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Tribuna:¿Cómo abordar el 'plan Ibarretxe'?
Tribuna
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¿Cosas de Juanjo?

Cuando Xabier Arzalluz soltaba alguna de sus desmesuras características, en los medios nacionalistas se comentaba: "cosas de Xabier". Quienes lo decían ante extraños daban a entender que también a ellos les daba un poco de vergüenza que se dijeran algunas cosas; o que querían dar la sensación de que les daba.

Las "cosas de Xabier" eran, en definitiva, las viejas cosas del nacionalismo: Ellos y nosotros es el título de un artículo de Sabino Arana, y, aun cuando ya no es de buen tono hablar de maketos, la distinción entre "ellos y nosotros" sigue presente en unos planteamientos que parten de que hay "vascos-vascos" y "meros ciudadanos vascos". Con la breve excepción de los primeros años que siguieron a la firma del Acuerdo de Ajuria Enea, la política nacionalista se ha orientado a buscar la recomposición de la familia patriota, y a ello ha dedicado especial empeño desde el secuestro y asesinato del concejal de Ermua Miguel Ángel Blanco, primero con el pacto de Estella-Lizarra, nacido de un acuerdo formal con ETA, y luego con el plan Ibarretxe.

Si no encuentran resistencias, los nacionalistas proseguirán su escalada de rupturas
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El proyecto del 'lehendakari', ahora

La Propuesta ignora la Constitución y, sin mayores problemas, la modifica en lo que afecte a Euskadi. La más estupenda manifestación de la broma es la enmienda de Ezker Batua-Izquierda Unida pretendiendo que el nombramiento del lehendakari no lo realizará el Rey, sino el presidente de la República Federal Española. Por lo que toca al procedimiento de aprobación, Juan José Ibarretxe, sin arredrarse por carecer de competencia para ello, ha indicado que someterá a referéndum el texto si las Cortes no lo aprueban en el plazo de seis meses. Quien decide es el Pueblo Vasco y, por eso, él no aceptará que el Parlamento español rechace lo que ha aprobado el vasco.

En tal contexto, se ha planteado si el Gobierno ha de permitir o no que continúe la tramitación de la Propuesta. Las razones aducidas por el TC en su auto de 20 de abril de 2004 para no admitir a trámite la impugnación del Gobierno contra la tan citada Propuesta, se mantienen ahora: sigue tratándose de un texto en tramitación, y no de una norma. Por otra parte, no se consigue ninguna ventaja política demorando el proceso o dejando que el Tribunal resuelva lo que tienen que resolver otros.

El procedimiento a seguir está regulado por Resolución de la presidencia del Congreso de los Diputados, de 16 de marzo de 1993. A los efectos que aquí importan, la Mesa del Congreso ha de valorar si la propuesta cumple los requisitos constitucionales y estatutarios establecidos y, si así lo estima, se somete a debate y votación de totalidad. La Mesa se limita a analizar si se cumplen los requisitos formales, por lo que no puede entrar en otro tipo de valoraciones y tiene que trasladar el texto al pleno para el debate sobre la toma en consideración. El pleno se inicia con la defensa de la Propuesta por una delegación del Parlamento vasco, a la que siguen las de los grupos parlamentarios. Tras ello se votará a la totalidad y, una vez producido el esperable rechazo, acabará la historia parlamentaria de la Propuesta de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi.

Pero su fantasma seguirá persiguiéndonos. Primero, porque hay elecciones autonómicas en mayo y, sobre todo, porque el lehendakari intentará convocar una consulta sobre el tema. El seguro recurso del Gobierno ante el Tribunal Constitucional suspenderá la convocatoria, pero nada garantiza que ésta no se realice. Las hipótesis que pueden abrirse a partir de ese momento son muchas, unas peores que otras, aunque ninguna tranquilizante; y quiero creer que no se intentará impedir con la fuerza pública la celebración de un plebiscito convocado al margen de la ley y sin ninguna garantía de limpieza. En todo caso, el resultado previsible será un fortalecimiento de la comunidad nacionalista vasca en torno a concepciones que impedirán indefinidamente el mínimo acuerdo de convivencia política dentro del País Vasco, y de Euskadi con el resto de España. La frustración ante lo que será presentado como nuevo ataque de España favorecerá el rearme ideológico (y, previsiblemente, el otro) de ETA.

La irresponsabilidad de los nacionalistas al entrar tan alegremente, con el inestimable apoyo de EB-IU, en este berenjenal es, obviamente, la causa de lo que venga a partir de ahora. Es posible que hayan creído que, como siempre, los partidos de "Madrid" acabarán dando casi todo lo que se pide porque hay que acabar con el "problema vasco". Esta vez, sin embargo, parece que se han pasado, y ello puede contribuir a que PSOE y PP se pongan de acuerdo al menos en esto: que las demandas abertzales no se frenan con concesiones intermedias; que si no encuentran resistencias, los nacionalistas se sentirán invitados a proseguir su escalada de sucesivas rupturas unilaterales, caiga quien caiga. Los partidos mayoritarios no pueden convertir sus divergencias sobre cómo frenar el plan en motivo para no frenarlo. Deben hacerlo en defensa propia, y de cuantos tememos que un día, al levantarnos, veamos una tierra que ya no sea la nuestra.

Es cierto que nada estará dicho hasta que se celebren las elecciones de mayo, pero se agradecería que los partidos no esperaran hasta entonces y acordaran cómo explicar, también a los electores nacionalistas, adónde puede llevarnos el partido-guía. Por de pronto, buena parte de los vascos tiene miedo, y quien esto firma ya ha empezado a notarlo incluso en alguno de los que llevaban años diciendo que "no pasa nada". Que sólo eran "cosas de Juanjo".

Javier Corcuera es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco

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