El polémico informe

El informe remitido por la comisión de expertos a la ministra Carmen Calvo tiene 68 páginas y se divide en cuatro secciones. La primera detalla los antecedentes históricos de la situación. La firman Juan Pablo Fusi, Borja de Riquer, Julio Valdeón, Eugenio García Zarza y Edward Malefakis. La documentación que ahora se reclama se incautó en 1939 y fue trasladada a Salamanca, al depósito de la Delegación del Estado para la Recuperación de Documentación que tenía como misión fundamental facilitar la represión. Algunos papeles fueron destruidos y otros salieron del archivo, por ejemplo, para servir de pruebas en la Causa General instruida por la Fiscalía del Tribunal Supremo en los años cuarenta.

La segunda ofrece una perspectiva archivística. Rosa López Alonso, que redactó esta sección junto a Pedro González García, Angels Bernal y José Ramón Cruz Mundet, explica que "se nos pidió que fuéramos breves y eso hicimos". En 15 puntos (tres páginas) valoran los antecedentes de la cuestión y recuerdan que el principio fundamental de la archivística es el "principio de procedencia" que vincula los documentos con "las personas físicas o jurídicas que los generaron y acumularon en el ejercicio de sus funciones". También se detallan las facilidades que ofrecen las nuevas tecnologías de la información para resolver los problemas técnicos de la devolución y se termina con una propuesta de actuación.

La cuestión jurídica

La tercera parte del informe, el apartado jurídico, provocó la polémica. No tanto por su contenido, sobre el que no se ha escuchado ninguna queja, como por la forma en que fue presentado. García Zarza comenta que no hubo oportunidad de leerla, mientras que Mayor Zaragoza asegura que ofreció la posibilidad de continuar la reunión unos días después, pero no obtuvo respuesta. Sea como fuere, el informe jurídico viene a decir que la Generalitat ha ejercido su derecho a reivindicar los bienes muebles incautados en tiempo y forma. El profesor Tomás de la Quadra-Salcedo, que redactó esta sección junto con Pedro Cruz Villalón y Josep Cruanyes pide calma y "que se lea el informe antes de hablar".

La última parte, las conclusiones, aconsejan la devolución de las 507 cajas de la Generalitat y proponen que se cree un gran centro documental de la Guerra Civil y de la represión franquista en Salamanca. En la página web de la Confederación de Asociaciones de Archiveros, Bibliotecarios, Museólogos y Documentalistas (www.anadab.org) puede encontrarse una versión prácticamente definitiva del informe.