Pacto de San Sebastián

El jefe de la oposición, Mariano Rajoy, y la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega emplearon palabras muy similares, tras la entrevista del primero con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para referirse a la carta abierta de Arnaldo Otegi al presidente del Gobierno: que Batasuna condene la violencia y ETA deje de matar, y luego ya se verá. La coincidencia sugiere un acuerdo implícito en no cerrar puertas del todo (esperar y ver), pero sin comprometerse. Ayer, en San Sebastián, Zapatero vino a decir lo mismo: que para que se escuche la voz de Otegi debe cesar la de ETA. La carta de Batasuna puede considerarse una versión algo más afinada de su planteamiento de Anoeta, en noviembre, con la diferencia de que la dirige a Zapatero; es decir, que el emplazamiento no es ya al resto del nacionalismo, sino al Gobierno socialista.

¿Por qué habrá dado este paso Otegi? Seguramente porque ha comprendido que lo que ahora más le urge, evitar la desaparición de su partido si no puede presentarse a las elecciones de mayo, no es algo que pueda conseguir el PNV, y ni siquiera es seguro que vaya a intentarlo. Tal vez haya también un factor psicológico: el rencor con que desde hace meses contempla la izquierda abertzale los movimientos del nacionalismo instalado para atraerse a los votantes de Batasuna al mismo tiempo que protesta por su ilegalización.

Pero si Otegi ha dado ese paso es también porque ahora, gracias a la ilegalización, existe la posibilidad de que los intereses del brazo armado (seguir en candelero) y los del brazo político no coincidan. Otegi no puede ignorar que ninguna oferta suya tendrá credibilidad, y ni siquiera será escuchada, mientras no vaya acompañada de un anuncio de retirada de ETA. Como cuando los jefes del Sinn Fein hicieron saber a Londres que el IRA quería dejar las armas definitivamente. Es decir: que ya no basta (después del experimento de Lizarra) con que Otegi diga que quiere la paz; hace falta que demuestre que es capaz de convencer a ETA de que abandone la violencia. Lo cual podría conseguir si se atrae el apoyo de los presos, mucho más numerosos que los activistas en libertad.

Mientras ETA no desista, su brazo político deberá seguir fuera de la legalidad. Y en esto hay acuerdo claro entre el PP y el PSOE. Incluso es posible que el entendimiento sobre esta cuestión favoreciese el alcanzado contra el plan Ibarretxe y por una concertación de cara a las reformas institucionales. Ese acuerdo ha sido mal recibido por los partidos nacionalistas, como era de esperar. Sin embargo, fueron los nacionalistas, o algunos nacionalistas, quienes más contribuyeron a que la opinión pública -cualquiera que sea el baremo para medirla: encuestas, opiniones en los medios, etcétera- presionara en favor de un acuerdo PP-PSOE frente a actitudes de las minorías nacionalistas percibidas como abusivas.

Frente a Ibarretxe en primer lugar, pero también en relación a desplantes de los aliados del Gobierno como el del anunciado y luego retirado boicot a la candidatura de Madrid para los Juegos Olímpicos. La irritación causada por tales desplantes dio alas a hipótesis nada deseables como un acuerdo PP-PSOE para modificar la ley electoral y reducir la capacidad de influencia de los nacionalistas en la política española. Cuando uno de los objetivos del sistema autonómico es precisamente favorecer la participación de los nacionalismos en las instituciones comunes.

Además, el principio de acuerdo PP-PSOE supone también la aceptación por parte del PP de la legitimidad del programa de reformas institucionales del PSOE. Lo cual no sólo es una garantía para que esas reformas, y en particular las de los Estatutos, prosperen, sino de que un eventual cambio de mayoría no implicará una rectificación o un intento de bloqueo del desarrollo de las nuevas competencias.

En su discurso de ayer en San Sebastián, seguramente el de más contenido desde que fue elegido presidente, Zapatero dejó claro que es posible aumentar los niveles de autogobierno si las reformas se hacen en el marco constitucional y con verdadera voluntad de consenso. Y para esto el entendimiento con el PP no sólo será "absolutamente conveniente", como dijo la vicepresidenta, sino, en la práctica, imprescindible.