Nuevas estrategias para una política científica y tecnológica

La ciencia y la tecnología viven en España momentos de gran expectación. Existe un acuerdo social muy amplio sobre su importancia. Tenemos bien identificado nuestro potencial y nuestras necesidades de cambio. Los investigadores esperan que se apuntale el mucho trabajo ya hecho y se apoye decididamente la actividad científica. Los empresarios confían en que las insuficiencias del sistema de apoyo al desarrollo y a la innovación empresarial se corrijan. Las muchas organizaciones que articulan el sistema, desde las Universidades a los centros tecnológicos, están pendientes de poder jugar su papel en lo que se percibe como un futuro inmediato de grandes oportunidades. Todos aguardan con cierta impaciencia, que viene siendo manifestada por voces autorizadas.

Es hora de demostrar que hemos dedicado tiempo, energías e imaginación al diseño de nuevos enfoques, de estrategias concretas y de programas específicos para responder a estos retos. Disponemos de presupuestos claros y de convocatorias definidas para poder hacerlo.

Como punto de partida, debemos reconocer la diversidad institucional de nuestro país, en general, y de las organizaciones interesadas en la generación y el empleo de la ciencia y la tecnología. Nuestras comunidades autónomas tienen múltiples competencias, nuestras universidades amplia autonomía, nuestros organismos públicos de investigación muchas finalidades, nuestras empresas son muy diversas, y todas ellas se relacionan a través de una gran variedad de instrumentos creados al efecto, como los parques, los centros tecnológicos, las oficinas de transferencia de conocimiento, las fundaciones y consorcios cuya finalidad última es fortalecer la actividad científica y la transferencia de sus hallazgos hasta los niveles productivos. Esta diversidad es una riqueza, fruto de una concepción no homogeneizadora del Estado y respuesta a la propia variedad de opciones y necesidades que plantean los procesos, nada lineales, de generación y difusión del saber. Reconocer esta diversidad es un punto de partida. Necesitamos generar confianza mutua entre todos estos actores, concertarlos en torno a programas concretos de actuación, y planes de futuro, haciendo de esta necesidad una fuente de nueva energía y vertebración. Con este fin, describiré a título ilustrativo algunas actuaciones que vamos a poner en marcha desde Enero. Aunque sólo son ejemplos, deberían reflejar el tono general y el carácter innovador de nuestras propuestas.

La primera actuación está destinada a incentivar la creación de puestos de trabajo estables para personas con perfil investigador. El MEC, a través de la Dirección General de Investigación, cubrirá los costes salariales de los primeros tres años a cualquier institución sin ánimo de lucro y con vocación investigadora que haya proporcionado un puesto de trabajo estable a personas con una probada trayectoria y capacidad investigadora. Es un primer instrumento, no el único, que pondremos al servicio del desarrollo de una carrera investigadora, y para generar condiciones de absorción de la gran riqueza que suponen, para nuestro sistema, los investigadores jóvenes. Entre ellos se cuentan, los beneficiarios del programa Ramón y Cajal, y muchos otros profesionales con perfil investigador, dentro y fuera de España. La rápida puesta en marcha del programa debería acelerar el proceso de creación de oportunidades, y resolver en gran medida las situaciones personales de quienes hoy se mueven en la incertidumbre. Abrimos así una nueva forma de abordar, entre todos los agentes en cuyas manos está la definición de carreras investigadoras, la solución, necesariamente compleja, al reto de incrementar nuestro personal de manera acelerada, pero ordenada, en los próximos años. No prejuzgamos, a través de este programa, si las carreras deben basarse en contratos laborales o en puestos funcionariales; si los investigadores deben incorporarse a universidades, hospitales, fundaciones, consorcios, institutos u otros tipos de centros. Cada comunidad tiene sobre esto políticas propias, cada centro sus peculiaridades y todos ellos harán bien afrontando el reto desde sus propias estrategias. Por ello, la convocatoria se concretará mediante convenios entre el MEC, cada una de las comunidades autónomas interesadas y las instituciones dentro de ellas que sean potenciales contratantes.

Una segunda convocatoria importante de la Dirección General de Investigación es la de proyectos de investigación, cuyo presupuesto pasará de 278 a 330 millones de euros. Parte de este aumento se dedicará a dotar mejor los proyectos, y otra al incremento de la financiación de costes indirectos, que hasta ahora se fijaba en el 15% de lo que reciben los investigadores, y pasa al 19%. Seguimos trabajando en otra gran asignatura pendiente, la de la simplificación de procedimientos, pero ahí nos enfrentamos con una pesada herencia de la administración anterior, que generó una ley de subvenciones, totalmente alejada de la realidad de la ciencia: estamos en camino de acabar con sus efectos nocivos, pero llevará un tiempo.

Volvamos a novedades absolutas. Vamos a iniciar un programa, basado de nuevo en la concertación, para planificar la construcción y explotación de instalaciones singulares. Con esta denominación nos referimos a cualquier proyecto de largo alcance que permita servir, desde un emplazamiento concreto, a colectivos científicos amplios. La Dirección General de Política Tecnológica impulsará tales proyectos, en colaboración con CCAA, OPIs y también con empresas que encuentren en ellos la posibilidad de abrirse al mercado de altas tecnologías. Esta misma dirección iniciará una nueva política de apoyo a parques científicos y tecnológicos, que den impulso a la ciencia en un contexto que se ocupe también de transferir conocimiento.

Espero que estos ejemplos demuestren reflexión y señalen buenas direcciones, aunque no sean descripciones exhaustivas de nuestras políticas. Han quedado por tratar grandes temas, como las características de una futura agencia de financiación, la definición definitiva de una carrera científica en España o el alcance de nuevos mecanismos, además de los ya apuntados, para mejorar la conexión entre ciencia y empresa en España. También sobre ellos tenemos vías de respuesta, que espero ir exponiendo. Sin duda, con el actual presupuesto podemos operar con energía en el 2005, generar proyectos ambiciosos cuya realización justifique seguir aumentando las dotaciones para ciencia y tecnología para años sucesivos.

Hace ya veinte años tuve el honor de ser designado por el Congreso como miembro del Consejo de Universidades. Uno de mis más preciados recuerdos de aquella época son las muchas horas que pasé al lado de Don Francisco Grande Cobián, ya entonces profesor emérito de la Universidad de Zaragoza. En muchas ocasiones, y en mitad de cualquier debate abracadabrante sobre las miserias de nuestra ciencia y las perspectivas de cambio, Don Francisco me comentaba: "mire Vd., Barberà, esto ya lo decía Don Santiago Ramón y Cajal en 1913...". Tenía razón. Los científicos, estemos donde estemos, siempre hablamos de lo mismo. Pero no decimos lo mismo. Siempre queremos avanzar. Pero no partimos del mismo punto. Siempre tenemos que explicar el interés de lo que hacemos. Pero no ante públicos igualmente receptivos. Cierto, debemos seguir reivindicando más y mejor para la ciencia y sus aplicaciones, pero sin olvidar los avances sobre los que construimos, ni que la sociedad nos observa cada vez con mayor interés y exigencia. Si le explicamos nuestros planes, sabrá apoyarlos.

Salvador Barberà es secretario general de Política Científica y Tecnológica