'Plan Ibarretxe': ganar y perder

La Constitución de 1978 es un documento con el que los socialistas españoles nos sentimos profundamente identificados. Frente a quienes recelaron de la misma considerándola en sus inicios como un instrumento para la ruptura de la unidad de España, los socialista españoles seguimos pensando lo mismo del documento fundacional de la actual democracia española. Esa Constitución es la que nos ha permitido dotarnos de un Estado descentralizado, compuesto y diverso.

Muchos de los que apoyamos la descentralización y el reconocimiento de determinados hechos diferenciales lo hicimos por dos razones fundamentales: porque creíamos y creemos que el funcionamiento de un Estado descentralizado resulta más eficaz para los intereses de los españoles, y más igualitario, y porque estábamos convencidos de que todos, desde posiciones descentralizadoras e identitarias, nos comprometíamos a realizar políticas tendentes a fortalecer las partes para fortalecer el conjunto y viceversa.

Si se convoca el referéndum, habría que retirar la competencia de policía autonómica

Hora es de que los nacionalistas sepan que el juego tiene riesgos, que pueden perder

Cuando hoy, desde posiciones nacionalistas, se pretende abandonar la lealtad de partida, pretendiendo fortalecer algunas de las partes del Estado a costa de debilitar el conjunto, quienes seguimos apostando por un Estado al estilo del diseñado por la Constitución tenemos la legitimidad suficiente para afrontar este desafío con los siguientes principios:

1. Somos partidarios de emprender determinados cambios constitucionales que permitan ajustar la visión centralista de España a la visión descentralizada. En concreto, los cambios anunciados por el PSOE en su programa electoral y de gobierno.

2. No debemos rechazar las propuestas de reformas de Estatutos de Autonomía para adaptarlos a esa nueva visión. Pero no se debe votar, desde posiciones socialistas, en ninguna instancia, ninguna reforma que no incluya en su articulado el reconocimiento y acatamiento de que la soberanía nacional es indivisible y reside en el conjunto de los ciudadanos españoles.

3. Cuando desde un territorio español se pretende iniciar un proceso negociador que conduzca al sí o al sí, que no es más que lo que propone Ibarretxe, no podemos consentir que el esfuerzo de 26 años se vaya al garete por la irresponsabilidad de quienes, como los nacionalistas vascos, se han metido en un túnel que no tiene salida, pretendiendo que los demás le acompañemos por el camino que no va a ninguna parte. Alguien, desde luego el Gobierno, pero también el principal partido de la oposición, debe hacer saber al lehendakari que la pretensión del cambio de relaciones al que juega, como todo juego, tiene las ventajas de lo que se puede ganar, y el riesgo de lo que se puede perder. Puesto que las reglas del juego que todos hemos aceptado pretenden ser rotas unilateralmente por el Parlamento vasco, el Parlamento español debe aceptar examinar el texto que se envíe y devolverlo al Parlamento vasco para que se corrija en las formas, ya que las reformas constitucionales no se pueden abordar desde la reforma unilateral de una Cámara autonómica. Y cuantas veces se rompan las reglas, tantas veces el Congreso de los Diputados deberá devolver el texto para su adaptación formal.

Es cierto que con esa metodología, los nacionalistas no pierden nada, porque siempre tendrán el plan Ibarretxe como meta para afrontar una campaña electoral con ciertas garantías de éxito. Pero los partidos que aceptamos la Constitución y las reglas que impone la misma deberemos hacer saber al conjunto de la ciudadanía vasca qué pueden perder en esta apuesta del lehendakari. Sin ánimo de ser exhaustivo, tres circunstancias marcarían el desarrollo de los acontecimientos:

1. Álava tomaría el camino de su propia autonomía elaborando su propio Estatuto de Autonomía, siendo apoyado en su elaboración, tramitación y aprobación por el PSOE y por el PP.

2. La Comunidad Foral Navarra iniciaría los trámites previstos en su Estatuto de Autonomía que condujeran al pronunciamiento definitivo de la población de Navarra en contra de una eventual incorporación al proyecto diseñado en el plan Ibarretxe.

3. El Gobierno de España retiraría la competencia en materia de policía autónoma al Gobierno vasco en el supuesto de que dicho Gobierno decidiera acometer en solitario e ilegalmente un referéndum que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la policía autónoma vasca, que pasaría a depender de las Diputaciones forales o del Ministerio del Interior, tendrían la obligación de impedir. Los nacionalistas siempre han sabido que sus cartas les eran favorables, porque cualquiera que fuera la propuesta, siempre salían ganando. Hora es de que sepan que el juego tiene riesgos, que también se puede perder y que si pretenden saltarse las reglas, seguro que perderán. Ésa es la responsabilidad del lehendakari y debe asumir esa responsabilidad. No hay que terminar a tortas, sencillamente hay que terminar con los juegos fraudulentos donde siempre ganan los mismos.

Juan Carlos Rodríguez Ibarra es presidente de la Junta de Extremadura y secretario general del PSOE extremeño.