plan Ibarretxe se ha consumado una grave agresión a la convivencia ciudadana. El daño afecta a la armonía del Estado democrático que se había edificado sobre la Constitución y el Estatuto. Porque el pacto constitucional no tenía sólo por objeto la reconstrucción de la democracia; era además la expresión política de una armonía social, de la convivencia entre ciudadanos que no coinciden en sentimientos de pertenencia, en ideologías; era el pacto para la España plural y diversa, mediante la integración en esa sociedad común de ciudadanos de las diversas partes de España. Y también, con la construcción de un pueblo de ciudadanos se facilitaba la vertebración de cada una de las partes, que también son plurales y diversas. Utilizar para esos objetivos el pacto constitucional y estatutario suponía hacer concurrir voluntades diversas, mediante el procedimiento democrático más oportuno y más utilizado en las grandes opciones: el consenso o recurso a mayorías muy cualificadas. El plan Ibarretxe pretende la quiebra del consenso constitucional, sustituyéndolo por la afirmación de la voluntad de una parte de las que entonces consensuaron.

Si una parte cambia el pacto, volvemos estar con todo por negociar

Cuando desaparece la voluntad de pacto queda sustituida por la confrontación. Ésta impide, no sólo lo que todavía había que construir, sino que también quiebra lo que trabajosamente se había construido. No cabe, de pronto, afirmar que una parte de los vascos de la comunidad de Euskadi estén legitimados para alterar las competencias autonómicas y la integración en el Estado, ni aunque ello fuera por medio del paradójico argumento de que a ese resultado se llega por medio del simple voto mayoritario obtenido en uno de los parlamentos legitimados por la Constitución española que al mismo tiempo se niega. ¿O acaso cabría que, si la otra parte de los mismos vascos de la comunidad autónoma obtuviera en algún momento la mayoría en su Parlamento, pudiera decidir, por sí sola, bien la división de Euskadi, bien la desaparición de su autonomía? El razonamiento ad absurdum sólo sirve para mostrar lo disparatado de ciertas tesis -ahora la del plan Ibarretxe-, pero no nos ayuda demasiado en los debates políticos, por lo que no vamos a seguir por ese camino. Queda dejar sentado que no se puede impunemente declarar la ruptura de lo trabajosamente construido: tanto el orden constitucional como la comunidad vasca. Estas actitudes nos colocan a los que habíamos defendido las razones del pacto, que era una concordia política y que tenía además, como objetivo social, la vertebración de la sociedad, en la necesidad de reafirmar el acuerdo, en los mismos términos en que fue pactado, Constitución, Estatuto y aceptación por todos de las reglas de cambio establecidas. Porque si el nacionalismo cambia el acuerdo sin respetar las reglas de cambio, lo cambiaría en su totalidad, y ya no habría pacto constitucional, ni estatutario, y volveríamos al punto cero, en que todo estaría por negociar, si es que unos y otros quisiéramos negociar.

Para impedir esta destrucción política y para reconstruir nuestra nueva lucha por la autonomía, ahora contra el nacionalismo, se nos abren tres vías de argumentación. La primera nos lleva a la apelación al Derecho, en defensa de la Constitución y del Estatuto. El plan Ibarretxe es inconstitucional y por eso debe ser rechazado en las instancias políticas -las parlamentarias- y en las del control que corresponden al Tribunal Costitucional. (El plan Ibarretxe es inconstitucional -dicho en resumen- porque altera el reparto constitucional de competencias, porque no respeta las reglas constitucionales de transformación de la Constitución y del Estatuto y porque atenta contra los principios de solidaridad y de integración ciudadana).

La segunda vía de argumentación es la que nos lleva a denunciar el ataque que supone a los proyectos de convivencia, tanto social como institucional. Esto es, con independencia de la inconstitucionalidad de ese proyecto, el reproche adquiere ahora mayor trascendencia: el plan Ibarretxe, además de ilícito es malo porque rompe con el camino emprendido para lograr la integración de los vascos entre sí, para pasar de una sociedad definida por la etnia a una sociedad de ciudadanos, para conseguir el fortalecimiento de la adhesión voluntaria a un proyecto constitucional. Y si se rompe el consenso, esta ruptura tiene lugar desde una voluntad clara de desvinculación.

