Un nuevo vuelco a toda la educación

Empieza el nuevo año educativo con dos grandes reformas sobre la mesa del equipo de la ministra de Educación, María Jesús San Segundo, la de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) y la de la Ley Orgánica de Universidades (LOU). Tras nueve meses de Gobierno en los que el avance para perfilar y debatir estos cambios -prometidos reiteradamente por José Luis Rodríguez Zapatero antes de llegar al poder- ha sido lento y ha tenido escaso eco social, los socialistas empiezan 2005 con la aspiración de aprobar a finales de año las leyes con las que se dará de nuevo un vuelco a toda la educación española, desde la infantil a la Universidad, como ya hizo el PP en la pasada legislatura.

Será difícil que la ley universitaria esté lista para aplicarse antes del curso 2007-2008

El Consejo Escolar del Estado cuenta con un plazo de dos meses para emitir un informe

La gran repercusión que han tenido en la opinión pública los malos resultados de los alumnos españoles que reflejaba el Informe Pisa 2004 de la OCDE, hecho público el pasado mes, ha puesto en alerta al equipo de Educación. Ese informe ha hecho aumentar la expectación ante la reforma que prepara. Empieza 2005 sin que el Ejecutivo tenga listo el articulado de esta norma, según fuentes cercanas al ministerio. El texto debe presentarse para informe al Consejo Escolar del Estado y al Consejo de Estado antes de ser aprobado por el Consejo de Ministros.

Todo apunta a que será muy difícil que la nueva ley sobre la educación no universitaria esté lista para aplicarse antes del curso 2007-2008, según las mismas fuentes. Además, expertos internacionales, entre los que se encuentran los propios responsables en la OCDE del Informe Pisa han resaltado que los problemas de la educación no se resuelven sólo con medidas legislativas, aunque haya algunos casos ejemplares, como el de Polonia, donde se ha conseguido con una buena ley una mejora del sistema educativo apreciable en tan sólo dos años.

El ministerio ha decidido por lo tanto poner en marcha de forma paralela al desarrollo de la nueva ley diversos programas, de acuerdo con las comunidades autónomas, que empezarían a implantarse ya este año. El primero sobre el que Educación pretende llegar a un acuerdo con las autonomías (presumiblemente sería cofinanciado) está destinado a impulsar los apoyos a los centros educativos situados en zonas denominadas "de atención preferente". Se trata de colegios e institutos en los que está escolarizada una gran cantidad de alumnos con necesidades educativas especiales, es decir, con bajo rendimiento y motivación para el estudio o que precisan apoyos para alcanzar el nivel de conocimientos mínimo para su edad (como ocurre en las zonas con alta población inmigrante que no domina el castellano). Educación baraja además proponer a las comunidades otros programas, como dar refuerzos a todos los centros que lo necesiten para que alumnos de ESO que vayan peor, o iniciar los desdobles de algunas clases (como ya ha hecho el País Vasco) para dar una atención más individualizada en la ESO.

El Gobierno paralizó el pasado mayo durante dos años la aplicación de la LOCE, que ya se había iniciado en parte el curso pasado -se implantaron, por ejemplo, las repeticiones en la ESO con dos suspensos-. Han pasado siete meses y se le echa el tiempo encima.

El calendario de esta reforma para 2005 le viene prácticamente marcado de antemano al Ejecutivo. En el primer trimestre del año continuará el debate sobre los cambios -como anunció el ministerio hace unas semanas- en diferentes foros (con los sindicatos y otras organizaciones sociales) y Educación tiene previsto hacer el articulado en estos meses. Diversos colectivos (sindicatos, organizaciones de padres y expertos educativos) se han quejado del escaso plazo que el Gobierno está otorgando a este debate.

Justo cuando empiece el segundo trimestre del año (presumiblemente, a finales de marzo) el texto sería enviado al Consejo Escolar del Estado, que cuenta con un plazo de dos meses para analizar el texto y emitir un informe.

Que el Gobierno respete o no este plazo (ya que puede enviarlo también por trámite de urgencia) será sumamente importante. La actual presidenta de este consejo, Marta Mata, un personaje histórico en el mundo educativo, dimitió de su cargo como consejera en la pasada legislatura porque la ex ministra de Educación Pilar del Castillo envió el texto de la Ley de Calidad al Consejo Escolar del Estado por trámite de urgencia. Mata argumentó que se estaba hurtando a este organismo (en el que están representadas las principales organizaciones educativas españolas) el papel protagonista que le corresponde en el debate y análisis de una reforma de tal relevancia. Esto produjo un gran revuelo y contribuyó a incrementar las críticas a la Ley de Calidad y las quejas por el "escaso debate" con el que se pretendía sacar adelante aquella ley.

Si el ministerio respeta el plazo de dos meses, el informe del Consejo Escolar estaría listo a finales de mayo. El texto pasaría al Consejo de Estado que deberá contar con un mínimo de 15 días para emitir un informe, si es solicitado por trámite de urgencia. Ya a mitad de junio, el Gobierno podría enviar el anteproyecto al Consejo de Ministros para su aprobación y posteriormente al Congreso. Poco margen quedaría ya para el debate parlamentario antes del verano, por lo que es muy poco probable que el Congreso la apruebe definitivamente antes de fin de año.

Sin embargo, con estos tiempos sería prácticamente imposible que las editoriales tuvieran listos los nuevos libros de texto para que la nueva norma se aplicara en el siguiente curso, el 2006- 2007. Antes debe realizar y aprobar el Gobierno los decretos de desarrollo de la ley, entre los que se encuentra el que establece los contenidos mínimos de todas las asignaturas del sistema educativo. Y posteriormente, las comunidades autónomas tienen que aprobar la parte que les toca desarrollar de todos los contenidos (el 35% de cada materia y del horario en las que tienen una lengua oficial y el 45% en las que tienen dos). Sin todo esto aprobado, las editoriales no pueden redactar los libros. Deben tenerlos escritos e impresos en abril de 2006 para que los alumnos puedan tenerlos en septiembre. Fuentes próximas al ministerio aseguran que todo indica que difícilmente esta reforma pueda empezar a aplicarse antes del curso escolar 2007-2008. Es decir, el curso en que tendrán lugar las próximas elecciones generales.