Cataluña cierra un acuerdo para mejorar la competitividad con una inversión de 2.000 millones

Cambiar de modelo productivo para ganar competitividad y defenderse mejor en una economía globalizada le costará aproximadamente a las arcas públicas de Cataluña 2.015 millones de euros a lo largo de esta legislatura, según las estimaciones de la Consejería de Economía y Finanzas. Más de la mitad de esta cifra estimada (1.100 millones) corresponde a la construcción de cerca de 500 kilómetros de red de autovías libres de peaje, de los que 300 kilómetros son competencia de la Generalitat.

El cambio de modelo se plasma en el nuevo Acuerdo estratégico para la internacionalización, la calidad del empleo y la competitividad, que pudo cerrarse ayer después de 11 meses de negociaciones a tres bandas entre la Generalitat, los sindicatos y las patronales, en un proceso complementado por grupos de trabajo y varios expertos.

El acuerdo resultante consta de 86 medidas, muchas de las cuales se han cuantificado. Por ejemplo, la línea de financiación a largo plazo para las pequeñas y medianas empresas (pymes) por parte de la entidad de crédito público de la Generalitat, el ICF, que será de 600 millones de euros, o la creación del nuevo operador de telecomunicaciones catalán (151,21 millones de euros).

Ahora sólo queda la consulta a sus bases por parte de los sindicatos, la firma formal, en febrero, que apadrinará el presidente Pasqual Maragall y, por último, "lo más difícil", en palabras del consejero de Economía, Antoni Castells: "Hacer realidad el acuerdo".

De las 44 páginas del pacto se desprenden los intentos por conciliar el hincapié empresarial en la competitividad y el énfasis sindical en la cohesión social. "Es un acuerdo muy equilibrado", subrayó Andreu Morillas, secretario de Promoción Económica, quien se explayó en los mecanismos de concertación social que se pondrán en marcha. Patronales y sindicatos se han puesto de acuerdo, por ejemplo, en que debe existir un equilibrio negociado "entre la flexibilidad necesaria para la empresa y la seguridad y la estabilidad para los trabajadores".

El pacto también incluye, como querían los sindicatos, que antes de julio se intente complementar todas las pensiones mínimas para situarlas al menos en el 80% de un indicador de rentas propio de Cataluña, aún por definir.