El Consell y Figueres apuestan por recuperar el consenso en la AVL

"Hemos comenzado un año nuevo y siempre se dice que año nuevo, vida nueva". Ascensión Figueres, presidenta de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, optó por el refranero para superar el conflicto creado por la irrupción del consejero de Cultura en el pleno de la institución que debía votar un informe sobre la denominación del idioma. Esteban González Pons, portavoz del Consell, aseguró que el Gobierno "hará y hace todos los esfuerzos" para restituir el consenso.

Figueres acudió a las Cortes Valencianas para expresar la posición de la AVL en torno a la posible reforma del Estatuto de Autonomía. Después de su comparecencia, aseguró que "hay un buen clima" en el seno de la institución y que la junta de gobierno decidirá, el próximo martes, la posibilidad de debatir el informe sobre la denominación de la lengua a la luz de los informes jurídicos correspondientes.

Figueres retiró del orden del día del pleno de la AVL la votación del informe ante las amenazas vertidas por el consejero de Cultura en nombre del presidente. Ayer, la presidenta de la AVL y militante del PP se limitó a comentar que la ley prevé la participación del presidente de la Generalitat, o del consejero en quien decida delegar, en el pleno de la institución.

González Pons, portavoz del Consell, hizo votos por restituir el consenso que imperó en la elaboración de la ley de creación de la AVL, pero reiteró que la denominación de la lengua "no es parte de ningún conflicto porque no puede serlo".

El PP considera que el Estatuto define la denominación del idioma y considera intocable ese punto.

Manuel Mata, portavoz de la ejecutiva del PSPV, confirmó que el PP ha trasladado a los socialistas su voluntad de llegar a un acuerdo, pero tal acuerdo pasaría "por presionar a los académicos, y eso es intolerable". Mata reiteró que la academia y sus integrantes son independientes, no están sujetos "a una disciplina partidaria" y deben trabajar sin intromisiones. El portavoz socialista exigió al Consell que admita el error del consejero de Cultura, permita trabajar a los académicos y admita que modificar o no un dictamen es responsabilidad exclusiva de los académicos.