En el nacionalismo vasco se ha oscilado pendularmente entre secesionismo y autonomismo. En estas opciones han influido la razón y el sentimiento. Aun con un sentimiento secesionista era frecuente que la razón llevara a posiciones autonomistas. Pero el péndulo ha funcionado tanto racional como sentimentalmente. No todos los nacionalistas han sido sentimentalmente independentistas, ni lo han sido por igual en todo momento; y la opción racional también ha dividido a unos y otros, y de distinto modo en distinto momento. Añadamos otro factor de diversidad: es más frecuente un grado de secesionismo superior entre los militantes de los partidos nacionalistas que entre los simpatizantes y los votantes. Contando con estas oscilaciones, la situación creada por el amplio consenso de la Constitución y el Estatuto, en lugar de fortalecer las razones y los sentimientos de integración del nacionalismo, ha puesto en marcha de nuevo los de disgregación. Los poderes autonómicos, y su ocupación por el nacionalismo, han fortalecido la idea de que se está en casa propia y que los demás, el resto de los ciudadanos del Estado, incluidos los vascos no nacionalistas, o bien están en otra casa, o bien en precario en casa ajena.

El plan Ibarretxe está proyectado desde un sentimiento de rechazo a España, pero sobre los sentimientos no vamos a opinar; nos podemos limitar a lamentarlos, por lo que suponen de traba para la vertebración ciudadana. Pero, proyectado desde esa oscilación del péndulo, su contenido aparece todavía más expreso: no pretende que Euskadi se asocie con España sino que se disocie de la Constitución española. A Ibarretxe, a Eguibar, a Arzallus, a Atutxa, a Imaz, cabría preguntarles: ¿queréis disociaros o asociaros? Porque si en primer lugar planteáis la disociación de un pacto ampliamente consensuado, como es la Constitución, no podréis pretender que los demás, los que estamos en el consenso constitucional, veamos vuestra posición como algo distinto de una ruptura, que nos colocaría en un momento preconstitucional.

Esto nos lleva a la tercera vía de argumentación: la denuncia del plan desde un punto de vista dialéctico, esto es que, aunque quisiéramos prescindir de las otras batallas, la de denuncia de su inconstitucionalidad y la del atentado a las convivencias vasca y española, cabe también insistir en la trampa que implica su formulación: primero, se consiguen, en difícil acuerdo constitucional y estatutario, unos objetivos que como es razonable, no suponen en su totalidad lo que deseaban establecer los nacionalistas, pero tampoco los no nacionalistas, pues en eso consiste un pacto, que es siempre una cesión mutua. Pero luego los nacionalistas consideran que los logros del pacto constitucional-estatutario están consolidados y plantean el carácter obsoleto de la Constitución y del Estatuto, esto es, la ruptura del pacto, aunque no con el efecto lógico de volver al punto cero, el que existía antes de que se empezara a negociar, sino como un paso más a partir de lo antes establecido, que lo dan por definitivamente conseguido, aunque ahora lo denuncien. Por el contrario, quien denuncia el pacto debe estar a que la nueva negociación permita mantener la tesis de que la propia autonomía vasca pierda legalidad y legitimidad y que el debate se reabra. Ya no voy a hablar por boca de los que pudieran reivindicar fórmulas jacobinas -en principio tan dignas como otras- sino por boca nuestra, la de quienes mantenemos fórmulas federales pero que hemos tragado fórmulas nacionalistas que nunca nos habían convencido.

Por ejemplo, el importante capítulo de los símbolos aranistas incorporados al sistema político. Si he aceptado el término "Euskadi" y la bandera vasca ha sido sobre todo porque he pactado la Constitución y el Estatuto (aunque también porque, pronunciando ese nombre, junto al de España, y bajo esa ikurriña, junto a la bandera de la República, los vascos luchaban y morían contra el fascismo). Del himno no quiero saber nada.

El reparto constitucional-estatutario de competencias, el principio de subsidiariedad (en el que no creo, por ambiguo) y el de solidaridad, me llevarían a un modelo de Estatuto distinto del que aceptamos sólo porque lo pactamos. Y no estoy de acuerdo, como método dialéctico, con el que desde mi propio partido socialista se ha adoptado: elaborar un nuevo modelo de Estatuto en el que, para oponer a la discordia la concordia, camina hacia adelante en una autonomía que parte del reconocimiento de lo ya pactado. Si lo ya pactado se niega por una de las partes no podemos partir del pacto anterior sino de la formulación, sin brizna de nacionalismo, de nuestro propio modelo. Luego llegará, si llega, el momento de confirmar o de desarrollar el pacto.

José Ramón Recalde fue consejero socialista del Gobierno vasco.